La fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, de la FGR, Adriana Lizárraga González, estableció ese compromiso en reunión con el Comité por la Justicia del caso el pasado 9 de febrero, informa el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas
Chilpancingo, Guerrero, 23 de febrero del 2026.- A tres años del inicio de la carpeta investigación por desaparición forzada de la doctora Adela Rivas Obé, que ocurrió el 22 de septiembre de 2016, y condujo a su asesinato descubierto el 17 de octubre de ese año, su hijo, Bolívar Darío Rojas Rivas, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a gestionar ante el IMSS la información que permitirá establecer el robo de medicamentos como la causa de la desaparición forzada contra la médica cirujana del IMSS.
Para esto intervino la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Adriana Lizárraga González, en una reunión del 9 de febrero pasado.
Rojas Rivas solicitó, en representación del Comité de Justicia por la doctora Adela Rivas Obé, que la información recabada, se presente en una reunión en Atoyac, el próximo miércoles 25 de febrero.
Vía telefónica, explicó que en noviembre y diciembre de 2025, el agente del MPF, Rodrigo Maldonado Palacios canceló y reprogramó reuniones de seguimiento, y el 9 de febrero de 2026, canceló de último minuto otra cita en la Ciudad de México, porque salió de comisión, pese pedir la confirmación de asistencia a la familia el día anterior.
Una actuación que consideró sospechosa, porque la asesora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que está asignada al expediente, no estaba enterada de la suspensión de la reunión, ni tampoco había acta ni registro formal de la cita ministerial en la Ciudad de México.
Recordó que los agentes del MPF asignados al caso habían insistido mucho en la solución abreviada del caso, para no llevar a a juicio asesino, Edgar Arturo Cuéllar Bravo, por la desaparición forzada y delitos conexos.
Antes de volver a Guerrero, Rojas Rivas pudo abordar a la fiscal Titular, Adriana Lizárraga, a su llegada a las oficinas de la FEIDDF de la FGR, y le solicitó un plazo de cinco minutos para exponer el caso, pero el encuentro se extendió por más de cuatro horas con las comparecencias del MPF, Luis Ernesto Hernández Martínez, supervisor de Maldonado Palacios. Agregó que en esa reunión se conoció que el MPF Maldonado Palacios sí estaba de comisión fuera de la Ciudad de México.
Puntualizó que la fiscal llamó al personal que tiene a su cargo el caso y, al advertir fallas en la debida conducción y supervisión, ordenó expresamente levantar constancia escrita de lo manifestado durante esa reunión, así como de los compromisos que asumieron los agentes ministeriales, estableciendo como fecha límite de cumplimiento el 25 de febrero de 2026.
Rojas Rivas denunció que la FGR solo les ha otorgado a los familiares una copia del expediente de investigación de la Desaparición Forzada de la doctora, en una memoria USB, “con las hojas mal escaneadas y la mayor parte mal copiado”.
Rojas Rivas urgió que el MPF entregue la copia física y legible de la carpeta de investigación en torno al caso de la doctora Adela Rivas Obé, para que los familiares tengan “las herramientas mínimas de defensa” en la audiencia programada para el 23 de marzo de este año.
Como parte de las diligencias que no se habían realizado, urgió que el MPF investigue la situación laboral del imputado y de la víctima en el IMSS; a la doctora Rivas Obé que estaba en la dirección de Microzona en la región Costa Grande, y al homicida, como encargado de la Administración de la Farmacia de la clínica del IMSS de Petacalco.
Subrayó que su mamá fue asesinada en cumplimiento de una instrucción oficial de la Delegación del IMSS de Guerrero, con sede en Acapulco, sobre que la doctora Adela Rivas investigara un robo de medicamentos controlados en una de las clínicas que tenía a su cargo; y ésta debe ser una línea de investigación para esclarecer la desaparición forzada y posterior asesinato de la doctora Rivas.
Dijo que se solicitó que la Fiscalía de la República haga uso de las medidas de apremio previstas en la legislación aplicable a efecto de requerir formalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la entrega de la información relacionada al caso, toda vez que resulta jurídicamente improcedente trasladar a las víctimas la carga de acreditar hechos, cuya documentación se encuentra exclusivamente en los archivos institucionales del propio IMSS.
“El IMSS y sus Órganos Internos de Control nos han impuesto a nosotros como familiares, plazos perentorios de cinco días hábiles para aportar documentos que ‘acrediten’ que la doctora Adela Rivas Obé si investigaba el robo de medicamentos controlados, lo cual es un error, ya que solo el IMSS puede poseer esos documentos oficiales”, reprochó.
Agregó que, hasta la fecha, “la autoridad ministerial no ha ejercido sus facultades coercitivas frente a una institución pública que posee información clave del caso, y es importante para el esclarecimiento de la desaparición forzada de la doctora Adela Rivas”.
Sobre la reunión, explicó que al inicio, la fiscal defendió a sus agentes, pero ante la insistencia de que verificara el nivel de conocimiento que tenían del caso, se vio que no lo estaban conduciendo bajo el estándar mínimo de supervisión, ni con la debida diligencia exigible, consideró Bolívar Darío Rojas Rivas.
La reunión con la fiscal Lizárraga y su equipo derivó en la instrucción expresa de levantar constancia por escrito de los planteamientos formulados por el Comité de Justicia de la doctora Rivas y presentar dicha información el 25 de febrero del 2026, informó Rojas.
Lourdes Chávez
