Magistrados y juzgadores eran citados a reuniones secretas en el edificio de Insurgentes Sur en la Cdmx. Ahí se les ofrecían promociones y en caso de oponerse eran víctimas de extorsión, detalla la investigación iniciada por el Poder Judicial de la Federación en contra del ex presidente de la Suprema Corte
Ciudad de México, 18 de abril de 2024. En la propia sede encargada de administrar el trabajo y vigilar la disciplina de los jueces ocurrían las presiones, amenazas y extorsiones.
Según la investigación que inició el Poder Judicial contra el ex ministro Arturo Zaldívar, jueces y magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, sin saber el motivo por el que habían sido citados.
Se sentaban en una sala de espera, donde todo el tiempo estaban presentes unos escoltas armados, y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del CJF, éste les pedía pasar a un cubículo semivacío.
Antes del encuentro con el funcionario, debían entregar sus celulares y dispositivos electrónicos. Por seguridad, incluso les revisaban sus bolsas y bolsillos.
Era la forma en que Alpízar operaba por instrucción del entonces presidente de la Corte, en favor del gobierno: ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión, una sentencia.
Por la buena, Alpízar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros del CJF, ratificaciones en el cargo, cursos en el extranjero y hasta dinero.
“Como dice Zaldívar, ‘favor con favor se paga’”, dice la denuncia.
Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones, con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo. Ni siquiera aquellos con el expediente limpio estaban a salvo; podían “sembrarles” quejas administrativas.
Los jueces Sandra Leticia Robledo Magaña, Julio Veredín Sena Velázquez, María Dolores Núñez Solorio, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, así como los hoy magistrados Adrián Rivera López y Rosa Montaño Martínez, son sólo algunos de los tantos que fueron citados al piso 14, aunque la mayoría de ellos rechazaron las presiones.
Reuniones en restaurantes caros y en un rancho
Algunas carreras judiciales de décadas fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían en la sede del CJF en Insurgentes Sur. Otros juzgadores se convirtieron en ejecutores de los mandatos del ministro, según la denuncia.
La denuncia anónima que indaga la Judicatura hace referencia a otro grupo de juzgadores con los que Carlos Antonio Alpízar Salazar trataba fuera de oficina, y entre ellos se encuentran algunos que resolvían sus asuntos como los dictaba la superioridad.
Esas reuniones tenían lugar en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpízar —aparentemente en el Estado de México—, para darles indicaciones sobre los casos relevantes que se tramitaban en la Ciudad de México y el Centro de Justicia del Penal del Altiplano.
“A estas reuniones acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labas-tida, Michele Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdova del Valle, Adrián Rivera, Iván Zeferín, Salvador Bravo, Rodrigo de Zulueta, Tania Méndez, entre otros”, relata.
La denuncia señala que aceptaron las presiones el juez Delgadillo, quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles; Zúñiga, quien la impuso a Emilio Lozoya y ordenó la aprehensión de Genaro García Luna; Zeferín, quien giró la captura de Francisco García Cabeza de Vaca y tramitó casos como el de Cruz Azul y Telra-Infonavit; y el magistrado Córdova, el que descongeló las cuentas de Sandra Ávila “La Reina del Pacífico”.
De acuerdo con el anónimo indagado por el CJF, Alpízar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las Secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional, bajo el pretexto de “sensibilizarlos”.
La denuncia señala que hubo un momento en el que Julio Scherer Ibarra, entonces consejero Jurídico de la Presidencia, ejerció directamente la coerción sobre los juzgadores.
La investigación exhibe presuntas presiones de Zaldívar por el AIFA
Magistrados federales fueron presionados por el ministro Zaldívar y su principal operador, Carlos Antonio Alpízar, para mantener la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y no frenar la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Conforme expedientes que forman parte de la investigación a Zaldívar, Alpízar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, amagó a los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo y Amparo Hernández Chong, aunque ninguno aceptó las presiones.
En represalia, a la magistrada Hernández Chong la removieron del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa -donde no llevaba ni un año- al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil en esta ciudad, a pesar de no tener experiencia en esta especialidad jurídica.
Con Camero fueron implacables. El magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa había adquirido notoriedad a principios del sexenio por su voto para suspender la construcción del AIFA, argumentando probables afectaciones al medio ambiente y la falta de consulta previa a comunidades indígenas.
Según la denuncia, a raíz de esa postura, a Camero le revivieron un procedimiento disciplinario que ya antes había sido resuelto, es decir, lo juzgaron dos veces por la misma conducta.
