Texto: DPA/ Foto: Redes sociales
Buenos Aires, Argentina, 7 de agosto de 2018.La Cámara de Senadores de Argentina debatirá este miércoles el proyecto que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.
Si la iniciativa es aprobada se transformará en ley porque ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, que lo hizo después de una sesión llevada a cabo el 14 de junio último que se extendió por 23 horas.
Sin embargo, si los senadores aprueben cambios en el texto legislativo, deberá regresar a la Cámara baja para que éstos sean refrendados.
En cambio, si la mayoría de los senadores vota en contra del aborto, el proyecto caerá de forma definitiva por este año legislativo y recién podrá volverse a debatir en 2019.
Los siguientes son algunos de los aspectos legales que contempla el texto que será debatido en el Senado:
¿En qué casos la ley argentina contempla la posibilidad de abortar?
El Código Penal argentino, que entró en vigor en 1921, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un “atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, según la norma.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación, ya sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal; sólo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que quiera detener el embarazo.
¿Qué reformas establece el proyecto de ley en discusión?
La iniciativa sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y a contar con la posibilidad abortar, en un plazo máximo de cinco días, en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país.
Después de ese lapso, el aborto estará garantizado sólo para los casos de embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la muerte del feto. La práctica del aborto no requerirá de una autorización judicial previa. Los profesionales de la salud podrán negarse a practicarlo, aunque deberán informarlo y los hospitales, reemplazarlos. En tanto, las adolescentes menores de 16 años deberán tener el consentimiento de sus padres.
¿Quiénes son los autores del proyecto?
La iniciativa fue presentada por más de 300 organizaciones sociales, científicas, políticas y de derechos humanos agrupadas en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creada en 2003. En seis ocasiones anteriores el debate del proyecto no prosperó en el Parlamento por no contar con el aval mayoritario de las bancadas. La Campaña levanta como consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, exhibe como símbolo un pañuelo de color verde.
¿Qué información recibirá la mujer que decide abortar?
La iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados establece el funcionamiento de consejerías en los hospitales y clínicas del sistema de salud del país para brindarles a las mujeres, antes y después de la interrupción del embarazo, información de carácter médica, social y psicológica. En el mismo ámbito se dará información sobre los distintos métodos de anticoncepción disponibles, como también la entrega de esos elementos.
Argentina cuenta desde 2015 con un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que fue desarrollado por el Ministerio de Salud. Este conjunto de reglas, sin embargo, se aplica en sólo diez de los 24 distritos en los que se divide el país.
Si la iniciativa es aprobada se transformará en ley porque ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, que lo hizo después de una sesión llevada a cabo el 14 de junio último que se extendió por 23 horas.
Sin embargo, si los senadores aprueben cambios en el texto legislativo, deberá regresar a la Cámara baja para que éstos sean refrendados.
En cambio, si la mayoría de los senadores vota en contra del aborto, el proyecto caerá de forma definitiva por este año legislativo y recién podrá volverse a debatir en 2019.
Los siguientes son algunos de los aspectos legales que contempla el texto que será debatido en el Senado:
¿En qué casos la ley argentina contempla la posibilidad de abortar?
El Código Penal argentino, que entró en vigor en 1921, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un “atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, según la norma.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación, ya sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal; sólo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que quiera detener el embarazo.
¿Qué reformas establece el proyecto de ley en discusión?
La iniciativa sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y a contar con la posibilidad abortar, en un plazo máximo de cinco días, en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país.
Después de ese lapso, el aborto estará garantizado sólo para los casos de embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la muerte del feto. La práctica del aborto no requerirá de una autorización judicial previa. Los profesionales de la salud podrán negarse a practicarlo, aunque deberán informarlo y los hospitales, reemplazarlos. En tanto, las adolescentes menores de 16 años deberán tener el consentimiento de sus padres.
¿Quiénes son los autores del proyecto?
La iniciativa fue presentada por más de 300 organizaciones sociales, científicas, políticas y de derechos humanos agrupadas en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creada en 2003. En seis ocasiones anteriores el debate del proyecto no prosperó en el Parlamento por no contar con el aval mayoritario de las bancadas. La Campaña levanta como consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, exhibe como símbolo un pañuelo de color verde.
¿Qué información recibirá la mujer que decide abortar?
La iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados establece el funcionamiento de consejerías en los hospitales y clínicas del sistema de salud del país para brindarles a las mujeres, antes y después de la interrupción del embarazo, información de carácter médica, social y psicológica. En el mismo ámbito se dará información sobre los distintos métodos de anticoncepción disponibles, como también la entrega de esos elementos.
