Por mayoría se aprobó el proyecto del ministro González Alcántara, que plantea que se debe analizar el contexto social, en especial los hechos de la guerra sucia en Guerrero. Para esclarecer la verdad y sancionar a los responsables se reclasifican delitos como secuestro, privación de la libertad y abuso de autoridad por desaparición forzada, que no existía
Ciudad de México y Acapulco, Guerrero, 13 de junio de 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer reabrir la investigación por detención ilegal y tortura de cuatro parientas del líder guerrillero Lucio Cabañas a manos de agentes federales, durante la llamada guerra sucia de la década de 1970.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte amparó a Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, así como a Flavia Cabañas Gómez, contra el no ejercicio de la acción penal determinado por la FGR en enero de 2022.
La mayoría determinó que la desaparición forzada transitoria de las quejosas a manos de agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y efectivos del Ejército, así como la tortura en su contra, son delitos de lesa humanidad que no prescriben y pueden ser sancionados, pese a que no estaban tipificados en el derecho penal mexicano en esa época.
La averiguación motivo de este amparo inició en 2015, como derivación de las indagatorias abiertas en 2002 por la Fiscalía Especial que el entonces presidente Vicente Fox creó para investigar delitos de la guerra sucia, misma que incluso acusó por genocidio al entonces presidente Luis Echeverría, pero más allá del ruido político, sólo logró una condena contra un ex agente de la DFS.
Por el tiempo transcurrido, alrededor de 50 años, lo más probable es que los involucrados ya fallecieron. La DFS, por ejemplo, no existe desde 1985.
Aún así, la Corte sostuvo ayer que las conductas denunciadas ya eran consideradas crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional cuando fueron cometidas, rechazando alegatos de la FGR sobre prescripción y aplicación retroactiva de la ley.
También aclaró que en este caso no se puede aplicar de manera retroactiva el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en México en 2006, como afirmó el juez que amparó a las Cabañas en primera instancia.
Además, la Corte declaró fundada una revisión adhesiva de las quejosas, para el efecto de que la FGR tenga colaboración de otras autoridades y pueda realizar una investigación más amplia.
Lucio Cabañas, profesor rural egresado de la Normal de Ayotzinapa, fundó el Partido de los Pobres en Guerrero en 1967, así como su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, cuyo acto más famoso fue el secuestro del entonces senador y después gobernador y cacique priista Rubén Figueroa en 1974.
Aplicar las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad
Por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, bajo el numeral de amparo en revisión 406/2023, a favor de las quejosas familiares de Lucio Cabañas.
En el proyecto se indica que se debe analizar el contexto social y las características de la época en la que transcurrió la guerra sucia, “específicamente de los hechos cometidos en Guerrero”.
La Secretaría de Gobernación publicó un comunicado de prensa en el que afirma que el gobierno federal reclasifica delitos cometidos durante esa época, además de que se buscará la verdad y alcanzar la justicia.
De igual forma el ministro dice que “la decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia, les son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”.
El proyecto de González Alcántara dice que para tener una investigación eficaz, se necesita un análisis de los hechos, obtención de pruebas y el desarrollo de las vías de investigación.
“De esta forma, el Estado debe asegurar no sólo que las autoridades encargadas de la investigación (Ministerio Público) tengan a su alcance los medios necesarios para llevar a cabo aquellas actuaciones, sino que efectivamente sean utilizados para realizar las averiguaciones con prontitud. Por lo tanto, la falta de investigación normalmente implicará la violación del derecho a la verdad”, extiende en el proyecto.
Ante dicha situación, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado de prensa en el que afirma que el gobierno federal reclasifica delitos cometidos durante la guerra sucia, además de que se buscará la verdad y alcanzar la justicia.
Gobernación indicó que trabaja con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia durante las violaciones cometidas de 1965 a 1990 y la FGR.
“Realizaron desde marzo de este año la traslación de tipos penales para que se juzgue a personas por delitos cometidos en la llamada guerra sucia, sin que el transcurso del tiempo sea impedimento para sancionarlos”, informó la Secretaría.
De igual manera la dependencia aclaró que dicho traslado permite que más investigaciones por delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad o abuso de autoridad, podrán ser sancionadas por desaparición forzada de personas. Agregó que la Fiscalía cuenta con 224 expedientes “a fin de proseguir con su integración hasta su determinación legal”.
Se mencionó que junto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se trabaja en acciones de búsqueda e inhumación.
Gobernación adelantó que en septiembre se dará un informe final sobre las acciones realizadas.
El fallo, parteaguas para juzgar crímenes del pasado como delitos de lesa humanidad, dice el MEH de la Comisión de la Verdad
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar la protección de justicia a víctimas de la guerra sucia, y exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) “a continuar con el trabajo que implica la garantía de justicia y de derecho a la verdad, para los cientos de víctimas que prevalecen sin respuesta ni justicia hasta el día de hoy”.
Ayer, la SCJN ordenó reabrir la investigación por detención ilegal y tortura de cuatro familiares del líder guerrillero Lucio Cabañas, de nombres Juana, Rosa Elena, Irene Nava y Flavia Cabañas Gómez, quienes obtuvieron un amparo contra un no ejercicio de la acción penal determinado por la FGR en enero de 2022.
En un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales la noche de este miércoles, el MEH “celebra” la decisión de la Corte y puntualiza que en enero de 2022 la FGR “se había negado a investigar el caso contra los responsables, con el argumento de que no había una tipificación de tales delitos para la época, de modo que se trataba de crímenes prescritos”.
Pero el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, avalado por tres votos a favor y uno en contra en la Primera Sala de la Corte, dice que “no hay bases jurídicas que respalden y permitan que posibles crímenes de lesa humanidad no sean investigados y sometidos a procesos de justicia”, destaca el MEH.
Por el contrario, añade el comunicado, el proyecto del ministro González Alcántara “remarca la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes y su necesaria atención; no hacerlo constituye una violación al derecho a la verdad”.
El MEH destaca que el proyecto avalado en la SCJN “hizo énfasis en la necesidad de que el Estado siga brindando las condiciones para ampliar las investigaciones que den cuenta de estos crímenes y los responsables, así como la colaboración entre las instituciones involucradas”.
El comunicado remata, “esta sentencia no sólo sienta un precedente para otros cientos de casos ocurridos durante aquel periodo, sino que además se reconoce que los crímenes cometidos fueron de lesa humanidad, convirtiéndose así, en un parteaguas para el acceso a la justicia de crímenes del pasado en nuestro país”.
El MEH es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, los otros son justicia, reparación de daño, búsqueda y memoria.
Su trabajo termina a la par del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en octubre próximo, y se espera la publicación de su informe final en los siguientes meses.
El MEH está integrado por los comisionados Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Eugenia Allier Montaño, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), David Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y Carlos Pérez Ricart, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Texto: Agencia Reforma, con información de Juan Luis Altamirano Uruñuela y Ramón Gracida Gómez / Foto: Tomada de Internet
