Especies marinas de gran relevancia comercial y alimentaria están disminuyendo, alerta la ONG. Quienes pescan tienen que ir más lejos que antes y enfrentan más peligros y costos. A la destrucción de manglares, arrecifes y bosques marinos, se suma un presupuesto gubernamental insuficiente para investigación, ordenamiento, inspección y vigilancia
El Sur / Ciudad de México. 31 de diciembre del 2025.- La riqueza marina de México atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Aunque el país posee más de 11 mil kilómetros de costas y una diversidad biológica entre las más privilegiadas del mundo, las pesquerías nacionales padecen un deterioro creciente que amenaza a las especies marinas y a las miles de familias que dependen de ellas.
La advertencia viene de Ocea-na, ONG internacional dedicada a la protección de los océanos con sedes en Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Belice, la Unión Europea, Filipinas, Brasil y México. Nancy Gocher, directora de Política Pública de Oceana México, explica que el objetivo principal de la organización es la recuperación de la abundancia de los océanos y asegurar con ello esta fuente de alimentación para la población mundial.
México podría garantizar una solidez de seguridad alimentaria con los recursos marinos, pero no ha sido posible por el deterioro de diversas pesquerías y la falta de políticas públicas específicas, señala Gocher a El Sur.
Licenciada en Relaciones In-ternacionales y maestra en Dere-chos Humanos, Gocher detalla que los litorales mexicanos, el Pacífico, el Golfo y el Caribe, sostienen directa e indirectamente a miles de comunidades. “El océano da sus-tento a aproximadamente 370 mil familias pescadoras ribereñas”, menciona en referencia a quienes realizan pesca de pequeña escala, cerca de la costa, en lanchas o pangas y técnicas que generan muy bajo impacto ambiental. Esta actividad articula una cadena de valor que involucra a cerca de 2 millones de personas entre extracción, fileteado, transporte, comercialización y distribución del producto.
No obstante, este sistema fundamental para la alimentación y la economía local enfrenta un panorama crítico. Según el análisis que Oceana realizó a partir de la información de la Carta Nacional Pesquera, 23 por ciento de las pesquerías mexicanas están en deterioro y 27 por ciento en categoría de precaución, es decir, al borde de caer en deterioro.
Esto significa, expone Gocher, que especies de gran relevancia comercial y alimentaria están disminuyendo, lo cual afecta la biodiversidad y la estabilidad económica de miles de familias.
El concepto de “pesquería”, enfatiza Gocher, no se refiere a un lugar, sino al conjunto de elementos que conforman la actividad pesquera alrededor de una especie.
Esto incluye el tipo de pesca –atarraya, red, anzuelo–, la talla mínima permitida, el tipo de captura –ribereña o industrial–, el esfuerzo pesquero permitido y las vedas establecidas. La pesquería es todo el proceso de aprovechamiento de una especie desde su extracción hasta que llega a la mesa. En cambio, “pescadería” es simplemente el sitio donde se vende el producto.
Destrucción de hábitats, pesca ilegal, pocos recursos
¿Por qué están deteriorándose las pesquerías mexicanas? La directora de Política Pública de Oceana menciona una combinación de factores. El primero, la crisis climática que altera la temperatura del agua y modifica los patrones de distribución de los organismos marinos. Esto obliga a despla-zamientos más lejos para encontrar especies que antes permanecían cerca de la costa, aumentando riesgos, costos y vulnerabilidad.
Otro factor es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en México representa alrededor del 40 por ciento de lo que se pesca, según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Aquí se incluyen prácticas como capturar especies durante temporada de veda, pescar ejemplares de tallas menores a las permitidas, extraer en áreas naturales protegidas o sobreexplotar una especie más allá de su capacidad de recuperación. “Estas prácticas aceleran el deterioro de poblaciones enteras y generan competencia desleal para quienes sí cumplen con la normatividad”, dice.
A lo anterior se suma la destrucción de hábitats críticos como manglares, arrecifes de coral y bosques marinos. “Estos ecosistemas funcionan como zonas de reproducción, crianza y refugio de diversas especies con valor comercial, como el pulpo, la langosta, el mero, el camarón y muchos peces de escama. Cuando se degradan por contaminación, cambio de uso de suelo, urbanización o impactos climáticos, las pesquerías pierden una parte esencial de su ciclo de regeneración”, añade Gocher.
Un factor importante es el insuficiente presupuesto para las instituciones encargadas de la investigación, ordenamiento, inspección y vigilancia: el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) y la Conapesca. La actualización de la Carta Nacional Pesquera depende de la investigación científica. Sin embargo, desde hace siete años los recursos destinados a esta actividad son cada vez menos. Sin información actualizada, dice, es casi imposible tomar decisiones eficaces de manejo o establecer medidas de recuperación.
La falta de presupuesto para inspección y vigilancia limita la capacidad de Conapesca de frenar la pesca ilegal. Así, se genera un círculo vicioso: a menor vigilancia, mayor pesca irregular, lo que afecta directamente a comunidades que sí cumplen las regulaciones y que de-penden de un recurso en equilibrio para mantener su actividad.
Gocher subraya que si bien “México posee condiciones inmejorables para garantizar parte importante de su alimentación mediante recursos marinos, la falta de políticas públicas integrales ha impedido que esto ocurra”.
