En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018 da a Guerrero una calificación de 5.17 y el lugar 29 de los 32 estados evaluados. La única cárcel aprobada, con 6.05, fue la de Chilpancingo; la más baja, Tecpan con 4.47.
Chilpancingo, Guerrero, 12 de abril de 2019. En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó a Guerrero con 5.17 puntos de 10, donde Guanajuato fue el mejor evaluado con 8.21 puntos, y Tamaulipas el peor, con 4.92 puntos.
Aunque Guerrero subió algunas décimas en comparación con el año anterior cuando obtuvo 4.22 puntos, se mantiene por debajo de la máxima calificación obtenida en 2012, de 5.92 puntos, y ocupa el lugar 29 de las 32 entidades del país evaluadas, de acuerdo con el mismo informe.
De las siete cárceles evaluadas, la de Chilpancingo fue la única que obtuvo una calificación aprobatoria de 6.05 puntos. Mientras que reprobaron Taxco con 5.41, Acapulco con 5.30, La Unión con 5.06, Iguala con 5.02, Zihuatanejo con 4.91, y la peor evaluada fue la de Tecpan de Galeana con 4.47 puntos.
El estudio disponible en el portal de la CNDH señala que se analizaron en cada una de las cárceles, aspectos que garantizan la seguridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.
Los datos dados a conocer indican que 6 de los 7 centros de reclusión superan su capacidad de población; Acapulco tiene una capacitad de mil 684 internos hombres pero tiene mil 758, mientras que para las mujeres hay 121 espacios de los que 101 están ocupados.
La cárcel de Chilpancingo tiene una capacidad para hombres de 516 internos, pero hay 819, y de los 80 espacios para mujeres están ocupados 62. La de Iguala, tiene una capacidad para 395 hombre pero hay 418, y 75 espacios para mujeres, pero sólo hay 31.
El centro penitenciario de Taxco tiene un espacio para 54 hombres pero alberga a 86, y ocho lugares para mujeres de las que seis están ocupados. Mientras en Tecpan de Galeana hay un espacio para 54 hombres pero están 128, y hay una sobrepoblación de mujeres, porque sólo hay cuatro espacios y están presas diez.
En el reclusorio de Zihuatanejo hay espacio para 70 hombres pero hay 106, y los seis espacios para las mujeres están ocupados. Mientras en La Unión es el único lugar donde aún quedan espacios. La cárcel tiene una capacidad de 193 presos de los que 97 están ocupados, y de diez espacios para las mujeres únicamente está cubierto la mitad.
La cárcel de Acapulco, reprobada
En la cárcel más grande de Guerrero, Acapulco, se detectaron durante la revisión de la CNDH, en el primer rubro de la garantía de la integridad personal del interno: la falta de supervisión del encargado, sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detención, así como insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, y deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamientos.
En el segundo rubro de estancia digna: insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas, y deficiencias en la alimentación.
En el tercer rubro sobre las condiciones de gobernabilidad: falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, condiciones de autogobierno/cogobierno. Además puntualiza la presencia de actividades ilícitas, de cobros (extorsión y sobornos) y de la falta de capacitación del personal penitenciario.
En el punto de reinserción social señala que hay una deficiente integración del expediente técnico-jurídico, inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, deficiente separación entre procesados y sentenciados, insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas, inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades, inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. Mientras en el rubro de internos con requerimientos específicos señala que hay una insuficiencia en programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Sin embargo el mismo estudio destaca que hay una buena separación entre hombres y mujeres, atención a mujeres y menores que vivan con ellas, atención a adultos mayores, personas indígenas, con discapacidad, que viven con VIH/sida, y a la población LGBTTTI.
Lo destacable de las cárceles
En el caso de la cárcel de Chilpancigo a pesar de tener sobrepoblación, hacinamiento, la falta de supervisión del encargado, deficiente separación de hombres y mujeres, inexistencia o deficientes condiciones de materiales de higiene, materiales en el área médico, cocina, comedor, alimentación, insuficiente personas de seguridad y custodia, condiciones de autogobierno, la presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros de extorsión y sobornos, la falta de capacitación del personal penitenciario.
Destaca en buenas condiciones de materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. La integración y funcionamiento del comité técnico, y la vinculación de los internos con la sociedad. En el caso de la cárcel de Iguala sólo destaca este último punto en el resto está reprobado.
La cárcel de Taxco solo destaca en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. En el de Tecpan de Galeana, destaca que hay una Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). La inexistencia de actividades ilícitas, cobros (extorsión y/o sobornos) y hay una atención a personas que viven con VIH/SIDA.
Para el caso de la cárcel del Zihuatanejo el estudio destaca en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, la inexistencia de actividades ilícitas, cobros (extorsión y/o sobornos), hay una buena vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad, y atención a personas que viven con VIH/SIDA.
La cárcel de la Unión destacó en no tener sobrepoblación, la correcta distribución de personas privadas de la libertad, una normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización).
Además de la inexistencia de actividades ilícitas, cobros (extorsión y/o sobornos). La Integración y funcionamiento del Comité Técnico y Atención a personas que viven con VIH/sida.
La postura del presidente de la CNDH
En un comunicado el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesan la situación y realidad que allí se viven.
“Suponer que la prevención y la investigación de los delitos, así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad implica una visión limitada y parcial.
Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, aseguró.
Ante ese panorama destacó que desde la CNDH se ha señalado de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica, así como promover condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.
Enfatizó que, a pesar de los indudables avances, aún queda mucho camino por recorrer para que en el sistema penitenciario en México los derechos humanos se respeten y sean plenamente vigentes, de ahí que el DNSP sea una herramienta que hace posible medir e identificar deficiencias, áreas de oportunidad y logros.
Texto: Jacob Morales / Foto: El Sur