Argentina cuenta desde 2015 con un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que fue desarrollado por el Ministerio de Salud. Este conjunto de reglas, sin embargo, se aplica en sólo diez de los 24 distritos en los que se divide el país.
A continuación, un repaso de la situación legal del aborto en otros países de América latina:
México: El aborto es legal en los 32 estados de México para casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos incluyen otros casos en su normativas, como malformaciones en el feto, peligro para la vida de la mujer, inseminaciones artificiales no consentidas o precariedad económica de la madre si tiene ya tres hijos o más. Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Brasil: El aborto solo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional. En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga. Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500.000 mujeres se someten a abortos clandestinos en el país.
Chile: El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.
Uruguay: La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Para ello debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar de su decisión de interrumpir la gestación. Profesionales de la salud deben organizar ese mismo día o al siguiente una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social para informar a la mujer de otras alternativas. Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá, con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Venezuela: El aborto está permitido en Venezuela sólo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.
Cuba: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana 12 de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse, por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.
Estados Unidos: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos desde 1973. La Suprema Corte de Justicia dictaminó en un fallo, a partir de un juicio iniciado por una embarazada producto de una violación, que la mujer tiene el derecho de decidir llevar o no el embarazo a término. El aborto puede practicarse durante las primeras 12 semanas de embarazo.
El Salvador: La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
México: El aborto es legal en los 32 estados de México para casos de embarazo por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos incluyen otros casos en su normativas, como malformaciones en el feto, peligro para la vida de la mujer, inseminaciones artificiales no consentidas o precariedad económica de la madre si tiene ya tres hijos o más. Organizaciones civiles y de derechos humanos señalan que en la práctica no hay facilidades para realizar un aborto, incluso bajo esos motivos. El único estado en el que el aborto es legal para cualquier mujer es la Ciudad de México, que en 2007 reformó su Código Penal para incluir el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Brasil: El aborto solo se permite en Brasil en casos de violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia fetal. No es considerado crimen el aborto realizado fuera de territorio nacional. En todos los otros casos, el Código Penal lo considera delito contra la vida humana y están previstas penas de prisión de uno a tres años para la gestante que provoque o permita que otra persona lo haga. Para quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada, las penas van de tres a diez años. En los casos permitidos, el Estado lo puede realizar por medio del SUS (Sistema Único de Salud, público). Según la Investigación Nacional del Aborto, llevada a cabo por la Universidad de Brasilia, cada año 500.000 mujeres se someten a abortos clandestinos en el país.
Chile: El 14 de septiembre de 2017 la entonces presidenta Michelle Bachelet promulgó una histórica ley que despenaliza el aborto voluntario en tres casos: cuando exista riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Desde 1931 estuvo vigente en el país una ley de aborto terapéutico que la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) derogó pocos meses antes del término de su régimen. Hasta la sanción de la ley en 2017, el aborto en cualquier circunstancia era castigado con penas de prisión.
Uruguay: La interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en 2012. La ley le quitó responsabilidad penal a la mujer que recurra a un aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Para ello debe asistir a una consulta médica en hospitales del sistema nacional de salud e informar de su decisión de interrumpir la gestación. Profesionales de la salud deben organizar ese mismo día o al siguiente una consulta con un equipo interdisciplinario de apoyo psicológico y social para informar a la mujer de otras alternativas. Desde la vigencia de la ley, Uruguay se convirtió en el segundo país, detrás de Canadá, con menor mortalidad materna en América, según la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Venezuela: El aborto está permitido en Venezuela sólo en los casos de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer. El Código Penal establece una sanción que va de los seis meses a los dos años de cárcel para la mujer que interrumpa su embarazo.
Cuba: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Cuba desde hace más de medio siglo. Está contemplado hasta la semana 12 de gestación y se puede practicar en instituciones del sistema de salud pública. El plazo para practicar un aborto podrá extenderse, por razones médicas o de salud, hasta la semana 22 de gestación.
Estados Unidos: La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Estados Unidos desde 1973. La Suprema Corte de Justicia dictaminó en un fallo, a partir de un juicio iniciado por una embarazada producto de una violación, que la mujer tiene el derecho de decidir llevar o no el embarazo a término. El aborto puede practicarse durante las primeras 12 semanas de embarazo.
El Salvador: La normativa en El Salvador prohíbe el aborto y es una de las más duras que rigen en América. La mujer que decide someterse a una intervención de ese tipo y es descubierta puede enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión.
