
Ciudad de México, 18 de noviembre de 2025.- La gravedad del “cáncer” que representa la extorsión favoreció un respaldo unánime a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar ese delito en el seno de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República.
Los senadores concretaron cambios en al menos 15 artículos a la minuta que hace casi un mes recibieron de la Cámara de Diputados, para impedir la liberación de delincuentes sentenciados y para favorecer la operación de unidades especializadas de atención al delito.
De acuerdo con el dictamen -que será aprobado este miércoles por el pleno- la pena mínima se eleva de seis a quince años y la máxima de 15 a 25.
Seamos serios: una Ley General no resuelve por sí sola el problema que ya desbordó al Estado. Necesitamos un presupuesto real para los estados. La extorsión es un delito principalmente del fuero común. Sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales, la ley será letra muerta”, previno la senadora priista Carolina Viggiano.
La Secretaria general del tricolor hizo notar que los artículos transitorios “señalan con claridad que no hay recursos para esta ley; pero además señalan que se van a apoyar en las fiscalías que se dedican actualmente al secuestro. Esto es engañarnos a nosotros mismos.
“Si no tiene un presupuesto que lo haga moderno, que tenga tecnología, capacitación suficiente esto no va a servir. Por eso necesitamos hacer una ley que sea viable, que sí funcione, porque con el paso del tiempo la gente nos va a reclamar, nos va a decir: tanto hacer una ley para que no sirva para nada”.
En el mismo tono se manifestó la panista Guadalupe Murguía, quien dijo que le preocupaba lo dispuesto en el noveno transitorio, en el que señala que no habrá recursos adicionales ni ampliaciones presupuestales.
“Y preguntaríamos, ¿con qué recursos se van a crear las unidades especializadas en materia de extorsión? ¿Quién va a capacitar, a evaluar a los ministerios públicos, analistas, policías? ¿Con qué recursos va a operar el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión que tiene a su cargo la Secretaría de protección y Seguridad Ciudadana? Los mecanismos de atención y protección a las víctimas y a los testigos también requieren recursos adicionales para ser eficaces”, cuestionó.
La senadora queretana explicó que sino se asignan recursos suficientes para el cumplimiento de la ley, “esto solo va a ser un catálogo de buenas intenciones. Las leyes solo son eficaces, sólo tienen un efecto disuasivo cuando se aplican. El gran reto en este delito es acabar con la impunidad.
“Con esta impunidad en la que con mucha frecuencia est·n involucradas las autoridades de todos los niveles y que ha llevado al delito de extorsiÛn a ser un delito altamente frecuente en nuestro país”.
El presidente de la comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, intervendría para aclarar que lo establecido en ese artículo transitorio sólo atañía “al presente ejercicio fiscal”.
Por voz de Alejandra Barrales, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) planteó que el de la extorsión “es hoy por hoy uno de los delitos que tiene de rodillas a cada vez más mexicanos.
“Así lo han expresado diferentes voces, sobre todo de empresarios a lo largo y ancho de nuestro país, en muchas ocasiones con consecuencias lamentables que han sido públicas, que han sido conocidas. Y lamentablemente todo lo que tiene que ver con este asunto: el cobro de piso, las llamadas, los mensajes intimidatorios que todos los días conocemos de gente cercana, vecinos, familiares, que se están dando de manera permanente en nuestro país”.
El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista (PVEM), celebró que se haya corregido la estrategia.
“Somos aliados, pero no paleros (…) Yo creo que algo muy importante que hay que hacer es reconocer el cambio de estrategia. Sin lugar a dudas, hoy se están haciendo y empezando a hacer las cosas bien, pero también hay que reconocer que esto viene de un tiempo donde las cosas se dejaron hacer y se dejaron pasar, y que eso causó mucho daño. Le causó mucho daño al pueblo de México, le causó mucho daño a la gente que hoy tienen a un pariente, a un conocido que fue muerto, fue asesinado por el simple hecho de no pagar derecho de piso.
“La extorsión le ha generado mucho daño a nuestro país y hoy celebramos que estemos avanzando, pero también hay que reconocer de dónde venimos. Esto no se había hecho hasta ahorita y creo que vamos tarde, tarde y eso no es bueno para el pueblo de México”.
El morenista Corral explicó que se habían hecho “adecuaciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de las personas involucradas en las conductas, reiterando la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Establecer este deber es indispensable como un recordatorio a las autoridades de ajustar siempre su actuar al mandato constitucional”.
Agencia Reforma


