Se focaliza en la elección de ministros, magistrados y jueces y no incluye la procuración de justicia que corresponde al Poder Ejecutivo y que se caracteriza por “investigaciones no confiables”, señala Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 13 de septiembre de 2024. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la reforma judicial que se aprobó en la Cámara de Senadores la madrugada del miércoles “es un paso muy corto en términos de lo que se requiere para un cambio real y sustantivo en cuanto al sistema de justicia en nuestro país”.
Abel Barrera reconoció que la reforma judicial es necesaria, pero que tenía que ser más amplia e incluirse la procuración de justicia pues en los ministerios públicos y en las fiscalías, tanto en la General de la República como en la de los estados, se dejó un gran vacío, “y sólo se focalizó en el nombramiento de jueces, magistrados y ministros”.
Explicó que el problema de la falta de justicia y la impunidad es que no hay investigaciones confiables, que atiendan el clamor de las víctimas, y esta tarea corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo aunque las fiscalías se presenten como autónomas.
“No hay investigaciones confiables, y si no se integran bien las carpetas o no llegan a los tribunales o están mal integradas, es obvio que el Poder Judicial va a decir que no hay elementos”.
Para el defensor de derechos humanos, por esta primera etapa del proceso de investigación y judicialización de los casos se debió haber empezado, “pero no está siendo incorporada en la reforma, solo se tocó la parte del Poder Judicial, es decir, a los que aplican justicia, pero no a los que hacen investigaciones y elaboran los expedientes y las carpetas, y eso también forma parte del aparato de procuración de justicia”.
Para el activista en materia de derechos humanos, la reforma que se aprobó por el Senado la noche del martes está incompleta, y no va a trascender en las comunidades campesinas, indígenas y en los sectores populares, “donde lo que se pide es que se termine con la impunidad, y esta tiene que ver con la buena integración de las denuncias o carpetas de investigación”.
Indicó que para terminar con la impunidad, también se necesita personal especializado, con sensibilidad para atender a la población que no habla español y que no conoce los procedimientos, “pero vemos que esta es una demanda que queda trunca”.
Para Abel Barrera, la discusión de la reforma judicial solo fue entre grupos de poder, partidos políticos y la élite gobernante, “a pesar de que se diga que es una reforma que pidió el pueblo”.
Abundó: “Yo creo que si hay un reclamo hondo de justicia, es porque no hay avances en las investigaciones de los casos de impunidad desde la década de la guerra sucia”.
Opinó que las fallas estructurales están en que no hay un equipo multidisciplinario que atienda a las victimas, que le den seguimiento a los casos, que encuadren bien los delitos, que no protejan a quienes violan derechos humanos, a los perpetradores”.
El defensor de derechos humanos declaró que el escenario que se vislumbra es que en las regiones más olvidadas, donde hay mucha violencia e impunidad, no va a haber cambios cualitativos y van a continuar sin una justicia expedita, gratuita y apropiada.
“Si acaso tendrán la posibilidad de ver en las boletas los nombres de quienes quieren que sean los jueces y magistrados, pero quienes van a decidir serán los grupos de poder; el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, porque las ternas van a salir de quienes tienen los hilos del poder”.
En estas circunstancias, adelantó que la gente no se sentirá identificada con ellos, “seguirá habiendo un distanciamiento y una brecha muy grande porque representarán los intereses de los grupos políticos y económicos y no los intereses de la población mayoritariamente pobre”.
De tal suerte que, dijo, sus actuaciones tendrán consigna política, no serán imparciales, ni objetivas, ni profesionales.
Agregó, además, que hay círculos cerrados dentro del aparato de justicia en el país que no se tocaron en la reforma, “no se obliga a que todas las autoridades, el ejército en concreto, entregue toda la información para hacer investigaciones amplias, profundas y llegar a los elementos que implementaron estrategias de contrainsurgencia y desaparición de personas”.
Reprochó: “Eso sigue en la opacidad, eso no se toca, aunque también tenga que ver con el sistema de justicia en el país, las graves violaciones a los derechos humanos también se tienen que investigar y en eso tiene mucho que ver la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de los estados”.
Indicó que por eso se dice que la reforma tiene una tendencia a controlar al Poder Judicial, pero no por la sociedad ni por mecanismos ciudadanos, sino por el Poder Ejecutivo y el Legislativo “y más si hablamos que pertenecen a un mismo partido”.
También opinó que la corrupción no se va a terminar en el PJF por el solo hecho de que se elija a los jueces, magistrados o ministros, o porque haya órganos de vigilancia.
Texto: Zacarías Cervantes
