▼ Se reunieron ayer en la Cdmx con Tauli-Corpuz quien pernoctó ayer en Tlapa para su visita de hoy a una comunidad indígena
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, afirma que ya se le dio el contexto de los principales problemas: la disputa territorial con las empresas mineras, los conflictos agrarios que ha implicado la lucha por la defensa de los territorios y la criminalización de la protesta social
Nota: Lourdes Chávez
Foto: EFE
Chilpancingo, Guerrero.- La relatora especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, pernoctó anoche en Tlapa, para viajar este sábado 11 de noviembre a primera hora a la comunidad Atzala, a 14 kilómetros de la cabecera municipal, a conocer de viva voz las condiciones de las comunidades indígenas del estado, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica indicó que anoche hubo saludo de bienvenida, con personas que llegaron de las comunidades para platicar un poco del contexto de los pueblos indígenas de Guerrero: la disputa territorial que enfrentan los pueblos con las empresas mineras, los conflictos agrarios que ha implicado la lucha por la defensa de los territorios y la criminación de la protesta social.
Recordó que se han fabricado delitos contra el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui, contra los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos, Samuel Ramírez y Gonzalo Molina, que están en prisión; y los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, que siguen su proceso en libertad.
Destacó que en la primera visita a México del relator Rodolfo Stavenhagen (fallecido en noviembre de 2016), éste reconoció el sistema de seguridad y justicia comunitaria de la CRAC-PC como una de las experiencia exitosa de los pueblos originarios en México, además de señalar las condiciones de pobreza, discriminación y falta de garantías para acceder a la justicia y salud de la niñez y de las mujeres indígenas, que tienen que salir a trabajar con sus familias como jornaleros agrícolas, porque no tienen acceso a derechos básicos.
Los casos más representativos estarán en la Montaña, responde
De los señalamientos del ex diputado federal, Carlos de Jesús Alejandro, sobre que el gobierno federal quiso controlar la agenda de la relatora y tener como filtro de las comunidades indígenas, a organizaciones civiles de derechos humanos, Barrera Hernández aclaró que la agenda la construye la ONU con el gobierno federal.
Estimó que la relatora decidió visitar Guerrero por todo lo que está ocurriendo y por la importancia de las luchas que Rodolfo Stavenhagen documentó en su visita. “Él supo que era una región muy olvidada y que sigue siendo olvidada. En ese sentido no podemos dejar de imaginar que la misma relatora vio importante visitar la Montaña, no sé hasta qué punto considera Carlos (de Jesús Alejandro) que fue una agenda armada a contrapelo de los pueblos indígenas. Creo que los casos más representativos estarán en este encuentro”.
Sin embargo, opinó que prefirió “un espacio especial, único, nada más para una organización o una experiencia. En un contexto donde la visita es muy corta, es muy difícil que la relatora puedan disponer de una hora para poder platicar. Todos los casos son emblemáticos y a veces el formato no gusta”.
Reconoció que por gestión personal obtuvieron un espacio privado, pero el encuentro en la Montaña “dista mucho de querer lograr una reunión exclusiva, es pensando que el movimiento de los pueblos es muy amplio, muy prolífico en cuanto a sus luchas”.
Explicó que la relatora pidió ir a una comunidad indígena y hoy a las 9 de la mañana estará en Atzala, una comunidad de artesanos de barro, fabricantes de cántaros que conservan un códice náhua y un cerro sagrado para hacer la petición de lluvias.
Ahí nacieron Bonfilio Rubio Villegas, el joven ejecutado por soldados del Ejercito en el crucero de Huamuxtitlán, cuando viajaba en un autobús rumbo a la Ciudad de México, y Magdaleno Rubén lauro Villegas, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa.
Señaló que el primero era el menor de los hijos de una familia que se dirigía a los Estados Unidos a buscar otros medios de vida, cuando elementos del Ejercito accionaron sus armas en ese contexto de guerra contra el narcotráfico. El normalista de Ayotzinapa dejó el hogar por la oportunidad de convertirse en maestro. Ambos ataques son un reflejo “de la situación grave, lamentable y dolorosa de los pueblos indígenas de Guerrero”, donde no se garantiza del derecho la alimentación, porque no hay un impulso a la economía familiar.
Lo anterior, aunado al contexto de mucha violencia e inseguridad que ha ido en detrimento de los derechos de la población, con la militarización de la seguridad pública, que no ha dado resultados tangibles para ciudadanos, indicó.
Añadió que estarán en el encuentro, representantes de comunidades y de organizaciones indígenas, que muestran el lado esperanzador de la lucha de los pueblos: la experiencia de San Miguel del progreso, que a través de los amparos detuvieron las concesiones mineras de Malinaltepec; las experiencias de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, cuyos casos fueron resueltos contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), y siguen las recomendaciones sin cumplimiento.
Además, el Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña, organizado en defensa de su territorio, y el sistema comunitario de la CRAC-PC, “son siempre ejemplo de persistencia y de que pueden ayudar a enriquecer una sociedad que requiere de la participación de comunidades indígenas”.
