Chilpancingo, Guerrero, a 15 de mayo de 2025.- A cinco años del desplazamiento forzado de los directivos del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) por amenazas presuntamente del crimen organizado, las condiciones de riesgo siguen igual, declaró la actual directora del organismo, Teodomira Rosales Sierra.
Derivado de ello, el organismo solicitó una audiencia a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, “similar a la que se realiza con las madres y padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa”, así como el diseño e implementación de un plan de retorno “en el que se valore si la fuente de riesgo se ha resuelto o neutralizado”.
Mediante un comunicado, el Centro Morelos recordó que este 15 de mayo se cumplen cinco años de que “personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero estamos desplazados forzadamente debido a las condiciones de violencia que ponen en riesgo nuestra vida e integridad”.
“Durante este lapso de tiempo las fuentes de riesgo que provocaron nuestro desplazamiento no se han resuelto, sabemos que la causa es política ya que la omisión y aquiescencia de las autoridades ha garantizado impunidad e impedido que regresemos a desarrollar nuestra actividad en condiciones de seguridad, tanto para nosotros como para nuestras familias”.
Hace cinco años, el entonces director del Centro Morelos Manuel Olivares Hernández y Teodomira Rosales Sierra, quien es ahora la directora de ese organismo, salieron del estado por amenazas que recibieron por grupos delictivos, cuando encabezaban la defensa de familias desplazadas por la violencia de comunidades del municipio de Leonardo Bravo.
Rosales Sierra informó que a casi un mes del ataque que le costó la vida al defensor y dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Marco Antonio Suastegui Muñoz, realizaron una revisión de las causas que los obligaron a salir de Guerrero y de los incidentes que han sufrido en los últimos tres años estando ya en situación de desplazamiento forzado.
En tanto que en su comunicado, el Centro Morelos refirió que a partir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 171/2023 en beneficio de 171 familias victimas de desplazamiento forzado interno de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Eliodoro Castillo, y de que su directora Rosales Sierra, junto con las y los representantes de las diferentes comunidades buscaban el acercamiento con las autoridades estatales y municipales, iniciaron las llamadas “intimidatorias” a los representantes de las familias desplazadas de las diversas comunidades.
Explicó que estas llamadas comenzaron, igual, después de una reunión el 24 de abril de 2023, “donde no hubo ninguna respuesta concreta y más bien pareció una reunión para ubicar a las y los representantes”.
Precisó que las amenazas comenzaron el 25 de abril del año pasado advirtiéndoles que si no dejaban de insistir en la reubicación, algunos de sus familiares sufrirían las consecuencias, “incluso hubo mención de víctimas potenciales específicas”.
Según el organismo, “todo aparentemente por integrantes de un grupo delincuencial aunque para nosotros es claro de dónde surgió la orden al mencionar que dejaran de insistir en la reubicación, pues a algunas les dijeron que si no estaban a gusto que se fueran de ahí pero que dejaran de insistir en la reubicación, incluso les dieron un plazo para salir”.
El organismo refirió en su escrito que el 2 de junio del 2023 inició el acoso sexual y amenazas de muerte en contra de su directora Rosales Sierra, “y a partir de ese día fue víctima de hackeó en su teléfono celular y múltiples incidentes hasta que finalmente tuvo que salir del país de enero a junio del 2024, esperando que el riesgo disminuyera”.
Sin embargo, la propia Rosales Sierra agregó que al regresar, en el mes de julio de ese mismo año, y al reiniciar su labor en búsqueda del cumplimiento de la recomendación, se reavivó su situación de vulnerabilidad junto con su familia y del ex director y fundador del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández.
“Sabemos que el costo económico para la reubicación de 171 familias es alto y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el Congreso del estado no están dispuestos a asignar los recursos suficientes para la reubicación en condiciones dignas, tomando en cuenta todo el daño que se les ocasionó con el desplazamiento”.
Derivado de ello la activista solicitó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, una audiencia “similar a la que se realiza con las madres y padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, en la que se convoque a todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado interno refugiados tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados del país para iniciar un diálogo franco y abierto”.
Propone analizar en ese encuentro el caso del desplazamiento forzado interno de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que, de manera conjunta, “busquemos las mejores formas y maneras de solución segura y duradera para este problema”.
También piden un diseño e implementación de un plan de retorno en el que se valoré si la fuente de riesgo se ha resuelto o neutralizado, elaborando un plan de seguridad “no solo para el retorno sino también para la reincorporación a nuestras respectivas actividades sin el temor de ser privados de la vida o desaparecidos”.
Para eso recomendó que se tome en cuenta, como en su caso que cumplió 5 años en esa situación, cuánto le ha costado al Estado tenernos fuera de nuestro lugar de origen sin que haya podido generar las condiciones de seguridad para un retorno seguro y poder continuar con nuestra labor como personas defensoras de derechos humanos”.
Dijo que son públicamente conocidos varios casos de personas que, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estando en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, han sido asesinadas.
Dijo que la ONU en México documentó entre enero de 2019 hasta este año al menos 103 asesinatos de personas defensoras, 41 de periodistas.
Adicionalmente, 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, de las cuales 25 de ellas recuperaron su libertad y 13 siguen desaparecidas.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: Jessica Torres Barrera