Acción comunitaria ante la inacción gubernamental
A pesar del escenario adverso, las propias comunidades pesqueras hacen esfuerzos para adaptarse y proteger sus recursos ante la falta de apoyo institucional. Muchas cooperativas conocen de primera mano los efectos del cambio climático y actúan: siembran manglares para restaurar zonas críticas, establecen comités locales de vigilancia, crean zonas de refugio pesquero y diseñan planes comunitarios para la recuperación de especies que han colapsado.
Estas acciones, resultado del conocimiento acumulado durante generaciones, han evitado que colapsen algunas poblaciones marinas o permitido que comiencen a recuperarse.
Sin embargo, los esfuerzos independientes “requieren acompañamiento institucional y políticas de largo plazo. Mientras tanto, las comunidades continúan enfrentando los riesgos derivados de esta combinación de crisis ambientales, económicas y regulatorias que ponen presión sobre los recursos marinos del país”.
Consencuencias por la ausencia de investigación
Oceana destaca también que “la ausencia de investigación pesquera actualizada limita la capacidad del país para comprender los efectos reales del cambio climático sobre las especies y, en consecuencia, impide diseñar estrategias de adaptación más efectivas”.
Existe investigación oficial, pero es insuficiente para atender la magnitud del problema, lo que ha obligado a las propias comunidades a tomar la iniciativa, dice Gocher.
Insiste en que el sector pesquero ha desarrollado, por experiencia y necesidad, mecanismos de adaptación que van desde la observación directa de cambios en la disponibilidad de especies hasta la realización de proyectos de restauración ecológica.
Tras el colapso de algunas especies, las cooperativas han decidido organizarse. Gocher pone de ejemplo el caso de la almeja chocolata en Altata, Sinaloa, donde las comunidades han trabajado junto con autoridades para impulsar esquemas de manejo responsable y repoblamiento, “un proceso que ha surgido casi exclusivamente desde el sector pesquero debido a los recortes presupuestales y la falta de atención institucional”.
Asimismo, en muchos puntos del país se realiza vigilancia comunitaria. Aun sin el respaldo legal, comités locales patrullan zonas de refugio pesquero y áreas marinas protegidas para evitar el saqueo o la pesca ilegal. “Estas acciones tienen especial relevancia en lugares donde la presencia de autoridades es escasa y donde los riesgos de seguridad son significativos. Es importante el papel de las mujeres pescadoras de Altata, quienes realizan tareas de monitoreo pese a los peligros asociados”, resalta Gocher.
En Guerrero, 8 pesquerías vulnerables y 12 saludables
Respecto a Guerrero, la especialista dice que el Semáforo de la Pesca identifica tres pesquerías en deterio-ro, ocho en condición vulnerable y 12 saludables. Entre las especies en mayor riesgo en esta entidad se encuentran la lisa del Pacífico, el pez vela y los túnidos del Pacífico. En todos los casos, advierte, se trata de especies que requieren planes de manejo o de recuperación debido a que sus poblaciones muestran signos de presión o disminución.
La lisa del Pacífico, por ejemplo, es un recurso clave para la alimentación local y se aprovecha de Chiapas a Baja California. No obstante, su última actualización de estatus pesquero es de 2023, lo que dificulta evaluar su condición real actual. La especie cuenta con temporadas de veda y requerimientos de talla mínima para garantizar que los ejemplares se reproduzcan al menos una vez antes de su captura. Sin embargo, no tiene una cuota de captura definida.
Otras especies de relevancia para Guerrero, como el callo de hacha, el caracol chino, la jaiba del Pacífico, el pulpo del Pacífico y diversas especies de escama, se encuentran en categoría de precaución por la falta de planes de manejo actualizados.
Gocher recuerda que en México la pesquería de tiburón –particularmente el cazón– está permitida, lo que significa una presión adicional para los ecosistemas del Pacífico.
En contraste, entre las pesquerías saludables de Guerrero se encuentran la sierra, el robalo, la curvina, los jureles, la langosta del Pacífico, el huachinango y el camarón del Pacífico. “Muchas de estas especies son de bajo costo y de alto consumo local, por lo que representan una fuente importante de proteína accesible para las comunidades costeras. No obstante, el estado, al igual que el resto del país, enfrenta problemas persistentes de pesca ilegal, tanto la que deriva de la necesidad económica como la que se realiza con dolo. La desigualdad y la falta de alternativas económicas obligan a muchas personas a pescar fuera de temporada o sin cumplir con las tallas mínimas, pero “también persisten redes delictivas que operan sin regulación, lo que agrava la presión sobre las poblaciones marinas”, remarca.
Sobre las medidas para revertir esta situación, Oceana cuenta con tres propuestas principales. Una, fortalecer la investigación pesquera y dotar a Conapesca y al Inapesca de recursos suficientes para realizar monitoreo, estudios científicos y manejo adecuado de los recursos.
Dos, reconocer al sector pesquero como un actor clave en la mitigación del cambio climático y en la garantía de la soberanía alimentaria, y proporcionar apoyos para las acciones comunitarias de restauración, como la siembra de manglares.
Tres, impulsar una reforma –como hace ahora la organizacion– a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable “que asegure la restauración de pesquerías en deterioro y otorgar a las autoridades atribuciones claras para recuperar especies en riesgo, más allá de los esfuerzos voluntarios de las comunidades”.
Guillermo Rivera
