Ciudad de México y Coyuca de Benítez, Guerrero, 29 de junio de 2023. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no habrá impunidad para ninguna de las personas implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, se le preguntó su postura sobre la prisión preventiva contra ocho integrantes del Ejército, ante lo que respondió que se seguirá informando.
“Nada más que se sepa que nosotros tenemos el compromiso de esclarecer estos hechos, que no va a haber impunidad, y que estamos cumpliendo con ese compromiso”, expuso López Obrador.
Reiteró que no habrá impunidad para ninguno de los involucrados en la desaparición de los estudiantes, mencionando que el Ejército mexicano no puede estar envuelto en sospechas, y que protegerlos sería perjudicar a la institución en lugar de favorecerla.
“Es que no va a haber impunidad para nadie. Y también que quede muy claro, una institución tan importante como el Ejército mexicano no puede estar sometida a sospechas. Si un miembro, dos, tres, cinco, 10, 15 del Ejército actuaron mal, cometieron ilícitos, no se puede protegerlos, no se les puede dar impunidad, porque eso, en vez de ayudar a la institución, la perjudica”, advirtió el presidente.
De igual forma recalcó que existía un pacto de silencio y que se han presentado problemas dentro de la investigación del caso, pero aseguró que se ha ido avanzando.
“El problema de Ayotzinapa, además del crimen cometido, es que se quisieron ocultar las cosas y cuando hay impunidad, se afecta a las instituciones, y no merece una institución tan importante para el país mancharse por ningún error o ilícito que sus miembros hayan cometido. Es cero impunidad”.
Además, destacó al Ejército mexicano como una institución fundamental del Estado, recordando que surgió de un movimiento revolucionario dentro del país, indicando que no ha dado golpes de Estado y que es “respetuoso” de los derechos humanos.
“Pero estamos hablando de una institución de 300 mil elementos, de modo que si cinco, 10, 20, 30, 50, actúan mal y se ponen a disposición de las autoridades competentes, no se está afectando la imagen del Ejército, al contrario, se está mandando un mensaje claro de que no hay impunidad, no hay una relación de complicidades con nadie”, dijo.
El lunes se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Gualberto Ramírez, ex jefe antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), acusado de tortura contra un supuesto implicado en la desaparición de los 43 normalistas.
Marchan en Aguas Blancas a 28 años de la masacre; denuncian que sigue la impunidad con la 4T
Alrededor de 200 personas marcharon para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el Vado de Aguas Blancas, y manifestaron que la Cuarta Transformación los engañó con que habría justicia, pero se sigue viviendo en un México y un Guerrero de impunidad.
La marcha salió a las 10 de la mañana del toril de Aguas Blancas al Vado donde 17 campesinos fueron asesinados el 28 de junio de 1995 durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
Bajo las consignas “Aguas Blancas no se olvida”, “Gobierno asesino que matas campesinos”, “Ni perdón, ni olvido castigo a los asesinos”, los manifestantes marcharon en la carretera que lleva al Vado bajo los intensos rayos del sol.
La marcha tardó casi una hora en llegar al lugar del mitin donde fue colocada una corona de flores en el monumento levantado para los caídos, quienes fueron emboscados cuando se dirigían a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación pacífica por la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez (quien todavía sigue desaparecido), así como para exigir insumos para el campo.
Ayer en un mitin en el monumento levantado en memoria de los campesinos masacrados por la Policía Motorizada, el sobreviviente y uno de los fundadores de la OCSS, Hilario Mesino Acosta dijo que sigue la impunidad mientras “el chacal” de Rubén Figueroa Alcocer sigue “gozando de todo y abrazándose con (Félix Salgado) Macedonio, quien nos prometió justicia en el caso de Aguas Blancas, que iba a retomar el caso Aguas Blancas, pero fue pura mentira”.
Mesino Acosta dijo que uns fueron los hechos de hace 28 años en los que fueron asesinados los 17 campesinos y más de 23 heridos, pero después de la masacre siguieron encarcelando, y “apretaron más la represión y empezaron a desaparecer y a asesinar a los campesinos”.
Recordó que fueron asesinados sus hijos Miguel Ángel y Rocío Mesino mientras “el chacal” sigue gozando de la libertad, por eso convocó a los presentes a no dar un paso atrás, “se tiene que seguir la lucha para lograr la justicia”.
“Se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad”
Mientras que la encargada de leer el posicionamiento del acto fue Norma Mesino dijo que el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer ordenó el asesinato de los campesinos a la Policía Motorizada y desde hace 28 años los grupos del poder político y económico que “se sienten dueños de Guerrero, gozan de impunidad. Desde 1995 esta siempre la intención de enterrar el crimen de lesa humanidad cometido en contra de los campesinos”.
Señaló que de todos los gobiernos federales y estatales de todos los partidos, incluyendo a Morena, ninguno ha mostrado voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. “La pasividad de los gobiernos en turno demuestra su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del Vado de Aguas Blancas”.
Subrayó, “queda hoy la responsabilidad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de dar continuidad a esta política de impunidad de sus antecesores o hacer justicia de una vez ante este crimen de lesa humanidad”.
Norma Mesino expuso que la OCSS y las organizaciones sociales exigen que se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, que señala que existieron violaciones graves a las garantías y que el responsable fueron el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el secretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar.
Indicó que la masacre de Aguas Blancas es una grave violación al derecho a la vida, exigió verdad y justicia para los asesinados en el Vado de Aguas Blancas; justicia para los asesinatos de Miguel Ángel y Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Avecedo, Arturo Hernández Cardona y todos los crímenes políticos.
