Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.- En una sentencia sobre la desaparición del campesino y líder social Rosendo Radilla Pacheco cometida por efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974, la jueza Karla María Macías Lovera, del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, calificó como terrorismo de Estado el ataque a la población en la década de 1970 para exterminar a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, y ordenó que se enjuicie a todos los involucrados, lo que incluye a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El abogado Humberto Guerrero, de Fundar, organización que acompaña a Tita Radilla en la búsqueda de su padre Rosendo Radilla, informó en entrevista en la Glorieta de las y los Desaparecidos, que implica que se debe de castigar a los responsables como terroristas, y afirmó que si este gobierno es congruente, aceptará la sentencia que también ordena la búsqueda del líder campesino, sin apelar.
Aunque el abogado no quiso decir nombres, ya se menciona públicamente el del general de división Enrique Cervantes Aguirre, quien fue comandante de la 27 Zona Militar, que corresponde a las costas y sierra de Guerrero, en los años 70, cuando el Ejército desarrolló la estrategia de guerra sucia contra las guerrillas en el estado, y fue secretario de la Defensa Nacional con el presidente Ernesto Zedillo, y ahora es asesor del secretario, Luis Cresencio Sandoval.
Mientras que Tita Radilla dijo que los familiares de las víctimas de desaparición forzada, “tenemos la esperanza de que con la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el Estado retome ese compromiso de esclarecer estos hechos para la tranquilidad de las familia, porque ya somos miles de familias, éramos cientos de familias cuando se los llevaron pero nuestros hijos y nuestros nietos han crecido y tienen su propia familia, somos muchas más familias en búsqueda”.
Humberto Guerrero expuso que la sentencia de la jueza, publicada el pasado 16 de agosto, es muy clara en establecer que “también es posible sancionar a aquellas personas en los más altos niveles de autoridad, que muchas veces diseñan las políticas, que aunque no den órdenes expresas de cometer desapariciones o torturar, con que hayan diseñado esta estrategia para acabar con la guerrilla mediante el ataque a la población civil”.
La protección al Ejército ha impedido que se haga justicia en los casos de desaparición de la década de 1970, y es necesario que entregue la información que tiene.
El abogado explicó que las implicaciones políticas de que se catalogue como terrorismo de Estado es significativo, porque por primera vez una instancia judicial, “reconoce que lo que durante décadas llamamos guerra sucia fue un plan de terrorismo de Estado, porque ya no es sólo un grupo de académicos o de activistas quienes reivindican el término, es una instancia oficial”.
“Las implicaciones jurídicas son que el delito de terrorismo puede ser aplicado a los responsables de las torturas, las detenciones, las desapariciones en lugares como Atoyac de Álvarez en donde la población fue víctima de esta estrategia de terror. En lo jurídico penal no sólo se les va a acusar por desaparición, que ya es muy grave”.
En cuanto a quién deberá ser castigado al respecto, dijo que “una de las cosas relevantes que dice la jueza, es que esto implica a toda la cadena de mando de personas que participaron, la participación no es solamente directa, sino que puede ser indirecta, desde las personas que planificaron todo esto, las que dieron las órdenes o quienes dicen ‘yo no supe nada’ pero tienen la responsabilidad de saber qué están haciendo sus subordinados, y reprimir sus conductas delictivas”.
–¿Aún hay a quién castigar, después de 50 años de la desaparición de Rosendo?–, se le preguntó.
–Tenemos nombres, preferimos no ventilar los nombres porque no sabemos si la Fiscalía va a impugnar la resolución.
–Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre Radilla que no se ha cumplido, ¿hay posibilidades de que se cumpla ésta?
–Esta sentencia fortalece lo dicho por la Corte Interamericana, y le va a ayudar para determinar si el Estado tiene o no la voluntad para cumplir la sentencia.
–¿Por qué a 15 años de la sentencia de la Corte, no se cumple?
–Es una combinación de varios factores, pero el núcleo de todo esto es la protección al Ejército, al poder militar.
Denunció que “hay una constante en los casos en los que está involucrado el Ejército, y es que mucha de la información que podría ayudar a esclarecer los casos está en poder del Ejército, y éste busca diversas estrategias para impedir el acceso a esa información”.