Se reúnen organizaciones indígenas con relatora
de la ONU; le piden que defienda a los pueblos
A Victoria Tauli-Corpuz le plantearon legislar el derecho a la consulta, y que al menos en 28 distrito se garantice un candidato indígena, informa Carlos de Jesús
Nota: Vania Pigeonutt
Ciudad de México.- Luego de 13 años de la última recomendación sobre derechos indígenas de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones de ocho estados del país, entre estas de Guerrero, se reunieron con la relatora Victoria Tauli-Corpuz, a quien le solicitaron su defensa a los pueblos originarios en su próximo informe.
A más de una década de distancia las comunidades indígenas siguen en el atraso en materia educativa, de salud, de infraestructura carretera, no cuentan con reconocimiento y representación plena en la política, y los recursos destinados para territorios originarios cada vez sufren más recortes, además la mayoría de proyectos extractivistas, como la minería, están en sus territorios, denunciaron.
Aunque no estaba en la agenda oficial, organizaciones como la Red Nacional Indígena, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, entre otras, expusieron los rezagos que enfrentan los grupos indígenas del país.
El representante jurídico de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero compartió que en la reunión de una hora en el hotel Camino Real en Polanco, expuso a Victoria Tauli el ejemplo de Ayutla de los Libres, único municipio en Guerrero que puede ir a votaciones por usos y costumbres.
En el documento que Vázquez entregó piden que “el Estado respete nuestros derechos políticos, sociales y económicos”.
Puso como ejemplo la búsqueda de autonomía de comunidades como Cherán en Michoacán, y en municipios de Oaxaca y Chiapas, “hemos avanzado hasta obtener el reconocimiento por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral”.
“En el próximo proceso electoral a celebrarse en el año 2018 en el municipio de Ayutla de los Libres, se elegirá por primera vez a sus autoridades municipales mediante su propio sistema normativo interno (usos y costumbres)… y poderes fácticos que impiden la realización de este tipo de elecciones, ya sea por desconocimiento o por la posibilidad de perder el control político y económico de algunos grupos caciquiles, que se han aprovechado de la ignorancia y falta de ejercicio de nuestros propios derechos como ciudadanos”.
La UPOEG pidió que “realice un exhorto a los partidos políticos, a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los organismos electorales con la finalidad de que respeten las prácticas consuetudinarias de las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos, asimismo, para que los citados institutos políticos fomenten la participación de dichas comunidades a través de sus propios métodos electivos y coadyuven con los representantes de esas comunidades”.
Vázquez le pidió que en su informe pida el reconocimiento a la asamblea comunitaria como mecanismo de participación ciudadana en las comunidades indígenas y afromexicanas, para decidir sobre la designación y la integración de sus autoridades municipales.
Además las reformas para armonizar la Constitución Política federal y las leyes secundarias, en las cuales se establezcan las formas y métodos de participación efectiva y acceso al poder político del Estado mexicano de las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos.
Estas peticiones fueron parte de un pronunciamiento en el Primer Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Originarios, el pasado 21 de octubre, en la Casa Comunal de San Francisco Cherán, Michoacán.
El ex diputado federal indígena, Carlos de Jesús Alejandro dijo que finalmente se concretó el diálogo con ella, “planteamos el tema de legislar el derecho a la consulta, a propósito de mega proyectos que se ciernen en los territorios indígenas, hablamos de la participación política, que al menos en los 28 distritos se garantice un candidato indígena”.
Ahondó que abordaron el tema de los migrantes y los jornaleros agrícolas “y el desafío que se concrete la nueva reforma de México en lo que establecen los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad y procuración de justicia, de las policías comunitarias en Guerrero, que ya en la reunión de la Montaña van a exponer esta situación”.
La relatora además de sus reuniones previstas con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial y otros, iría a Tzalatzala, Tlapa, Guerrero y comunidades de Chiapas y Oaxaca.
En Guerrero, dijo el ex diputado, están planteando un equipo de trabajo para que esperen la recomendación final que será el próximo día 17.
El ex secretario de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso señaló luego de la reunión con Victoria que tuvieron que transcurrir 13 años para que el Estado mexicano volviera a escuchar a un relator en materia indígena.
“No ha cumplido, dentro de los incumplimientos mayores el más emblemático, el central, es que había un compromiso de reformar la constitución, y que en esa reforma a la constitución avalaría las radios comunitarias, que el Estado lejos de cumplirlo lo limitó”, reprochó.
De las recomendaciones de hace 13 años incumplidas están los acuerdos de San Andrés Larrainzar, que hablan de la representación política indígena, “los partidos tratan de cerrarse, hay bastante camino avanzado en el terreno de las sentencias, nos dejó ver que va configurar recomendaciones para abrir el abanico de participación al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, la vi con cierta voluntad, alimentamos esperanza para que con las reformas constitucionales se abran los espacios”.
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