Entre 1950 y 1990 “la represión sí era una política de Estado e incluía asesinatos, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas, y no hubo un pronunciamiento”, responde la institución sobre el procedimiento para evaluar al Estado mexicano por desapariciones “sistemáticas y generalizadas”
Ciudad de México, 14 de abril de 2025. Ante la posición del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abrir un procedimiento contra México porque se sigue dando ese fenómeno de manera “sistemática y generalizada” en el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que con el argumento de la cooperación para el desarrollo o el impulso a la democracia y los derechos humanos, organismos internacionales forman parte de planes y estrategias para “beneficiar al injerencismo norteamericano”.
Criticó que en años anteriores, concretamente en el periodo de 1951 a 1990, conocido como la guerra sucia o jurídicamente como Terrorismo de Estado, no hubo un pronunciamiento de organismos y organizaciones internacionales.
La CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra dice que la institución no niega la existencia de desapariciones en México ni la posibilidad de que hayan participado autoridades, pero que las mismas no tienen como origen el Estado.
“Para ser precisos, no son producto de agentes gubernamentales porque, de entrada, hay que decir que hasta se emplea mal el término Estado, del cual todos, incluidos los ciudadanos, formamos parte. Por el contrario, entre las décadas de 1950 y 1990, la represión sí era una política de Estado e incluía asesinatos, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Era una estrategia perfectamente coordinada desde el poder Ejecutivo y con los demás poderes, con todas las fuerzas de seguridad”, expuso la CNDH en un pronunciamiento público.
En la postura la CNDH responsabiliza a Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios y Jorge Carpizo por ser quienes “amarraron” la defensa de los derechos humanos de México a las instancias internacionales, por intereses comerciales y por “su participación en violaciones a derechos humanos que querían encubrir”.
El organismo acepta que la desaparición de personas es uno de los principales problemas de la sociedad mexicana, pero se deslindó que haya ocurrido en tiempos recientes ya que acusa que la forma en la que desaparecen personas cambio a partir de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, y señalan a la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Con dichos antecedentes, la CNDH aseguró que “en la enorme mayoría de los casos de desaparición, no hay servidores públicos involucrados de manera directa”, así como que “en la mayoría de los casos, quien comete el delito son personas relacionadas con el crimen organizado”.
A pesar de que la Comisión afirma que no hay participación directa de autoridades en la desaparición, no descarta que puede darse colusión o encubrimiento, pero no se ha demostrado, al igual que si se demuestra la responsabilidad de funcionarios, son del orden estatal o municipal a lo que descartan por completo una posible participación de servidores públicos federales.
“Una gran parte de los casos actuales de desaparición en México son atendidos de inmediato por las autoridades responsables de la búsqueda, las Fiscalías especializadas locales y federal, así como por las Comisiones de Búsqueda nacional y locales; y hay que destacar que en un importante porcentaje se logra dar con el paradero de las personas desaparecidas”, añadió la CNDH.
La Comisión indica que de 2006 a 2019, antes de la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, las desapariciones que ocurrieron en ese lapso son un reto, pues no se hizo la correcta integración de la carpeta de investigación ni se ha judicializado el caso.
“La impunidad que prevalece en estos casos y, por tanto, la constante repetición de ellos es también producto de que una gran parte de las personas acusadas por delincuencia organizada son puestas en libertad por los jueces a cargo de los casos. Sobran los ejemplos”, afirma.
La CNDH señala que el problema de la desaparición forzada en el país no es menor y no se busca ni minimizarla ni negarla, pero que hay pronunciamientos que se basan en premisas falsas, y asegura que la presente administración de la Comisión abandonó el “deshonroso papel” de sus antecesoras.
“Sería una afrenta al pueblo mexicano que esta Comisión no se pronunciara, desde su rol de defensora de los derechos humanos del pueblo mexicano, en contra de toda intención de usar a las víctimas y su dolor. El reto ahora, desde luego, es resolver los casos”, plantea.
Dentro de las conclusiones del posicionamiento, la Comisión afirma que los partidos de oposición intentan que México sea parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos.
“Es clara la intención de sumar a México a la estrategia norteamericana de Seguridad Nacional actual, que han acogido en el país algunos partidos políticos de oposición que ven en ella una oportunidad para posicionarse. De ahí el empeño en señalar como grupos terroristas a los grupos de la delincuencia organizada, y que se busque equiparar a México con un Estado en guerra o un Estado fallido, premisa que rechazamos tajantemente”, defiende.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
