De esta manera, para la primera semana de marzo la Cámara de Diputados estará en condiciones de aprobar el dictamen y que se consiga en el Pleno el requisito de las dos terceras partes de los votos, explica Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso, está dispuesto a negociar y lograr un acuerdo con la oposición en torno a la reforma eléctrica, aseguró Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y militante de ese partido.
En la víspera del inicio de los foros de debate en la materia, el morenista aseguró que están dispuestos a incorporar las propuestas de otros.
“Nos ponemos de acuerdo en la reforma constitucional o todo va a continuar igual, y eso no le conviene al país y no nos conviene a nadie, pensando en la seguridad energética en materia eléctrica. Garantizo que, más allá de lo que se pudiera pensar de procesos similares anteriores de parlamento abierto, en este caso, insisto, es una reforma constitucional que requiere, sí o sí, dos terceras partes de los votos.
“Tiene que haber consideraciones que externen otros, porque si no, no dan los votos, así que esa es una garantía mayúscula que va a haber la incorporación de opiniones que originalmente diferían y que para poder dar su voto van a condicionar a que esas aportaciones estén plasmadas”, apuntó el diputado por Tabasco.
Calculó que para la primera semana de marzo la Cámara de Diputados estará en condiciones de aprobar el dictamen de reforma constitucional y que se consiga en el pleno el requisito de las dos terceras partes de los votos, que Morena no tiene.
Si no hay acuerdo, dijo, todo continuará igual en el sector eléctrico y se corre el riesgo de que haya un incremento desmedido en las tarifas, lo que afectará no sólo al consumo doméstico, sino también a la industria y el comercio.
Agregó que con la apertura de los foros hoy lunes inicia un periodo intenso de análisis y debate, durante 19 sesiones, que concluyen el 15 de febrero, con tres modalidades diferentes: foros en las comisiones, en el Canal del Congreso y con mesas de debate dirigidas por la Junta de Coordinación Política.
“Todo el que quiera y tenga algo que aportar, éste va a ser el momento”, dijo sobre la participación de académicos, especialistas y empresarios que acudirán a los foros.
Manuel Rodríguez reconoció que hay puntos de vista opuestos sobre las consecuencias y bondades de la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Confió en que a partir de la apertura de diálogo entre el PAN y el Gobierno se alcancen los acuerdos para la reforma y se sumen todas las fuerzas políticas.
“Esperamos que no sea sólo el PAN, sino los demás grupos parlamentarios que no coinciden, se logren sumar, porque es un tema eminentemente técnico”, señaló.
¿El grupo de Morena está dispuesto a ceder en este tema que, como dice es técnico, pero está lleno de ideología?, se le preguntó.
“Estamos abiertos a dialogar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, y con todo el que pueda abonar a que podamos aprobar esta reforma y que sea lo mejor para todos los mexicanos.
“Estoy seguro de que lo que vamos a aprobar; al final, no va a ser tal como llegó la iniciativa, va a tener adiciones, algunas cosas en consideración de lo que opinen no sólo otros partidos, sino quienes concurran a los foros de parlamento abierto, y esto nos permitirá estar de acuerdo la gran mayoría de todos”, indicó.
PAN, PRI y PRD piden cntroversia por decretazo de seguridad nacional en obras de AMLO
Con la representación de 200 diputados, las bancadas del PAN, PRI y PRD solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que presente ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que declara de interés público y seguridad nacional las obras públicas federales.
El llamado “decretazo” fue publicado el 22 de noviembre de 2021 y el próximo 19 de enero se vence el plazo para presentar la demanda de controversia constitucional.
El acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Los documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que el Gobierno habrá de obtener las autorizaciones definitivas.
Debido a la naturaleza del acuerdo, los coordinadores del PAN, Jorge Romero Herrera; del PRI, Rubén Moreira Valdez, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, valoraron que lo procedente es la controversia más que la figura de la acción de inconstitucionalidad.
En el Senado, la oposición hizo la misma petición a Olga Sánchez Cordero.
La presidenta de la Cámara alta se negó a promover la demanda, con el argumento de que era improcedente y no había agravio contra el Senado, por lo que fue criticada.
Texto: Agencia Reforma
