En el informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinpa se dice que Lambertina Galeana argumentó que las imágenes del Palacio de Justicia no eran claras por problemas técnicos. No se ha confirmado si está entre las autoridades judiciales de Guerrero con orden de aprehensión. El normalista desollado en Iguala fue excluido del informe, se quejan familiares
Chilpancingo, Guerrero, 24 de agosto de 2022. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reiteró que la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “ordenó la destrucción” de videos grabados la noche del 26 de septiembre del 2014 por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.
Este viernes 19, un día después de que se dio a conocer el informe, la Fiscalía General de la República informó que el juez segundo de procesos penales federales con sede en Toluca libró 83 órdenes de aprehensión contra funcionarios que intervinieron en la desaparición de los 43 normalistas y en los hechos posteriores. Dijo que de esas órdenes de aprehensión, cinco son contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero.
No se ha informado si entre esas autoridades judiciales está la magistrada Lambertina Galeana.
Según el informe, en ese lugar policías municipales de Iguala instalaron un retén y del autobús 1535 bajaron a 14 estudiantes que fueron divididos en dos grupos; a uno se lo llevó la Policía Municipal de Iguala a la zona conocida como Pueblo Viejo, y al otro se lo llevó la Policía Municipal de Huitzuco a ese municipio.
En la lista de los nombres de los 14 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron bajados en ese lugar está el de Julio César López Patolzin, el militar que según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa fue infiltrado en la Normal Rural.
En el apartado: “Obstáculos de la investigación”, consignado en la página 17 del texto, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se refirió al material videográfico que habrían tomado las cámaras del episodio ocurrido afuera de esas instalaciones donde fue retenido el autobús 1535 de donde fueron bajados con violencia 14 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Páginas más adelante, el informe refiere que de ese autobús fueron bajados 14 estudiantes por policías de Iguala y Huitzuco, mismos que fueron divididos en dos grupos; uno fue trasladado a Pueblo Viejo, cerca de Iguala y otro a Huitzuco por policías de ese municipio.
Agrega que hay fotografías que mestran que se ejerció violencia contra ese grupo de estudiantes, mismas que tomó un militar.
Agrega que a las 21:30 horas en ese lugar (frente al Palacio de Justicia) la Policía Municipal de Iguala instaló un retén “donde también se concentraron elementos de la Policía Federal”.
Añade que entre las 22 y 22:30 horas, el soldado Eduardo N. “tomó fotografías de lo que ocurría en el Palacio de Justicia” y que, según se establece en diversas declaraciones, “ahí ocurrieron diversos actos de violencia por parte de los elementos de la Policía Municipal de Iguala como la rotura de los cristales de la unidad y el uso de gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender de la unidad, y luego fueron golpeados, sometidos y subidos a patrullas por elementos de la Policía de Iguala”.
El informe añade que a las 22:30, aproximadamente, un grupo de policías municipales de Huitzuco, también arribó frente al Palacio de Justicia, en apoyo de la Policía Municipal de Iguala.
Ello, refiere el informe, lo declaró el conductor del autobús, quien escuchó que uno de los policías (de Iguala) le dijo a otro que ya no cabían (los estudiantes) en las patrullas, “a lo que le contestó: no importa, ahorita vienen los de Huitzuco”.
De acuerdo al informe, todos los normalistas que iban en este autobús, el 1535, “desaparecieron”.
Agrega: “Se presume que un grupo de estos estudiantes fueron asegurados por la Policía Municipal de Iguala y llevado a Loma de Coyote, y otro fue asegurado por la Policía de Huitzuco y llevado a ese municipio”.
El informe señala que respalda esa versión un mensaje que se obtuvo el 28 de septiembre a las 00.43 horas, pero el contenido del mensaje fue tachado del texto.
Los estudiantes normalistas que fueron bajados del autobús 1531 esa noche afuera del Palacio de Justicia de Iguala, de acuerdo con el informe, fueron 14 y entre ellos estaba Julio César López Patolzin, el militar que según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, fue infiltrado en la Normal Rural.
Los otros estudiantes fueron Adán Abraján de la Cruz, El Ñero; Alexander Mora Venancio, Pericón, La Roca o El Randy; Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, El Frijol; así como Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, El Hugo o La Huga.
Asimismo, Israel Jacinto Lugardo, El Chukito; Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, El Churro o Jovany; Jorge Aníbal Cruz Mendoza, El Chivo; Jorge Antonio Tizapa Legideño, El Perezoso; José Ángel Navarrete González, El Pepe; José Eduardo Bartolo Tlatempa, El Bobby; Luis Ángel Francisco Arzola, El Cochilandia; Magdaleno Rubén Lauro Villegas, El Magda; y Martín Getzemany Sánchez García, El Zumpango o El Cabe.
De estos 14 estudiantes cuyos nombres se consignan en el documento, sólo a Julio César López Patolzin, el presunto infiltrado por el Ejército en la Normal de Ayotzinapa no se le incluyó su apodo.
Igual que los otros 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, López Patolzin fue desaparecido no obstante que se encontraba activo en el Ejército mexicano realizando tareas de informante y de que su superior jerárquico (el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa) estaba al tanto de que se encontraba dentro del grupo de estudiantes, pero éste “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona”, refiere el informe.
