No hay pruebas de que la presencia de la Guardia Nacional del gobierno de López Obrador haya reducido la violencia, dice International Crisis Group. Hubo una baja de ésta debido a alianzas susceptibles a romperse, advierte. Algunos grupos se han apropiado de historias que los muestran como motivados por la necesidad de defenderse a sí mismos y a sus comunidades, observa. Disputan la producción, el tráfico de drogas y la extorsión
Acapulco, Guerrero, 6 de mayo de 2020. Hay al menos 40 grupos armados ilegales que luchan en Guerrero por distintas actividades criminales, entre ellas la producción, el tráfico de drogas y la extorsión, advierte la organización International Crisis Group.
Son veinte organizaciones criminales y un número similar de grupos de autodefensas que operan de la misma forma, señala el informe La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, publicado este lunes y que se encuentra disponible en la página web de la organización no gubernamental.
No hay pruebas que las políticas de Andrés Manuel López Obrador como la Guardia Nacional y programas sociales mitiguen por sí solas los conflictos violentos en Guerrero, concluye.
Con base en entrevistas a policías, activistas, y miembros de grupos armados no estatales, la organización no gubernamental sugiere que la actual reducción de violencia en la entidad se debe a alianzas susceptibles a romperse.
International Crisis Group explica que la violencia en este estado del sur del país, conocido por la Guerra Sucia de 1960 a 1980, repuntó después de que Arturo Beltrán Leyva fue asesinado por fuerzas armadas en diciembre de 2009, “lo que derivó en una autonomía mucho mayor de las unidades locales que conformaban su red y a que se avivara el conflicto violento. Primero, introdujo un número mayor al conflicto, con aproximadamente 40 grupos armados ilegales activos en Guerrero actualmente”.
Con base en datos abiertos, muestra “que al menos veinte organizaciones criminales afirman su control sobre porciones de territorio. Un número equivalente de grupos de autodefensas también están activos en el estado, y algunos han ganado una influencia política y social significativa en su propio territorio”.
Asegura que “las organizaciones criminales y algunos de los grupos de autodefensas de Guerrero no solo se parecen en sus orígenes, sino también en sus formas de operar. Algunas autodefensas usan el mismo tipo de armas que sus contrapartes criminales, entrenan células para hacer cumplir sus órdenes, contratan a ex militares y emplean tácticas de batalla similares. También han desplegado la violencia con fines de propaganda, incluido el desmembramiento de cuerpos de enemigos en cámara para su publicación en redes sociales”.
Agrega que “muchos grupos armados ilegales en Guerrero, y ya no solo las autodefensas, se han apropiado de historias que los muestran como motivados principalmente por la necesidad de defenderse a sí mismos y a sus comunidades del ataque externo o la subversión interna”.
Abunda que “la actual generación de autodefensas se ha convertido en meta-organizaciones, conformadas por muchos grupos más pequeños que tienen presencia en cientos de comunidades y al mando de miles de miembros armados”, y han adquirido “un alcance operativo y una sofisticación estratégica que supera la de la mayoría de los grupos criminales”.
Indica que “en el pasado, un aparato estatal relativamente cohesivo logró acuerdos duraderos con algunos grupos criminales; hoy, en Guerrero y otros estados de México se dan múltiples vínculos entre el Estado y la delincuencia. Las raíces de esta transformación se encuentran en la fragmentación del crimen organizado, junto con un fenómeno paralelo en el Estado, en el que la competencia partidista y la alternancia en el gobierno dificultan la estabilidad de los lazos entre el Estado y el crimen”.
Critica que López Obrador creó la Guardia Nacional, a pesar de haber anunciado un cambio en el enfoque a la inseguridad, política que no se ha traducido en una reducción de la violencia.
Informa que un total de dos mil 500 oficiales de la Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero a mediados del 2019, y el gobernador del estado Héctor Astudillo “destacó el papel de las Fuerzas Armadas en una reducción del 28 por ciento en los homicidios del 2018 al 2019. Pero ni las instituciones de seguridad mexicanas, ni el gobierno del estado de Guerrero han señalado enfoques u operaciones novedosas como el origen de la disminución. Fuentes criminales en el área fronteriza Guerrero-Michoacán indican que “la presencia [de la Guardia Nacional] no ha hecho ninguna diferencia” para detener sus enfrentamientos”.
Cita a líderes de grupos armados y observadores locales que “sugirieron que la creación de nuevas alianzas explica la reducción de la violencia, y que esta podría durar poco por ser susceptibles a rupturas continuas”.
Advierte que los arreglos entre criminales y políticos van a continuar en la entidad “a medida que se acercan las elecciones estatales de 2021”, según un operador político entrevistado.
International Crisis Group también lamenta que los programas de la federación como Jóvenes Construyendo el Futuro “no forman parte de un marco estratégico más amplio para la mitigación de conflictos. No está claro cómo los programas apoyarán los esfuerzos policiacos y de prevención del delito existentes”.
“Guerrero ilustra cómo las nuevas políticas de López Obrador por sí solas resultan insuficientes para mitigar conflictos violentos”, sentencia.
Otros factores que explican la violencia en la entidad es la corrupción que presenta uno de los niveles más altos en México y el grado más bajo de adhesión al Estado de derecho, detalla.
Explicita que las malas condiciones laborales de los policías “los hacen particularmente vulnerables a la corrupción. En general, desde el 2014 hasta el 2018, 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, se registraron en Guerrero, más que en cualquier otro lugar del país”.
Recuerda que “las investigaciones judiciales llevadas a cabo después de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de escuela normal rural de Ayotzinapa indican que la línea que separa a los grupos estatales y armados en Guerrero es mínima o inexistente”.
Además la tasa de impunidad de homicidios es de 96 por ciento, la de probabilidad de que las autoridades resuelvan determinado delito es de 0.2 por ciento, precisa.
A pesar de las actividades de grupos de víctimas que visibilizan la realidad, los grupos criminales imponen el silencio, como lo ejemplifica el asesinato de cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en 2019 y 24 periodistas desde el 2000, el último Víctor Fernando Álvarez en abril pasado en Acapulco.
Diferencia que “la criminalidad depredadora es peor en áreas rurales como la Tierra Caliente, que limita con Michoacán. Lo que ocurre en estas áreas se mantiene en gran medida a puerta cerrada, ya que los delincuentes intimidan a los medios, imponiendo un tipo de autocensura con violencia física o la amenaza de esta”.
International Crisis Group, que hace investigaciones sobre terreno en “países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos”, recomienda medidas a corto plazo como el despliegue de la Guardia Nacional en el municipio de Leonardo Bravo para salvar vidas. A mediano plazo demanda garantizar la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública y la legalización de la mariguana y, por último, pide que el gobierno federal fomente la mediación de conflictos con la ayuda de la Iglesia católica y aplique medidas de justicia transicional, como la amnistía para productores de amapola.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Lenin Ocampo Torres-Archivo
