También el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad externa su preocupación por las amenazas por parte del Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Señalan que todo tiene que verse en el contexto de la imposición de la presa La Parota.
Chilpancingo, Guerrero, 22 de junio de 2019. La organización Artículo 19 se sumó ayer al llamado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), para que los gobiernos federal y estatal, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), garanticen el Estado de derecho, el acceso a la justicia, y respeten a los comuneros opositores a la presa La Parota.
El organismo que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, también exigió garantizar la generación de un ambiente propicio y seguro para ejercer el derecho a la libertad de expresión los integrantes del periódico El Sur.
Mientras tanto, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI externó, por igual, en un comunicado su preocupación por las amenazas vertidas en un comunicado por el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec en contra del director del periódico El Sur, Juan Angulo y el de Tlachinollan, Abel Barrera.
Artículo 19 alerta que el 18 de junio pasado, el director del periódico El Sur, Juan Angulo y el director de Tlachinollan, Abel Barrera, fueron víctimas de una campaña de desprestigio por parte del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Refiere que a través de distintos medios físicos y digitales, el comisariado de Cacahuatepec difundió un comunicado en el que se afirma que ambos han sido beneficiados a causa de la generación de violencia en la comunidad, por lo que hacen responsables tanto al defensor Abel Barrera como a Juan Angulo, de cualquier connato de violencia que pudiera ocurrir en la comunidad.
“Cabe mencionar que el periódico El Sur es uno de los medios que primordialmente ha cubierto el conflicto de las comunidades opositoras a La Parota, desde una postura crítica frente al silencio gubernamental y retomando el testimonio de las personas defensoras de derechos humanos, por lo que la acción de deslegitimar el trabajo realizado por el medio pone en peligro la labor que éste realiza”, dice el escrito.
La organización menciona que estos hechos se dan en un contexto en el que los gobiernos federal y estatal buscaron imponer el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota.
En su comunicado Artículo 19 retoma todo el acompañamiento que ha hecho Tlachinollan durante el proceso en el que se vieron violentados los derechos de los comuneros opositores a La Parota por los gobiernos federal ye estatal.
Después agrega que Artículo 19 se suma al llamado de Tlachinollan para que los gobiernos federal y estatal, así como la FGE “garanticen el estado de derecho, el acceso a la justicia y respeten a los comuneros y comuneras que han alzado la voz para decir no a La Parota y sí al desarrollo comunitario y a la construcción de la paz con justicia y dignidad”, como lo ha pedido Tlachinollan.
Además, pide garantizar “la generación de un ambiente propicio y seguro para ejercer el derecho a la libertad de expresión de las y los integrantes del periódico El Sur”.
Artículo 19 exige el cese “a cualquier acto de intimidación y hostigamiento en contra del director de El Sur Juan Angulo”.
A su vez, el CCTI externó su preocupación por las amenazas vertidas en su comunicado del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, “responsabilizando de la violencia que se pueda presentar en esa comunidad al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y al director del periódico El Sur, Juan Angulo Osorio”.
Refiere que es una realidad que la zona rural de Acapulco, incluyendo ejidos y a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, comprendida como área de afectación del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, ha sido una zona de conflicto desde hace 15 años al surgir una división en la población entre quienes querían y entre quienes organizadamente se oponen a dicha presa, defendiendo el agua y el territorio.
“Este conflicto que anteriores gobiernos quisieron imponer, generó profundas afectaciones y rupturas del tejido social y de las relaciones intercomunitarias. El último y más grave fueron los hechos del 7 de enero de 2018 en la comunidad de La Concepción”, recuerda el CCTI.
Demanda que el conflicto debe ser atendido por todos los niveles de gobierno y por la sociedad civil organizada, con apego a los derechos humanos y la justicia, buscando la reparación del tejido social a través del dialogo y la resolución pacífica para evitar mayor costo social y humano.
“Respaldamos el trabajo de los compañeros de Tlachinollan al asesorar jurídicamente a los defensores del agua y del territorio en Cacahuatepec. Reconocemos el trabajo informativo de los periodistas y foto reporteros del diario El Sur y su director Juan Angulo, que nos permite conocer los diferentes puntos de vista de las partes en conflicto”, dice el comunicado del CCTI.
El organismo hizo un llamado para que el comisariado de Bienes Comunales “no se convierta en un generador de violencia y amenazas contra Tlachinollan y El Sur”.
Destaca que el derecho a la información y la defensa integral plena de los derechos humanos “son factores esenciales en la construcción de la democracia que requiere Cacahuatepec, Acapulco, el estado y el país”.
Texto: Zacarías Cervantes
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