Acapulco, Guerrero, a 23 de junio de 2026.- A casi tres décadas de la expropiación de la península Punta Diamante que provocó protestas y litigios por la tenencia de la tierra, el gobierno federal ha otorgado nuevas concesiones y autorizaciones a distintos desarrollos inmobiliarios para que sigan construyendo condominios e instalaciones de lujo en esta zona exclusiva de Puerto Marqués mientras que se mantienen las denuncias y expedientes por daños ecológicos.
De acuerdo con documentos del Grupo Mexicano de Desarrollo, asociada con la Promotora Turística (Protur) desde la década de 1990 para urbanizar Punta Diamante, esta empresa expande el Resort Cabo Marqués con una inversión de 385 millones de pesos en un complejo residencial y con la venta en 100 millones de “macrolotes” de su reserva territorial en esta península.
El condominio Vista Real recibió el año pasado la concesión de la Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat) tres años después de que la Secretaría de Medio Ambiente Recursos y Naturales (Semarnat) le negara la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) le abriera un expediente administrativo por las obras a orilla del mar.
El proyecto inmobiliario Ecos del Mar está clausurado por la Profepa de manera temporal desde septiembre de 2025 por no cumplir con los lineamientos ambientales establecidos en la autorización de construcción que la Semarnat le otorgó dos años antes.
Los proyectos de Vista Real y Ecos del Mar son impugnados por la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores, que acusa a las autoridades de “omisión” en las denuncias que ha presentado desde hace varios años por los daños ecológicos provocados por estas obras en las zonas rocosas a orilla de la bahía que representan su centro de trabajo.
Entregaron la península a Protur
El presidente Miguel de la Madrid firmó el 27 de agosto de 1987 un decreto de expropiación con el objetivo de llevar a cabo el desarrollo turístico de Punta Diamante y entregar los terrenos a la Protur, creada nueve días de antes por el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu mediante la Ley de Fomento al Turismo.
Fue el punto de partida de la creación de la zona Diamante, “en ese tiempo Acapulco ya venía sufriendo los estragos del envejecimiento, o sea, la competencia de otros destinos turísticos y una forma de reactivarlo era generar un nuevo concepto de desarrollo”, expuso en entrevista el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Manuel Ignacio Ruz Vargas, cuya tesis doctoral La vulnerabilidad del paraíso analiza el desarrollo urbano del municipio durante el siglo XX.
En el conflicto social tras la expropiación de Punta Diamante salen nombres como Sabino Palma y la familia Stephens, quienes reclamaron ser los dueños de las tierras en las que el gobierno federal aplicó esta política, relata el doctor en Desarrollo Regional en su investigación que se remonta al fallido proyecto Granjas del Marqués para abastecer de alimentos al sitio turístico en ciernes durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952).
El 24 de agosto de 1992 fue constituido en Acapulco el Fideicomiso Grupo Diamante, en el que participan como fideicomitentes la Protur, el Grupo Mexicano de Desarrollo, otros inversionistas privados y el banco BBVA Bancomer como fiduciario; el objetivo es “la continuación y terminación de las obras de construcción de infraestructura y urbanización del desarrollo ubicado en la zona turística denominada Punta Diamante”.
El Grupo Mexicano de Desarrollo le compró el terreno número 12-A de la península a la Protur mediante la escritura 5 mil 925 del 16 de febrero de 1993, últimas semanas del mandato de Ruiz Massieu, asesinado el 28 de septiembre del siguiente año siendo secretario general del PRI y diputado federal electo, magnicidio del que se llegó a relacionar con los terrenos de Punta Diamante.
De acuerdo con la MIA presentada en 2020, el proyecto Banyan Tree Residence consiste en la construcción de cuatro torres en un área de 3 mil 890.1 metros cuadrados poblada de selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia y bosque de galería.
“Consideramos que los ejemplares de las selvas baja, se tienen que conservar o en su caso reubicarlos, pero nunca eliminarlos, en el caso de la vegetación secundaria puede que por las actividades de desmonte y despalme se afecte algo de estas áreas, sin embargo, consideramos que podrán ser reintegradas o repuestas con las zonas verdes de los lotes”.
El reporte anual de 2025 de la empresa informa de la venta de tres departamentos de la primera torre en “esquema de propiedad plena” y siguen en oferta otros tres en “programa fraccional”, cada uno cuesta 17 millones 500 mil pesos, el equivalente a 55 mil 548.5 salarios mínimos de 315.04 pesos.
El Resort Cabo Marqués, de acceso restringido por una caseta de vigilancia en una parte del camino hacia la playa Revolcadero, también está conformado por Los Riscos, un desarrollo de 21 hectáreas sobre lomas y riscos frente al mar dividido en 22 lotes unifamiliares y 10 condominales, de los cuales siguen a la venta seis del primer tipo y el mismo número del segundo.
