Acapulco, Guerrero, 24 de noviembre de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer la Resolución 93/2021 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), en Acapulco, Vicente Iván Suástegui Muñoz y su familia, tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, explica en boletín.
La información aportada por las partes indica el comunicado es que desde el 5 de agosto de 2021 no se conoce el destino o paradero de Suástegui Muñoz, y pese a las investigaciones y acciones de búsquedas impulsadas por el Estado, a la fecha no se habría dado con él.
Además, de la situación de las y los integrantes de la familia de Suástegui Muñoz que se encontrarían frente a posibles represalias por sus labores de denuncia y búsqueda en una zona que presuntamente tendría presencia de grupos delictivos.
La CIDH consideró lo mencionado en el párrafo anterior, atendiendo las características propias del asunto y a la luz del estándar prima facie (a primera vista) otorgar la medida cautelar con base en el artículo 25 de su Reglamento, y solicitar a México que: adopte las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Vicente Iván Suástegui Muñoz, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; adopte medidas necesarias para la protección de la vida e integridad personal de los integrantes identificados de la familia del señor Suástegui; y, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables, concluye el boletín.
Llama a México a “intensificar esfuerzos” para esclarecer espionaje con Pegasus
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a “intensificar sus esfuerzos” para esclarecer y sancionar el uso del software Pegasus para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, entre otros.
En un comunicado, la Relatoría pidió a México avanzar “en el pleno esclarecimiento de los hechos y en la sanción efectiva de los responsables”, además de “adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas y sus representantes, así como a operadores judiciales y personas vinculadas al proceso judicial”.
El organismo reconoció los avances en la investigación del uso del software Pegasus en México, como la detención -el pasado 1 de noviembre- de Juan Carlos “G”, quien trabajaba en el área de soporte técnico en las empresas Proyectos y Diseños VME y KBH Track, fundadas por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama.
El sujeto fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui, mediante el uso del malware Pegasus.
La Relatoría saludó la imposición de la prisión preventiva al detenido, como medida cautelar, y señaló que “constituye un paso trascendental en la investigación de los hechos denunciados el pasado mes de agosto por la CIDH, la RELE y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la utilización del software Pegasus para espiar a distintas personalidades públicas”.
Además, el organismo reitera su llamado a una moratoria inmediata sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en sintonía con las obligaciones internacionales de derechos humanos”.
Texto: Redacción / Foto: Carlos Alberto Carbajal-Archivo
