Ciudad de México, a 9 de abril de 2025.- Después de que en septiembre le fuera retirada, un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) restituirle la escolta de cuatro agentes armados y un vehículo a un testigo con identidad reservada que rindió su testimonio en el caso Ayotzinapa.
El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México concedió al quejoso una suspensión definitiva con ese alcance, con la finalidad de no poner en riesgo su seguridad, integridad física y psicológica e incluso su vida.
“Es procedente conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable continúe brindando la medida de seguridad denominada E-22, que se le ha venido otorgando a la víctima de identidad reservada, en la averiguación previa, hasta en tanto se emita la sentencia que resuelva el fondo del asunto”, dice la resolución.
El 18 de septiembre, la FGR notificó al testigo un oficio fechado cinco días antes en el que le informa de la cancelación del servicio de escolta que le habían brindado desde el 13 de abril de 2016.
Los elementos a su disposición eran cuatro federales armados, distribuidos en dos turnos de dos agentes (un conductor y un policía de seguridad), con un horario de 48 por 48 horas, y un vehículo ligero.
La Fiscalía justificó su decisión en diversos análisis técnicos de riesgos y vulnerabilidad que, en su opinión, demostraban que desde el 2016 hasta el 15 de agosto de 2024 nunca existió acontecimiento alguno que pusiera en peligro la integridad y vida del testigo.
“Derivado del conjunto de información analizada, es que se determinó un nivel de riesgo ‘Bajo’. Atendiendo a la determinación del nivel de riesgo bajo a las facultades de la Policía Federal Ministerial (PFM), que son de investigación; y al cumplimiento de la Ley de Austeridad Republicana expedida por el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador en ese momento), el servicio de seguridad y protección dejó de ser viable”, dice una de esas valoraciones elaboradas por la Unidad de Operaciones Especiales de la propia Fiscalía.
Incluso, una de esas opiniones recomienda que, en caso de continuar con dicho servicio, la PFM de la FGR transfiera esa responsabilidad a la Guardia Nacional.
Entre otras razones, los análisis aducen que el beneficiario de la escolta cuenta con los servicios de seguridad municipal, estatal y federal que se encuentran en Guerrero, Morelos y Ciudad de México, los sitios en los que se ubica.
También argumentó que el testigo era conductor de vehículos de pasajeros foráneos y que su trabajo le permitía “mantener un perfil bajo de su persona, lo cual se vería afectado al designarle personal de protección y seguridad, al hacerlo susceptible de cuestionamientos sobre el origen del cambio de su vida cotidiana”.
Uno de los análisis señala que el propio testigo manifestó sentirse seguro en su domicilio y que conocía a los habitantes de la zona, quienes “en caso de una situación inusual le podrían proporcionar cierto apoyo”.
El testigo presentó su amparo contra el retiro de su seguridad, por tener el temor fundado de su integridad personal, ya que continuaba presentándose a a rendir declaraciones, entre otros actos procesales.
Planteó que, mientras la integración de la averiguación previa del caso Ayotzinapa no haya concluido, prevalecerá el riesgo latente para su integridad. Una de sus comparecencias, dice, fue en marzo de 2022.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma/ Foto: Archivo
