Los comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá, Tecoanapa y Dos Ríos consideran una transgresión al territorio comunitario que estén entrando otros grupos armados y, “máxime si se trata de este grupo paramilitar”.
Chilpancingo, Guerrero, 20 de junio de 2019. La dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) condicionó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) la libertad del ex comandante regional de la Policía Comunitaria de Poza Verde, municipio de San Luis Acatlán, Ulises Hernández y de su hermano Jhonatan, a que puedan operar en territorio comunitario.
Los comités de enlace de Huamuxtitlán-Olinalá, Tecoanapa y 2 Ríos llamaron a las comunidades de San Luis Acatlán a organizarse para defender juntos su territorio, mantener la paz, justicia y seguridad, después de deslindarse de los acuerdos.
Derivado de los acuerdos “que de manera unilateral” tomaron dos coordinadores de la CRAC, y de la Policía Ciudadana de la UPOEG irrumpió con patrullajes en el municipio de San Luis Acatlán la noche del martes y durante ayer miércoles, sin que todavía hayan sido liberados el ex comandante y su hermano, quienes, según sus familiares, están siendo torturados desde el 12 de junio que fueron detenidos en Marquelia por la UPOEG.
Los hermanos Ulises y Jhonatan Hernández, así como Jaime Luna Campos fueron detenidos por policías ciudadanos acusados del asesinato del coordinador de la CRAC de la casa matriz de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, ocurrido el 12 de abril a unos metros de esa Casa de Justicia.
Exigen la libertad de los tres detenidos
En un pronunciamiento familiares y representantes de la comunidad de Poza Verde exigieron ayer la libertad de los tres detenidos, aseguraron que son inocentes.
En el escrito dicen que el 12 de abril cuando fue asesinado el coordinador de la CRAC, Ulises se la pasó todo el día en esa comunidad, a ratos en la Comisaría municipal y en la casa de sus padres.
En una reunión el lunes pasado en las instalaciones que la UPOEG utiliza como cuartel en Copala, se reunieron los coordinadores de la CRAC Arcadio Cortés Ángel y Adulfo Esteban De La Cruz con los familiares de los detenidos, y el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, con quien los primeros acordaron que la Policía Ciudadana opere en el territorio de la CRAC para hacer investigaciones y detenciones.
A cambio la UPOEG liberaría a los hermanos Ulises y Jhonatan Hernández, pero éstos continuaban detenidos ayer y la Policía Ciudadana de la UPOEG ya entró desde la noche del martes a San Luis Acatlán, denunció la comunidad de Poza Verde en un comunicado ayer.
Mientras tanto los familiares del ex comandante regional de la Policía Comunitaria, Ulises Hernández, denunciaron que sigue siendo torturado por las noches, cuando los familiares se retiran de la comandancia de la Policía Ciudadana por medidas de seguridad.
La comunidad de Poza Verde que pertenece a la CRAC rechazó el acuerdo del dirigente de la UPOEG con los dos coordinadores de la CRAC, para que la Policía Ciudadana opere en territorio comunitario.
En un comunicado refieren que esos acuerdos no fueron consultados con todas las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que son 42, y denuncian que el acuerdo solamente se tomó entre 8 o 10 comunidades, por lo que no hay quórum.
También aseguran que los consejeros Arcadio Cortés Ángel y Adulfo Esteban De la Cruz que estuvieron en la asamblea, no cuentan con el respaldo de sus propias comunidades y ya se están manifestando en contra de los acuerdos que tomaron.
“Los coordinadores (que tomaron el acuerdo) son dos y el reglamento dice que deben ser cinco, dos no pueden tomar decisiones de esa naturaleza, y aun cuando hubieran estado los cinco coordinadores se debió haber convocado a una asamblea general”, dijo uno de los enlaces que pidió que no se cite como fuente porque hay una consulta entre todas las comunidades en donde opera la CRAC, para manifestarse en contra de ese acuerdo, pero que por lo pronto ya lo hizo Poza Verde porque son los directamente afectados con sus detenidos.
