26 agosto,2022 12:08 pm

Ordenó el ex alcalde José Luis Abarca desaparecer a normalistas, señala informe de Ayotzinapa

Defiende el subsecretario de Gobernación diferencias entre informe de la extinta PGR y el presentado por la Covaj: la de Murillo Karam es “una verdad fundada en actos de tortura”

Acapulco / Ciudad de México, 26 de agosto de 2022. José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Así lo revela un extracto del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJ), presentado esta mañana en Palacio Nacional.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, mostró un “Análisis de vínculos a partir de mensajes”, en el que Abarca es identificado como “A1”, clave utilizada para identificar a quien instruyó el ataque contra los estudiantes y, también, la recuperación de la droga que iba en uno de los autobuses.

– ¿Quién dio la orden?, se le preguntó al funcionario.

– “Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación”, respondió.

Las gráficas presentadas esta mañana detallan nombres de integrantes del cártel, policías, militares y autoridades civiles involucrados en el crimen.

De acuerdo con el diagrama, Abarca se coordinaba con el Capitán José Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en Iguala.

El militar, a su vez, se coordinaba con David H Cruz, alias “Chino”, identificado como bombero y jefe de comunicaciones, pero también como sicario del cártel Guerreros Unidos.

Según el reporte, el bombero-sicario es el centro del análisis de los mensajes intercambiados entre los involucrados y recibía órdenes del “posible” Coronel José Rodríguez P, también de la Sedena.

En un cuadro comparativo, que confronta la denominada “Verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y la nueva investigación de la CVAJ, se advierte que “A1”, Abarca, es quien ordena ir contra los normalistas.

“A1 y los líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles un escarmiento ejemplar”, se lee.

Además, en el informe completo se señala: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’ A1 seguramente la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado ‘mátalos a todos, Iguala es mío'”.

Encinas registró que, hasta el momento, no se ha logrado fincar responsabilidades a Abarca por la desaparición de los 43 normalistas, y que se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya , acusado de la muerte del luchador social Arturo Hernández Cardona.

Verdad histórica se creó con funcionarios de los más altos niveles del gobierno federal: Encinas

Alejandro Encinas Rodríguez acusó que la “verdad histórica” del caso Iguala se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal e involucra a personas que participaron en reuniones en Presidencia, durante sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

El subsecretario dijo que se debe indagar el diseño y la operación de la “verdad histórica” que difundió Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR y ahora vinculado a proceso.

De acuerdo con Encinas, esa “verdad” fue fundada en actos de tortura, por el contrario, el informe presentado por la Covaj es una investigación y análisis técnico con fuentes de México y EU, respaldado por un comité científico.

“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, indicó Encinas.

“Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

La desaparición debió haberse evitado, dijo el subsecretario; sin embargo, las omisiones de la autoridad, lo permitieron, por lo que se considera un crimen de Estado, pues hubo negativa, ocultamiento y manipulación de las investigaciones por parte de las autoridades.

Encinas Rodríguez lanzó un llamado a quienes tengan información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para que la den a conocer.

“Queremos hacer un llamado más a todas las personas que cuenten con información y que nos aporten la misma en beneficios del esclarecimiento de los hechos de estos deleznables hechos”, urgió.

Las conclusiones del Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa son:

-Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

-Que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

-Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

-Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.

-Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y, al menos, tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

-Que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

-Que tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

-Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.

-Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.

-Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.

-Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

-Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

-Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

-Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

-Que es necesario continuar con la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriano en Iguala, y en las inmediaciones de Tepehuaje.

-Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.

Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: Presidencia

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