Expuso que el ejemplo más claro es la publicación de una probable lista de los vuelos de la muerte, en los que disidentes del régimen de la década de 1970 eran arrojados al mar desde aviones, “es un documento que tiene rasgos de que es de los militares, ¿quiénes podrían resolver la duda sobre si es un documento militar?, el Ejército, ¿y qué ha dicho sobre la lista?, nada, absolutamente nada”.
“Lo de la justicia es un tema difícil, tenemos que seguir exigiendo al Ejército toda la documentación sobre estos casos.
“Es importante darle uso a estos avances que se van dando a cuentagotas, porque ahora una jueza dice que el Ejército tiene que colaborar con la investigación para dar con el paradero de Rosendo Radilla, es decir, tenemos que seguir haciendo fisuras en esa muralla verde de la impunidad militar, para que se vuelvan grietas, y finalmente derrumbarla”, expuso.
Si la Fiscalía impugna la resolución, adelantó, presentarán un recurso de revisión adhesiva, “que nos sumamos a la revisión de la sentencia para decir por qué está bien dictada”.
“En un gobierno que prometió que iba a haber esclarecimiento de todos los abusos del pasado autoritario, lo más congruente es que la Fiscalía se abstuviera de impugnar la resolución y nos convocara lo más pronto posible para ver el cumplimiento de la sentencia”, planteó.
La sentencia cobija a todos los casos, no sólo el de su padre, dice Tita Radilla
En entrevista también en la Ciudad de México, Tita Radilla contextualizó que hace 5 años “pusimos un amparo por la falta de investigación del MP, porque la Fiscalía no ha hecho las investigaciones, pero no sólo buscamos a Rosendo, los buscamos a todos, a todos los desaparecidos”.
“La sentencia es muy acertada e importante, califica como terrorismo de Estado, lo que siempre hemos manejado, porque no fue una guerra sucia, no había dos Ejércitos, se trató de aterrorizar a la población, y esta resolución no sólo arropa el caso de Rosendo, como lo dice la juez, sino a todos los casos de detenciones, tortura, ejecuciones”.
“Esperamos que el Estado mexicano acate la sentencia tal y como la envió”, agregó.
Ante la pregunta sobre la justicia, advirtió, “tiene 15 años el 23 de noviembre que salió la sentencia de la Coidh, y no hemos visto esa voluntad política de cumplir esa sentencia, hoy tenemos la esperanza de que la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, retome ese compromiso de esclarecer estos hechos para la tranquilidad de las familia, porque ya somos miles de familias, éramos cientos de familias cuando se los llevaron pero nuestros hijos y nuestros nietos han crecido y tienen su propia familia, somos muchas más familias en búsqueda.
En su página digital, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación contextualizó que a Rosendo Radilla lo desapareció el Ejército el 25 de agosto de 1974. Junto con él, cientos de personas fueron víctimas de represión estatal en las décadas de 1960 y 1970. Muchos de los casos, incluidos el de Rosendo, siguen esperando justicia.
“Rosendo, un querido líder social de Atoyac, Guerrero, y campesino dedicado al café, participó activamente en los 70 en la organización y la lucha por la tierra, además de mejorar la educación y la salud en su comunidad, impulsando la construcción de una escuela y un hospital”.
“En esa época, escribió corridos para denunciar los abusos, llamando a la gente a organizarse y exigir sus derechos. En un viaje de Chilpancingo a Atoyac junto con su hijo, fue reconocido en un retén militar. Lo detuvieron por ‘componer corridos a Lucio Cabañas’. Lo llevaron al Cuartel Militar de Atoyac, donde fue visto por última vez. Su desaparición marcó el inicio de un largo camino para encontrarlo”.
“A pesar de múltiples denuncias, no se ha esclarecido su paradero ni castigado a las y los responsables. Su familia llevó el caso a instancias internacionales y en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el delito de desaparición forzada”.
“Al ser la primera sentencia por desaparición forzada en contra del Estado, el caso Radilla tuvo un gran impacto: impulsó reformas que fortalecieron los derechos humanos en la Constitución y permitió la adecuada tipificación del delito “de desaparición forzada”.
“El legado de Rosendo Radilla por acabar con las injusticias sigue vivo. Hoy, su familia y quienes les acompañamos nos reunimos en la para honrar su memoria y exigir al Estado respuestas tanto para él, como para las miles de víctimas de desaparición en este país”, dice de la manifestación en la Glorieta de las y los Desaparecidos, este sábado 24 de agosto.
Texto: Rosendo Betancourt Radilla / Foto: Fundar
