Gaspard Estrada
La campaña presidencial y legislativa en Perú de cara a las elecciones del 12 de abril de 2026 se desarrolla en un contexto excepcional: no como un proceso democrático ordinario, sino como un intento de salida a una crisis política crónica que ha erosionado profundamente la gobernabilidad del país. El hecho más determinante de la coyuntura ha sido la reciente destitución del presidente José Jeri por el Congreso, acusado de corrupción tras reuniones irregulares con empresarios. Su caída no es un episodio aislado, sino parte de una secuencia institucional que ha llevado al país a tener ocho presidentes en una década, reflejando un sistema político incapaz de producir estabilidad.
Este contexto condiciona profundamente la campaña. En lugar de girar en torno a propuestas programáticas, el debate electoral se articula alrededor de una cuestión más básica: la viabilidad misma del sistema político peruano. El electorado no sólo elige entre candidatos, sino entre posibles salidas a una crisis de representación que parece estructural.
Uno de los rasgos más visibles de la campaña es su extrema fragmentación. Con más de 30 candidaturas presidenciales, Perú enfrenta uno de los procesos más dispersos de la región, lo que dificulta la emergencia de liderazgos claros y aumenta la probabilidad de una segunda vuelta altamente incierta. Las encuestas reflejan esta volatilidad. Candidatos como Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori lideran con porcentajes relativamente bajos, en torno al 10-15 por ciento, lo que confirma la ausencia de una mayoría social definida.
A esto se suma un dato clave: más del 40 por ciento del electorado permanece indeciso o inclinado al voto en blanco o nulo, una cifra significativamente superior a elecciones anteriores. Este nivel de indecisión no es solo un fenómeno electoral, sino un síntoma de desconfianza estructural hacia el sistema político.
La campaña también está marcada por una intensa conflictividad social. El país registra centenares de protestas mensuales, vinculadas tanto a demandas económicas como a rechazo institucional. En paralelo, el aumento de la criminalidad y de economías ilegales, como la minería informal o el narcotráfico, ha reforzado la percepción de un Estado debilitado, incapaz de ejercer control efectivo sobre el territorio.
En este contexto, los discursos electorales tienden a radicalizarse. Algunos candidatos proponen reformas constitucionales profundas –incluyendo el rediseño del sistema político– mientras otros apuestan por restaurar el orden mediante enfoques más punitivos. Sin embargo, la falta de estructuras partidarias sólidas limita la credibilidad de estas propuestas. El problema de fondo es institucional. En Perú se ha consolidado lo que algunos analistas denominan un “parlamentarismo de facto”, donde el Congreso ejerce un poder desproporcionado, incluyendo la capacidad de destituir presidentes bajo interpretaciones amplias de “incapacidad moral”. Lo que genera incentivos perversos: el Ejecutivo gobierna bajo amenaza constante, mientras el Legislativo acumula poder sin asumir plenamente la responsabilidad de gobernar.
Las consecuencias para el próximo presidente son claras. Cualquiera que resulte electo en 2026 enfrentará un sistema fragmentado, con partidos débiles, alta conflictividad social y un Congreso con capacidad de bloqueo. La gobernabilidad no dependerá tanto del resultado electoral como de la posibilidad –todavía incierta– de reformar las reglas del juego político.
En definitiva, la campaña electoral peruana de 2026 no es sólo una competencia entre candidatos, sino una expresión de la crisis de un modelo político agotado. La elección puede producir un nuevo liderazgo, pero difícilmente resolverá por sí sola los problemas estructurales que han convertido la inestabilidad en la norma. El verdadero desafío no es quién gane, sino si el sistema político peruano será capaz de reconstruir legitimidad, equilibrio institucional y capacidad de gobierno en un país donde la democracia sigue funcionando, pero cada vez con menor credibilidad social.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).
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