El normalista desollado en Iguala fue excluido del informe de la Comisión, se quejan familiares
La familia del estudiante de la Normal de Ayotzinapa asesinado la noche del 14 de septiembre del 2014 en Iguala, Julio César Mondragón Fontes y el Colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio, reprocharon en una carta que el caso del estudiante haya sido excluido del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Se inconformaron porque apenas le destinaron cinco líneas en el informe y porque no los han convocado a las reuniones y nunca les dijeron que Julio César era “objetivo prioritario” del grupo delictivo Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre cuando se dieron los ataques a los normalistas, como se consignó en el informe.
La carta con el título: Posicionamiento de la familia Mondragón y del colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio, que se hizo pública mediante las redes sociales la tarde del lunes refiere que “el informe presentado por Alejandro Encinas nos ha generado nuevas interrogantes y no nos aclara a cabalidad quiénes son los responsables del asesinato de nuestro familiar, Julio César Mondragón, ni por qué precisamente a él lo ejecutaron con la saña con la que lo hicieron”.
Mondragón Fontes, fue torturado y ejecutado la noche del 26 de septiembre de 2014, durante los ataques a los normalistas.
La familia del estudiante y el colectivo se quejan en su escrito que el caso de Mondragón Fontes, “brutalmente torturado y desollado en vida”, quedó fuera “por completo” del reciente informe.
Preguntaron al gobierno federal y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuándo serán convocados para que les informen sobre los avances que se tengan en el caso concreto, así como por qué el informe le dedican apenas cinco renglones.
Asimismo cuestionan: “¿Por qué ‘nunca nos explicó’ ninguna autoridad que a Julio César Mondragón lo mataron porque era un objetivo prioritario de los Guerreros Unidos?”, y que desde que salió de la normal la tarde del 26 de septiembre alguien lo había señalado y sus asesinos lo tenían identificado desde entonces.
Además, cuestiona por qué el gobierno de México no ha mencionado que en la Normal Rural había un grupo de infiltrados que informaban no sólo al narco, sino al Ejército y a la Policía Federal y a los gobiernos estatal y municipales de Tixtla y Chilpancingo, y que en el informe reciente únicamente se menciona al normalista Julio César López Patolzin como informante “cuando nosotros, la familia Mondragón, contamos con testimonios que indican que había por lo menos 23 alumnos infiltrados”.
Refieren que no se ha informado por qué en el informe se hace alusión a que sus asesinos conocían hasta el apodo, de El Chilango, a pesar de que apenas tenía un mes de haber llegado a la Normal de Ayotzinapa.
Refieren que el único dato nuevo que tienen desde hace años en este informe es que Julio César salió de la Normal de Ayotzinapa prácticamente sentenciado a muerte.
Con respecto a la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, reconocen que puede ser de alta utilidad para esclarecer la verdad “que hasta hoy permanece oscura”.
Exponen que Julio César Mondragón fue un estudiante inquieto y era apartidista. “Tenía muy claro que la partidocracia es la lucha por el poder y que utiliza la demagogia como medio de control. Estaba en contra de que se lucrara en nombre de la lucha social y era enemigo de quien se dijera revolucionario y en la práctica mostrara ser lo contrario”.
Revelan que estas convicciones políticas e ideológicas de Julio César incomodaban a algunos miembros de la cúpula estudiantil de Ayotzinapa, “cuyos discursos de lucha y prácticas de poder sólo buscaban su beneficio personal, como nosotros hemos podido documentar”.
Aseguran que han documentado que en el poco tiempo en el que Julio César estuvo en la Normal, mostró liderazgo en eventos públicos organizados por la Normal, y que, incluso, líderes de organizaciones sociales, “después de escucharlo hablar se preguntaban si Julio César Mondragón era el líder estudiantil, y en la misma ciudad de Tixtla la gente lo identificaba por estar a favor del pueblo”.
Aseguran que, incluso, un alto funcionario, cuando le dieron a conocer el libro La guerra que nos ocultan, en donde se narra la historia de Julio César les dijo que el asesinato de César Mondragón es parte de una “limpieza social”, es decir la eliminación de líderes o probables líderes incómodos para el Estado.
La familia del estudiante y el colectivo Somos los Ojos y el Rostro de Julio exigen su derecho a conocer la verdad de lo que pasó, cuáles fueron las verdaderas causas de lo sucedido, “hasta hoy omisas”, así como la reparación del daño.
Demandan que las autoridades profundicen en la investigación “porque nos parece ilógico que el colectivo y la familia, así́ como las personas que nos acompañan, tengamos más información que todo un sistema de justicia que cuenta con todos los medios y pese a eso darle apenas cinco renglones a nuestro caso”.
Denuncian que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no ha dado respuesta a las interrogantes que le plantean en el libro Los infiltrados: el secreto de Ayotzinapa, a pesar de que muchos de sus integrantes conocían esta misma información desde 2016.
“Exigimos que se investigue, además, a los ex alumnos Manuel Vázquez Arellano, alias Omar García, El Eterno, El Abuelo o el Jackie Chan, actualmente diputado federal plurinominal por Morena, y a David Flores Maldonado, quien en septiembre de 2014 era secretario general de Ayotzinapa”, plantean.
Aseguran que los dos representaban el “poder político y estudiantil” de la normal en esa época, “señalados como infiltrados por la mayor parte de la comunidad estudiantil en ese 2014”.
Cuestionan que: “Hoy, increíblemente, han sido cobijados por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, pese a la información que se tiene de cada uno de ellos”.
Exigen que respondan “y nos den la cara” porque “una transformación social es necesaria y es hora de que los que se dicen políticos, los funcionarios que viven del pueblo, dejen de decir que en México estamos bien, porque eso es mentira, tal como lo demuestran los hechos”.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Tomada de Internet
