Es “una institución que debería estar del lado de las víctimas”, pero ni siquiera buscó a las familias de los normalistas desaparecidos, deplora el abogado de los padres Isidoro Vicario. “Hay datos que acreditan que el Ejército tiene relación directa”, no sólo por la noche de Iguala sino desde antes, dice. Y recuerda que desde hace años exigen la entrega de 353 folios de inteligencia militar relacionados con el caso
Ciudad de México, 14 de julio de 2026. La Recomendación 208VG/2026 emitida el 9 de julio pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que sostiene que no existen elementos para atribuir responsabilidad institucional al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, provocó el rechazo de sus familias, las cuales acusaron a la Comisión de pretender deslindar a las fuerzas armadas pese a la evidencia acumulada durante más de una década de investigaciones.
La recomendación “no tiene nada de objetividad” y representa un intento por “limpiar” la imagen del Ejército mexicano, recalca en entrevista con El Sur el abogado Isidoro Vicario Aguilar, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de familiares de los normalistas desaparecidos.
“Lo que pretende con esta recomendación la CNDH, es deslindar la responsabilidad del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, pero hoy eso no puede acontecer. Hay muchos datos en los que se acredita y se sustenta que el Ejército tiene relación directa con el caso, no sólo durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino incluso desde antes”, afirma el abogado.
La respuesta de las familias se dio luego de que la CNDH difundiera una recomendación de 876 páginas en la que, además de cuestionar líneas de investigación impulsadas durante los últimos años, concluye que no existen pruebas para responsabilizar institucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una conclusión que ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y exfuncionarios que participaron en las investigaciones.
Vicario Aguilar enfatiza dos de los aspectos más preocupantes del documento: que se omiten avances relevantes obtenidos durante la investigación y se deja fuera al Ejército entre las autoridades señaladas.
“Desde el inicio de la recomendación ni siquiera aparece el Ejército mexicano entre las autoridades a las que se dirige. No puede ser posible eso. Los padres y madres rechazamos esta recomendación porque no tiene nada de objetividad, no aporta líneas para esclarecer los hechos ni el paradero de los 43 estudiantes; solamente viene a limpiar la imagen del Ejército”, reprocha Vicario Aguilar.
La evidencia que contradice a la CNDH
El abogado recuerda que uno de los hechos documentados dentro de la investigación es que el Ejército mantenía infiltrado dentro de la escuela normal de Ayotzinapa, al menos desde 2010, al soldado Julio César López Patolzin, quien se hacía pasar por estudiante. Paradójicamente, terminó formando parte del grupo de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa información fue retomada recientemente por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, quien recordó en la red social X, con documentos oficiales generados por esta comisión, que López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), con “fachada de alumno”, y que mantenía comunicación con sus mandos militares.
Para el representante de Tlachinollan, ese solo hecho contradice la narrativa planteada por la CNDH.
“Está documentado que uno de los 43 estudiantes era miembro activo del Ejército y que reportaba información de lo que ocurría en la normal –dice–. También está acreditado que hubo monitoreo militar cuando los estudiantes salieron de Ayotzinapa y durante las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.
Organizaciones cuestionan la recomendación
La postura de Tlachinollan es respaldada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acusó a la CNDH de actuar sin autonomía y de utilizar su nueva recomendación para eximir de responsabilidad institucional al Ejército, desacreditar años de investigaciones y descalificar el trabajo de organizaciones civiles, instancias internacionales y funcionarios que participaron en el esclarecimiento del caso.
En un posicionamiento difundido también en X, el Centro Prodh sostuvo que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la CNDH publicó el documento que “muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército”, aparte de desacreditar a organismos internacionales, a la sociedad civil y a las instituciones que impulsaron las principales líneas de investigación.
El Centro Prodh señaló que la recomendación asegura que no existen evidencias para responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que actualmente existen 17 militares vinculados a proceso por el caso. También cuestionó que la Comisión minimice la negativa del Ejército a entregar información de inteligencia pendiente, desestime el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y critique las investigaciones desarrolladas por la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estos elementos, comenta Isidoro Vicario, forman parte del propio expediente del caso y hacen inviable la afirmación de que las fuerzas armadas permanecieron ajenas a los hechos.
No sólo “está documentado que por lo menos desde el 2010 el Ejército mexicano infiltraba a sus miembros en la normal de Ayotzinapa”, reitera, “también hubo monitoreo durante el trayecto de los estudiantes y en las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.
El abogado añade que otra de las líneas de investigación se refiere a los 17 estudiantes que fueron detenidos y trasladados a la barandilla municipal de Iguala antes de, presuntamente, ser entregados al crimen organizado. Esta hipótesis se fortaleció a partir de una intervención telefónica realizada por el propio Ejército y dada a conocer durante los trabajos de la Covaj.
Guillermo Rivera /Foto: Juan Luis Altamirano (Archivo El Sur)
