Ciudad de México, 17 de septiembre de 2024. La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México, al tiempo que las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa violan el derecho a la libertad, advirtieron especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el informe de la visita que realizó al país del 18 al 29 de septiembre de 2023, presentado este martes en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU alertó sobre el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, las interpretaciones amplias del delito en flagrancia y la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados.
El grupo reconoció avances como la reforma que colocó los derechos humanos en el centro de la Constitución, la transición hacia un modelo acusatorio de justicia penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la creación de un Registro Nacional de Detenciones y las restricciones a la administración de la justicia por parte de los tribunales militares, entre otros.
Sin embargo, remarcó la persistencia deficiencias en el sistema de justicia penal y de malas condiciones de detención, así como de abusos particulares contra indígenas, jóvenes y migrantes.
La visita del Grupo de Trabajo a México, en la que participaron Matthew Gillett (Nueva Zelanda), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (Ecuador), fue la primera desde 2002.
Incluyó encuentros con funcionarios de seis secretarías de Estado y de la Fiscalía General de la República, con integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial, y autoridades de la Ciudad de México, de Chiapas y de Nuevo León, entre otros, así como la visita a cuatro instalaciones federales de detención y 11 estatales y municipales.
El grupo expresó particular preocupación por el abuso de la prisión preventiva oficiosa, que, recordó, ha sido identificada como una violación del derecho a la libertad personal que puede potencialmente socavar otros derechos, como los de la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley.
“El Grupo de Trabajo fue informado que, en 2022, de las aproximadamente 90 mil personas que estaban ‘en proceso’ (sin sentencia), alrededor del 50 por ciento estaban sujetas a detención preventiva oficiosa”, reportó.
“Muchas de las personas detenidas habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada, incluso algunas seguían en prisión preventiva oficiosa por más de cinco años”.
Los expertos también tuvieron conocimiento de que un número significativo de personas detenidas sufrieron violencia grave y excesiva durante su arresto.
“A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones”, advirtió el grupo de trabajo.
“Estos riesgos se ven agravados por el hecho de que ha surgido una práctica violatoria en la que el plazo de 48 horas en el cual el detenido debe comparecer ante el juez, solo se cuenta a partir de la presentación de este ante el Ministerio Público”.
Muchas detenciones, afirmó, se llevan a cabo sin una orden judicial preexistente, en virtud de la figura del delito en flagrancia, mientras que un enfoque mucho más punitivo en materia de drogas desde 2006 ha implicado un aumento en el encarcelamiento de consumidores.
Texto: Agencia Reforma / Imagen tomada de la ONU