El Grupo Mexicano de Desarrollo es dueño también de una reserva territorial en Punta Diamante de 55 hectáreas, de las cuales 27 divididas en 12 “macrolotes” están en venta para el “desarrollo de Hoteles, Centros Comerciales, Residencias, Departamentos y Senior Living Home”; el reporte financiero del primer trimestre de 2026 registra la venta de uno de ellos por 100 millones de pesos
Constructora Ballesteros, antecedente del Grupo Mexicano de Desarrollo, fue creada en 1959 y constituida con el nombre actual en 1975. Fue constructora y concesionaria de la Autopista del Sol y el Viaducto Diamante, impulsados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como parte del proyecto de Acapulco Diamante.
A través del consorcio Carbonser, también opera la terminal creada hace 27 años que suministra el carbón a la termoeléctrica Plutarco Elías Calles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Petacalco, fuertemente criticada por los habitantes debido a la contaminación que emite.
Primero construyen, luego regularizan
En 2022, la Semarnat le negó a la empresa Condominio Acapulco Punta Diamante 10 C1. A.C. la autorización de la MIA para el “mantenimiento, reforzamiento, recuperación y aprovechamiento de las obras actuales existentes de esparcimiento” en el área del mar colindante a este desarrollo inmobiliario conocido como Vista Real.
El condominio pretendió regularizar distintas obras que había construido 16 años antes, entre ellas un jacuzzi de dos niveles “recubiertos con azulejo veneciano, andadores y escalones alrededor, de concreto simple con grano grueso de mármol acabado martelinado”; una rampa vehicular; una cabaña; y una terraza.
La Semarnat argumentó que el objetivo de una MIA es prevenir impactos al medio ambiente en el área donde se pretenden llevar a cabo obras “más no para la regularización de dichas obras y/o actividades, ya que esta figura no se encuentra jurídicamente establecida en materia de impacto ambiental en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, dicta el documento consultado en la página de la dependencia.
En 2023, según una nueva MIA presentada por la administración del condominio, la delegación de Profepa abrió el expediente PFPA/19.3/2C.27.5/0001-2023 para inspeccionar el área de playa y le solicitó a la administradora Itchel Liera Patiño mostrar la autorización de la MIA de obras e instalaciones, pero no presentó el documento.
Aun así, la Semarnat le autorizó la MIA por 50 años de manera condicionada argumentando que “en la etapa de construcción, no se generaron impactos al ambiente, por no haber ninguna actividad alguna en esta etapa, ya que fueron realizados en su momento, y este proyecto se encuentra construido y en operación”.
En 2024, fue repuesto el proceso porque el huracán Otis destruyó el archivo documental de la oficina de la Semarnat dentro del Palacio Federal; el 31 de julio de 2025 le otorgó la concesión de 3 mil 5.09 metros cuadrados Zofemat por 15 años.
El 10 de marzo pasado, integrantes de la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores de Puerto Marqués llegaron en lanchas frente al lujoso condominio para denunciar que la construcción del restaurante a orilla del mar, al igual que otras alrededor de la bahía, los ha alejado de donde pescan diversos tipos de moluscos.
La evidencia del lanzamiento de rocas al lecho marino fue presentada en una denuncia en la Profepa, “pero por igual han hecho caso omiso, ya hablamos con los abogados, pero no les han dado seguimiento a los expedientes”, dijo el presidente de la asociación de pescadores, Gregorio Pérez Palma, en consulta telefónica para este texto.
La Profepa pidió a los marquesanos esperar porque sólo tienen dos buzos para hacer inspecciones en todo el estado, pero el restaurante estará pronto concluido “y a nosotros no nos han comunicado nada por la denuncia”, señaló Pérez Palma.
En 2003 la Semarnat aprobó la MIA a la empresa Grumar SA de CV para la construcción del condominio denominado originalmente Portomar II e integrado por dos torres de 40 departamentos cada uno; la construcción finalizó en 2006, un departamento de seis recámaras en dos niveles vale 47 millones 500 mil pesos, ofrece la empresa de bienes raíces Madrigal.
En 2005 la dependencia le aprobó la construcción de un muelle, una palapa y demás instalaciones a orilla del mar, y en 2008 la instalación de dos espigones.
Suspenden Ecos del Mar
El 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con un boletín emitido el día 23, la Profepa clausuró de manera “total temporal” el proyecto Ecos del Mar REV. 1 ubicado en el bulevar Cabo Marqués y le impuso una multa de un millón 244 mil 540 pesos porque incumplió el resolutivo de la MIA aprobada por la Semarnat dos años antes bajo la condición de realizar distintas medidas de mitigación y no “dejar fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptible de desplazamiento y de deslave hacia terrenos, banquetas, calles aledañas y zonas federales”.
La evidente deforestación ocurre metros más arriba de los conocidos petrograbados que van del año 200 al 750 d.c., la Sociedad Cooperativa de Pescadores y Buceadores denunció los deslaves de la tierra.
De acuerdo con la página de Internet de Ecos del Mar, el proyecto consiste en 12 lotes residenciales colindantes con el mar desde mil 382.52 metros cuadrados, 17 lotes residenciales en montaña desde 500 metros cuadrados y tres lotes condominales desde 4 mil 915 metros cuadrados. Se llamó al número que se muestra en la página, una vez respondieron pidiendo llamar después, pero sin contestar a la pregunta sobre la suspensión.
Texto: Ramón Gracida Gómez (Segunda y última parte)
