El director de Tlachinollan pide medidas cautelares para María de Jesús Pérez. También se habla de que el caso lo atraiga la FGR
Chilpancingo, Guerrero, 13 de mayo de 2025. La viuda del asesinado vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de Jesús Pérez García, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda avances en la investigación del caso y medidas cautelares para su familia.
Pérez García y Barrera Hernández se reunieron durante casi dos horas el mediodía de ayer en Casa Guerrero con la gobernadora, a iniciativa de ésta, según declaró el director de Tlachinollan al final de la reunión.
Barrera Hernández informó que la exigencia a la gobernadora Salgado Pineda fue que se garantice una investigación exhaustiva y que se esclarezca el móvil, pero sobre todo que se detenga a los responsables del asesinato de Suástegui.
Declaró que el asunto de justicia es lo que más interesa y preocupa a la familia, “por lo que representaba Marco”.
Derivado de ello, pidieron que se realice una investigación “especial” tomando en cuenta que fue un defensor de derechos humanos y del territorio, “alguien que estuvo amenazado y que sufrió varios momentos de riesgo tanto en Cacahuatepec como en la playa Icacos”.
El defensor de derechos humanos dijo que la petición a la gobernadora fue que en las investigaciones se tome en cuenta su trayectoria, “que no se realice una investigación común, sino que se tome en cuenta que fue un crimen artero que padeció un defensor”.
En la reunión pidieron también medidas de seguridad para la viuda de Marco Antonio, Pérez García y su familia “que quedó inerme y en una situación vulnerable”.
Pero aclaró que la manera más efectiva de proteger a la familia del finado dirigente, es investigar el crimen, que haya resultados y que se dé con los responsables, “y que se rompa el clima de impunidad que existe porque sabemos que cuando hay crímenes contra defensores y defensoras no se llega al fondo del asunto”.
Aunque aclaró que en la reunión no estuvo algún representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), “no se sabe que haya avances en la investigación”.
Cercanos a la familia de Suástegui Muñoz, denunciaron que a pesar de las circunstancias del asesinato, su viuda aún no contaba hasta ayer con medidas de seguridad.
Barrera Hernández dijo que ayer le plantearon eso a la gobernadora pero que les respondió que para ello “tienen que coordinarse con el gobierno federal porque es una medida cautelar dictada por el gobierno mexicano y éste, como instancia que se coordina con el gobierno estatal, va a dictar las medidas”.
Abel Barrera informó que la gobernadora se comprometió a “tratar” de que se impulse la investigación y que “va a tratar” de intervenir ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se implementen las medidas cautelares porque, dijo, “se requiere de la intervención del gobierno federal”.
Barrera Hernández, agregó que la gobernadora les prometió que también va a hablar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para saber qué avances hay en el caso.
Además, que se va a coordinar con el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para acordar las medidas de protección a la viuda y su familia.
Barrera Hernández informó que la gobernadora se comprometió, también, a proporcionarle apoyo económico a la familia de Suastegui Muñoz derivado de que después del asesinato del activista le robaron dos motos acuáticas y su familia quedó desamparada y está en riesgo de que su precario patrimonio se pierda.
También hubo el compromiso de la gobernadora de intervenir ante la Marina para que haya resguardo cerca de su domicilio ubicado en Icacos, en Acapulco.
Añadió que la gobernadora les pidió que se presenten las denuncias para que se investigue y se logre saber dónde están esas motos que le robaron.
Barrera Hernández informó que en la reunión también se planteó a la gobernadora su intervención para que el caso pueda atraerlo la Fiscalía General de la República (FGR).
“El planteamiento fue, primero, que se tiene que armar bien la Carpeta de Investigación para que se haga el planteamiento, porque faltan las declaraciones de varios testigos y primero debe haber una investigación especial para que pueda ser atraído por la FGR”, explicó.
En este sentido, Barrera Hernández informó que la gobernadora les dijo que pediría a la FGE que se acelere la investigación para conocer los resultados “y no sea que vaya a continuar la inercia de que siguen las investigaciones pero no hay responsables”.
Barrera Hernández informó que la gobernadora dio un trato afable a la viuda y que recordó momentos de cuando era niña y convivían entre sus familias. Sin embargo, Barrera Hernández dijo que más allá de la amistad “lo que requiere ahorita la familia es que esa amistad se refleje en resultaos en la investigación y se detenga a los responsables”.
Informó que la reunión fue a petición de la familia de Marco Antonio, derivado de que se siente muy sola y no ven garantías de seguridad y su estancia en Acapulco está muy riesgosa.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