Demandó la libertad de los sobrevivientes de la masacre e integrantes de la OCSS, Orlando Ávila Mesino y Antonio Barragán Carrasco, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, Tita Radilla Martínez dijo que han pasado 49 años de la detención y desaparición de su padre Rosendo Radilla por soldados del Ejército en Atoyac, y que México sigue en la impunidad porque a pesar de que se tuvo una sentencia de la Corte Interamericana no se ha podido tener justicia.
Mencionó que se creó una Fiscalía Especial que no “sirvió para nada porque no hubo ningún caso esclarecido ni ningún responsable sujeto a proceso. Como todos los casos la impunidad es total y tenemos un México impune, un México que desde ayer hasta hoy es el mismo. Los responsables de procurar la justicia son los mismos que han estado siempre, sólo se cambio a los jefes, pero las mismas políticas anteriores son las de ahora para culpar a los compañeros presos políticos”.
La activista dijo que las organizaciones tienen que seguir en la lucha, pero “juntos, tratando de que no nos agarren separados”.
Expuso que para el caso de los desaparecidos se creó la Comisión de la Verdad, pero lamentablemente no tiene avances sustanciales, es mínimo lo que han hecho y no se tiene una fiscalía que dé fe cuando se hacen las diligencias de las evidencias que puedan encontrarse, y “por lo tanto no tienen ninguna validez jurídica y eso es la falta de voluntad política del Estado mexicano”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se instaló la Comisión de la Verdad, dijo que cada dos meses “estaría con nosotros revisando ese proceso y hoy no quiere recibirnos, solamente tres reuniones hemos tenido con él desde el inicio, pero hoy no quiere recibirnos”.
Recordó que la situación es muy difícil y ejemplificó que su colectivo tiene cien casos, pero la mayoría ha muerto, nada más tienen a cinco mamás y papás no tienen ninguno, la mayoría están enfermos.
Señaló que un dolor como el que han pasado crea enfermedades y como nunca han sido atendidos los casos, la gente está muy enferma, es una “situación bastante grave y el Estado mexicano no se ha hecho cargo de atender este proceso”. Indicó que en su caso no hay una investigación efectiva que pueda dar con el paradero de su padre y los cientos de desaparecidos del país.
Tita Radilla expuso que se vive una situación grave en el país con miles de personas desaparecidas y que están en los semefos, pero el Estado no es capaz de identificarlos y entregarlos a la familia.
“Es muy difícil ver a las familias cómo andan rascando la tierra, moviendo piedras en los lugares más difíciles y muchos de los cuerpos están en esos semefos, por lo que es urgente que se tome en cuenta esa situación”.
La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Itzel Hernández dijo que tienen el deber moral de seguir luchando por la justicia en los crímenes de sus familiares. La actividad concluyó poco después de la 1 de la tarde.
Mantiene el gobierno en la impunidad los casos de Aguas Blancas y Ayotzinapa, señala Melitón
El vocero de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega llamó a las organizaciones para unificarse y acusó al gobierno federal de mantener la impunidad en casos como Aguas Blancas y el de los jóvenes normalistas.
En su intervención en el acto de la conmemoración de los 28 años de la masacre de Aguas Blancas, el vocero subrayó que de ese acto criminal a la fecha no han cambiado las cosas donde “siguen los gobiernos autoritarios, gobiernos represores y sólo luchan por cargos públicos. Estamos en la etapa de que los políticos van a volver a recorrer los estados, las comunidades, municipios, pero será lo mismo compañeros, seguirán engañando a los pueblos”.
Señaló que en Guerrero y México ya están los discursos de los aspirantes de los partidos, pero “en ninguno hemos escuchado el mensaje de hacer justicia, de castigar a los verdaderos responsables de los crímenes de estado, de lesa humanidad como es el caso de Aguas Blancas. Los políticos se unen para seguir engañando al pueblo y el pueblo y las organizaciones hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que es lo mismo, que siguen engañando mientras los compañeros presos políticos siguen en la cárcel por el solo hecho de organizar a los pueblos”.
Añadió que hay compromisos con los gobiernos de transformación y ahora resulta que siguen los compañeros en la cárcel y pagando injustamente un delito que no cometieron y “por esos no debemos de poner esa confianza en los políticos”. Dijo que los padres de familia de los 43 normalistas coinciden en que no hay justicia ni castigo a los responsables de los campesinos en Aguas Blancas, al contrario, “gozan de libertad”.
El vocero Melitón Ortega señaló que exigen castigo para todos los responsables de la masacre y convocó a ir “juntos porque es el único camino, tenemos que estar organizados no sólo en la resistencia, sino seguir trabajando para estar organizados y seguir avanzando para lograr vivir con esa tranquilidad que necesitamos”.
El vocero reiteró el llamado a la asamblea nacional popular el 15 de julio en la escuela normal de Ayotzinapa, que se llevará a las 10 de la mañana, porque “estamos viendo que desde la Fiscalía General de la República la detención de ocho militares y un ex funcionario de la SIEDO, pero eso no significa que con esa detención que se esclarezca los hechos del caso Ayotzinapa, al contrario, se mantiene la impunidad porque hasta el día de hoy el Ejército del 27 Batallón de Iguala no ha dado ninguna información reservada que tienen de los hechos graves que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa”.
Añadió que siguen demandando al gobierno federal que exija a la Sedena que entregue toda la información, de lo contrario, “estamos viendo de manera anticipada la impunidad del caso Ayotzinapa” y finalmente dijo que demandan una reunión con el gobierno federal.
Texto: Juan Luis Altamirano Uruñuela y Karina Contreras / Foto: Tomada de Internet