El 10 de octubre de 2019, Zaldívar anunció en rueda de prensa que Camero había sido suspendido para ser investigado como parte de una red de corrupción y al día siguiente, en su conferencia matutina, el presidente Andrés López Obrador dijo que al magistrado le habían detectado un depósito de 80 millones de pesos.
Así fue destruida la carrera judicial de más de 30 años del magistrado. Para Camero ya no hubo retorno, porque ocho meses después falleció de cáncer. Murió defenestrado.
Senadores del PAN buscarán juicio político contra Zaldívar
El PAN en el Senado informó que presentará una solicitud de juicio político en contra del ex ministro, Zaldívar, por utilizar ilegalmente su cargo cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El anuncio se da luego de que ayer Zaldívar indicó que emprendería una acción similar en contra de su sucesora, Norma Piña, por admitir una denuncia en su contra por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a empleados, jueces y magistrados.
“Informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes de los intereses del pueblo de México”, dijo la panista Kenia López.
Acompañada por legisladoras de su bancada, la senadora afirmó que a pesar de que Zaldívar renunció como ministro en noviembre pasado, aún puede ser objeto de investigación por parte del Congreso, ya que de acuerdo con el artículo 114 de la Constitución el juicio político puede presentarse dentro de un año después de haber dejado el encargo.
Xóchitl pide investigar las reuniones
Tras sostener que ha llegado la hora de “abrir la caja de Pandora”, Xóchitl Gálvez exigió que se abra una investigación a las reuniones secretas que operadores del ex ministro Zaldívar mantenían con jueces en el piso 14 de la sede del Consejo de la Judicatura Federal.
En entrevista, la abanderada opositora celebró que la ministra Norma Piña hubiese ordenado abrir pesquisas a Zaldívar y sus operadores.
“Esto es un tema que todos sabían pero que nadie se había atrevido a poner en la mesa. Qué bueno que la ministra Piña haga una investigación a fondo, porque de tanto que se quejaba el presidente de corrupción en el Poder Judicial, justo ellos representan la corrupción en el Poder Judicial”, afirmó.
Xóchitl reprobó que Zaldívar hubiese anunciado que impulsará un juicio político a la Ministra Piña.
Alito descarta acelerar la demanda de juicio político en contra de Norma Piña
El juicio político a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, esperará turno para su discusión, dijo el diputado del PRI, Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación, órgano que recibe y procesa las demandas que se presentan.
“Cualquier solicitud, cualquier tema que se presente, pues habremos de atenderlo en la Comisión como debe de ser, le daremos el trámite institucional y legal que marca.
“Muy sencillo, se atiende y se registra, llanamente, que llegue a la Comisión. Va a esperar su turno en el juicio. Así de sencillo, ahí vamos”, dijo Moreno Cárdenas sobre la demanda promovida por el ex ministro Arturo Zaldívar y la dirigencia de Morena.
En la Subcomisión hay más de 200 expedientes de anteriores Legislaturas y otras 40 de la actual, que siguen pendientes de discusión, luego de casi tres años de la Legislatura.
En tanto, los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero, respaldaron al ex ministro Arturo Zaldívar al asegurar que está en su derecho de solicitar juicio político en contra de Norma Piña.
“Es algo fuera de lo común”, dice Sheinbaum sobre la denuncia contra el ex ministro
La candidata presidencial Claudia Sheinbaum subrayó que la investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar es algo “fuera de lo común y más en medio de un proceso electoral”.
Pero la morenista no se quiso pronunciarse sobre el juicio político que promoverán Morena y sus aliados en el Congreso para tratar de llevar a juicio político a la presidenta de la Corte, Norma Piña.
Empaqueta la Corte denuncia contra Zaldívar en el mismo expediente del caso de Yasmin
La Suprema Corte de Justicia empaquetó la denuncia contra su ex presidente Arturo Zaldívar, en el mismo expediente en el que busca aclarar lo que debe hacer con las quejas por el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, entre otros casos.
Se trata de la consulta a trámite prevista en la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con número de expediente 1/2023, que fue turnada a principios del año pasado al ministro Juan Luis González Alcántara.
Dicho ministro tendrá que presentar al Pleno de la Corte un proyecto con la propuesta sobre la forma en que se deben tramitar estas denuncias, ya que no está claro en ley si el tribunal puede fincar responsabilidades administrativas en ambos casos.
La Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también informaron, en el boletín de hoy, que por orden de la presidenta Norma Piña se investigará de oficio la filtración del acuerdo que ella misma firmó el 9 de abril y en el que ordenó iniciar una investigación contra los colaboradores más cercanos de Zaldívar.
Texto: Agencia Reforma / Imagen tomada de X, @GinaCruzBC