Agregó que el desacuerdo con lo que asumieron los dos coordinadores no es solamente de esa comunidad, hay inconformidad con la mayoría de las comunidades de San Luis Acatlán, así como de la Casa de Justicia de Espino Blanco y de la comisión de enlace de Tecoanapa.
Agregó que en las comunidades donde opera la CRAC toman como “graves” y como una violación al territorio comunitario las irrupciones de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Informó que ya están realizando las asambleas en las comunidades porque están en desacuerdo con la actitud de los dos coordinadores, “que tomaron una decisión de manera unilateral, verticalizada y no se está respetando el proceso horizontal propio de la CRAC”.
Advirtió: “muchos compas estamos viendo un posible escenario de enfrentamientos, pero quienes luchamos por la justicia y por la paz en nuestras comunidades vamos a tratar de que no sea así, de que sea todo con la razón, pero sí, vemos posibilidades de una lucha mucho más arriesgada y encarnada”.
Por lo pronto dijo que exigen la liberación del ex comandante de Poza Verde, Ulises Hernández, “a quien es un hecho que están torturando todas las noches, en cuanto su familia se despega de la comandancia por seguridad de ellos mismos, es cuando comienzan a torturarlo”.
Denunció que lo están obligando a que se culpe del asesinato del coordinador de la CRAC Julián Cortés, pero que su comunidad dice que es imposible que haya sido él porque el día de los hechos lo vieron allí, “estuvo en la Comisaría y después en la casa de sus padres, es imposible que él haya sido porque nosotros como comunidad lo vimos aquí ese día”.
El enlace dijo que creen que la UPOEG está jugando con su detención, “aprovechando que el equipo que controla la casa matriz de la CRAC, que es Sabás Aburto y sus compinches están pidiendo a Ulises y a cambio les están permitiendo entrar a territorio comunitario”.
El deslinde
Los comités de enlace de Huamuxtitlán-Olinalá, Tecoanapa y 2 Ríos llamaron a las comunidades de San Luis Acatlán a organizarse para defender juntos su territorio, mantener la paz, justicia y seguridad, después de deslindarse de los acuerdos que hicieron una parte de la CRAC-PC de San Luis Acatlán y la UPOEG.
En un comunicado enviado a El Sur firmado por los comités de enlace de las tres comunidades explicaron que son tres las razones por las que se deslindan de ese acuerdo.
La primera porque es “una grave violación” al reglamento de la CRAC-PC y al espíritu comunitario de dicha organización al hacer el acuerdo dos coordinadores sin legitimidad.
Explica que el reglamento establece que todo acuerdo debe de ser por lo menos de cuatro coordinadores en activo, y no “unos cuántos auto nombrados consejeros regionales”, que no han sido ratificados en una asamblea general de autoridades comunitarias y ni siquiera en una de representantes, y que muchos de ellos tampoco cuentan con el respaldo de sus comunidades, y ni una cuarta parte de los 42 comisarios que integran la Casa de Justicia de San Luis Acatlán”.
La segunda razón es que no se tomó en cuenta a los Comités de Enlace de la Casa Matriz para la decisión e información del acuerdo.
La última razón es porque el acuerdo es con “una organización violentadora de derechos humanos como lo es la UPOEG”, lo que es “una grave violación a los más fundamentales principios de justicia, seguridad y respeto a los derechos humanos que son la esencia de la CRAC-PC”.
Los integrantes de los comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá, Tecoanapa y 2 Ríos consideraron una transgresión al territorio comunitario de la CRAC-PC estén entrando otros grupos armados y, “máxime si se trata de este grupo paramilitar”.
Mencionan que en el territorio CRAC-PC se mantiene “un clima de paz, de justicia y seguridad comunitarias, no obstante en donde opera la UPOEG la violencia se vive al máximo, desde asesinatos hasta extorsiones y cobros de piso”.
Urgieron a las comunidades de San Luis Acatlán de la Casa de Justicia Matriz que no están de acuerdo con la “trangresión”, a que se organicen y defiendan lo que les ha costado construir en 24 años de actividad comunitaria, “porque el respeto a nuestros derechos será justicia”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
