Ciudad de México, 12 de mayo de 225.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó hoy que el gobierno federal no fue notificado sobre el retiro de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por lo que dijo que pedirá información a Estados Unidos sobre esa decisión.
“No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitieron, que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información, no no nos vamos a adelantar”, comentó Sheinbaum en la conferencia mañanera.
La presidente evitó responder directamente a una pregunta sobre si la omisión de Estados Unidos en la comunicación oficial ya había dañado la relación.
“Se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retiran estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no, no fuimos notificados”, indicó.
Sin aclarar el motivo ni ofrecer detalles, la gobernadora Ávila, emanada de Morena, anunció el sábado que le fue retirada su visa para ingresar a Estados Unidos.
También su esposo Carlos Torres, quien se desempeña como coordinador de Regeneración de Espacios Públicos en el gobierno de Baja California, fue notificado del retiro de visa estadounidense, según informó él mismo.
La administración estatal no detalló cuáles son las implicaciones de esta condición migratoria en el diálogo con autoridades estadounidenses.
Se trata de la primera gobernadora en funciones a quien el gobierno de Estados Unidos le retira el documento de internación.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que en ninguno de los dos casos el gobierno federal fue notificado, por lo que urgió a que haya siempre coordinación con el gobierno de Estados Unidos.
Quitan visa a esposo de la gobernadora de BC en garita
Agentes estadounidenses retiraron la visa de turista a Carlos Torres, esposo de la Gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, cuando intentaba cruzar la frontera con ese país por la garita internacional de Tijuana.
De acuerdo con el semanario Zeta, hace unas dos semanas, Torres fue atendido en el punto por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y al ser ingresados sus datos a la computadora encontró una alerta emitida por el Departamento de Estado.
Torres fue informado que debía pasar por una revisión más a detallada y fue transferido a los patios de inspección secundaria donde se le notificó que su visa había sido revocada, que se le retiraría en ese momento y que debía regresar a México.
Al coordinador de Regeneración de Espacios Públicos en el Gobierno de Baja California no se le dieron los motivos de la medida ni ninguna información adicional y regresó a territorio mexicano sin oponer resistencia.
El ex diputado federal informó hace dos días en redes sociales que su visa de no migrante había sido revocada, una medida que “ocurre con muchas personas en contextos similares”, debido a “disposiciones internas del Departamento de Estado” de Estados Unidos.
Fuentes citadas por el semanario afirmaron que el personal de la CBP ejecutó la medida contra Torres en una de los dos garitas internacionales de Tijuana debido a una investigación desde Washington que lleva varios meses en marcha por negocios o acuerdos con grupos ilícitos.
La que sí fue notificada vía consular, por respeto a su investidura y para que no pasara un momento difícil o incómodo al intentar cruzar la frontera, fue Ávila, con lo que se convirtió en la primera Gobernadora en funciones a quien que se le retira el documento de internación al vecino país.
Sin aclarar el motivo, Ávila anunció el pasado 10 de mayo que le fue retirada su visa, medida que también aplica para su esposo, pero no detalló las implicaciones de esa condición migratoria en el diálogo con autoridades estadounidenses.
La también presidenta de la Conago justificó que en su caso la decisión de las autoridades estadounidenses se da en un “contexto binacional complejo”.
El matrimonio tiene una relación cotidiana con Estados Unidos, pues incluso el bebé de ambos nació en Brawley, California, el 14 de enero de 2022, a unos 50 kilómetros de Mexicali, además de que la primera hija de la Gobernadora con su ex pareja también nació en California.
Legisladores del PAN y de MC han exigido a Ávila aclarar los motivos por los que le fue retirada la visa, dada la importancia que tiene para Baja California el diálogo con Estados Unidos.
Las denuncias contra un cuñado de Ávila
Desde el 19 de marzo pasado, el Gobierno federal tuvo conocimiento de denuncias por contrabando contra Roberto Ruiz Armas, agente aduanal con patente número 1656, quien es vinculado a Luis Torres, hermano del esposo de la Gobernadora Ávila.
Desde 2014, a Ruiz Armas se le ha vinculado como operador de una red de tráfico ilegal de autos “chocolate” y de mercancías en las aduanas de Tecate y Mexicali, y esta relacionado con Luis Torres, quien supuestamente también es acusado por tráfico de hidrocarburos en esos cruces.
Desde 2014, Grupo REFORMA informó que una red de tráfico de influencias que importaba vehículos a México era investigada por el Gobierno federal y el Poder Judicial de la Federación.
Según la indagatoria, nueve de las empresas que aparecían y pagaban montos millonarios a funcionarios federales y titulares de juzgados y tribunales de Baja California y el Estado de México, que habían permitido que miles de autos “chocolate” ingresaran al País desde EU sin cumplir los requisitos necesarios, eran representadas o estaban vinculadas a Ruiz Armas, como Goga Automotriz, Alfa Agro, Autos Adrey y Kikis Automotriz.
En 2017, REFORMA publicó que Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, fue destituido por el SAT porque formaba parte de una red para importar autos “chocolate”, tráfico ilegal de mercancías e incluso traficar patentes para agentes aduanales.
En la red también estaba involucrado el agente Ruiz Armas.
En 2018, de nuevo se alertó sobre denuncias de importadores de autos sobre funcionarios del SAT en Aduanas, loteros y agentes aduanales, quienes operaban una red para importar cada semana cientos de autos ilegales por las aduanas de Mexicali y Ciudad Juárez.
Al año siguiente, se volvió a publicar sobre una denuncia ante autoridades fiscales de la importación ilegal de autos, en la que estaban implicadas empresas de México, Estados Unidos y funcionarios de Aduanas de Baja California y Tamaulipas.
Texto y foto: Agencia Reforma
