Chilpancingo, Guerrero, a 4 de julio de 2025.- Integrantes del colectivo Guerrero no más Desaparecidos pidieron ayer en conferencia de prensa una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que le expongan las necesidades, carencias y deficiencias que han visto en las instituciones encargadas de las búsquedas e identificación de restos humanos.
Las buscadoras del colectivo Guerrero no más Desaparecidos iniciaron desde el 28 de mayo una jornada de búsqueda en la carretera vieja Chilpancingo-Zumpango, en el cerro del Tepetlayo, aproximadamente un kilómetro adelante del Hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
A más de un mes han encontrado restos de al menos tres personas, también ropa y botas tácticas, así como indicios de que hay más restos humanos, por lo que van a continuar la búsqueda hasta descartar que ya no hay restos, informaron ayer.
El colectivo que encabeza Francisca Mayo Ramírez, madre de Jonathan Munives Mayo, desaparecido el 3 de noviembre del 2008, junto con otras madres denunció en conferencia de prensa las deficiencias que enfrentan para eficientar las búsquedas y la agilización de la identificación de los restos que encuentra.
En la conferencia pidieron a la gobernadora una reunión para que se destine, además de apoyo para material, equipo y vehículos, así como personal capacitado sobre todo en materia de antropólogos forenses.
“Somos el Colectivo Guerrero no más Desaparecidos, un grupo integrado por aproximadamente 48 familias buscadoras que, desde hace cinco años, trabajamos de manera organizada para visibilizar y combatir la crisis de desapariciones en México”, explicó la dirigencia.
Informó la representante del colectivo que aunque la colaboración con otros colectivos comenzó hace más de 10 años en distintos estados del país, fue el 28 de febrero del 2020 “cuando decidimos conformarnos formalmente como colectivo”.
Dijo: “Nacimos del dolor, de la necesidad y de la indignación al ver cómo más familias viven lo que nosotros vivimos: la desaparición de un ser querido, la desinformación total sobre qué hacer, a dónde acudir, y además, el rechazo y estigmatización por parte de la sociedad”.
Añadió que, ante esa realidad, “decidimos no quedarnos callados. Nos hemos dado a la tarea de impulsar proyectos de apoyo y orientación, participar en la formación de leyes, colaborar con otras organizaciones y generar actividades de visibilización, memoria y exigencia de paz”.
Agregó que “nuestro compromiso es con la verdad, con la dignidad y con todas las personas que buscan a sus seres queridos”.
A la gobernadora Salgado Pineda las madres buscadoras le pidieron, “con profundo respeto y dolor, solicitarle una audiencia de carácter urgente para exponer la actual problemática en los asuntos que competen a la atención de la Fiscalía General del Estado, particularmente de los Servicios Periciales”.
Lamentaron “profundamente la falta de atención, respuesta y coordinación por parte de esta instancia, lo cual ha dificultado gravemente nuestro derecho a la verdad”.
“Nuestro estado enfrenta una grave rezago en materia de identificación humana, situación que requiere de voluntad política, recursos humanos, económicos y materiales, profesionalización y, sobre todo, sensibilidad ante el dolor de quienes buscamos incansablemente a nuestras hijas, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, esposas y esposos desaparecidos. Nosotras, las madres buscadoras, no buscamos culpables, sino a nuestros familiares”, dijo.
Agregó que vinieron a perseguir a nadie, “y a exigir lo mínimo indispensable: saber dónde están nuestros seres queridos. Porque somos nosotras quienes sin descanso y con nuestras propias manos y recursos económicos hemos buscado y muchas veces hemos sido quienes encontramos”.
Dijo que a la gobernadora le piden “con el corazón en la mano que escuche nuestras propuestas, que camine junto a nosotras, que fortalezca las instituciones responsables de la búsqueda y la identificación, y que no olvide que la paz y la justicia comienzan con la verdad”.
La falta de personal obstaculiza el derecho a la verdad y la justicia
Hicieron un llamado “urgente” a usted gobernadora Evelyn Salgado Pineda “y a usted fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda con fundamento en el artículo 1 y artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materias de búsqueda de personas que es un instrumento operativo y normativo que obliga a que toda búsqueda se realice bajo los principios de inmediatez, exhaustividad, enfoque diferencial y participación activa de las víctimas”.
En la conferencia de prensa se informó que la falta de personal, materiales, organización, coordinación y logística “contraviene este Protocolo y obstaculiza la garantía del derecho a la verdad y la justicia”, toda vez que la Ley Nacional de Procedimientos Penales marca que toda autoridad encargada de investigaciones está obligada a actuar bajo el principio de debida diligencia, “particularmente en casos de desaparición forzada o cometida por particulares, delitos graves que atentan contra la dignidad humana”.
La agrupación de víctimas de desapariciones recordó que México es parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a realizar todas las acciones necesarias para la búsqueda efectiva y la localización de personas desaparecidas, y a garantizar la participación efectiva de los familiares la omisión de dichas acciones puede derivar en recomendaciones hacia los estados que incumplen sus obligaciones.
Por ello, la agrupación demandó: La presentación inmediata del plan de trabajo por parte del Coordinador de Servicios Periciales, Héctor Ramírez Chávez, con cronograma. responsables y metas claras.
Asimismo, que a más de un mes desde que se inició la excavación en el sitio ubicado en la carretera vieja que va de Chilpancingo a Zumpango, “seguimos esperando el plan de trabajo de Servicios Periciales quien en las reuniones interinstitucionales ha reconocido que operan con dichos planes, los cuales a la fecha no han sido entregados ni ejecutados con claridad”.
Agregaron que la omisión ha causado una afectación emocional, psicológica y económica profunda a las familias, lo que constituye una forma de revictimización, contraria a los marcos legales nacionales e internacionales que rigen el actuar del Estado mexicano.
“El refuerzo urgente de personal capacitado y reubicación de personal a las áreas correspondientes a su capacitación y especialización, herramientas para continuar con las labores de excavación, evitando dilaciones que pongan en riesgo las evidencias y la integridad de las familias”.
También requieren el cumplimiento, “contenido en el punto cuarto del oficio dirigido al Fiscal del Estado, sobre el fortalecimiento de la unidad canina, quienes han sido los únicos que han trabajado de manera efectiva y con sensibilidad”.
Asimismo, el cese inmediato de prácticas que constituyen revictimización institucional, como la falta de organización y coordinación, la omisión y la indiferencia ante las necesidades emocionales, logísticas y económicas de las familias.
“Exigimos con urgencia una coordinación real y efectiva entre las comisiones y las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas. Establecer mecanismos claros de colaboración e intercambio de información”, refiere la petición del colectivo que se entregó en la conferencia de prensa.
Agrega que la búsqueda “debe ser integral, con protocolos adecuados y con pleno respeto a los derechos humanos. Ya no hay tiempo para improvisaciones ni simulaciones. La coordinación interinstitucional no es un favor, es una obligación del Estado”, concluyó la representación del colectivo de víctimas de desapariciones.
Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
