Chilpancingo, Guerrero, 18 de octubre de 2024. El Consejo Guerrerense Afromexicano-Conga, solicitó al Congreso local homologar la Constitución Política del estado con una reforma federal que ordena institucionalizar políticas públicas sectorizadas que ayuden a combatir la brecha de desigualdad que este sector de la población, marginado por muchos años.
Urgieron acciones ante “las condiciones deplorables” que enfrentan ahora los pueblos afromexicanos, como consecuencia de los destrozos del huracán John, que dejó comunidades aisladas, sin servicios básicos ni las condiciones mínimas para una vida digna.
Aunado a que “nuestro pueblo tampoco tiene canales institucionales a los cuales recurrir para hacer efectivo sus derechos”, denunció el coordinador ejecutivo del Consejo Guerrerense Afromexicano, Audel Urbina Serrano.
En conferencia de prensa en el Congreso local, recordó que el pasado 30 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 2 de la Constitución Política Mexicana, sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Esto constituye el fundamento legal para reglamentar los derechos autonómicos, sociales, económicos y culturales, y la obligación de todos los niveles de gobierno “a establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible”.
Añadió que las políticas deben ser diseñadas y operadas conjuntamente por las autoridades de los pueblos originarios.
Mostró que el documento dirigido a la Junta de Coordinación Política del Congreso local se entregó ayer mismo al presidente del órgano de gobierno, Jesús Urióstegui García.
Urbina Serrano enfatizó la urgencia de hacer esta reforma y comenzar nuevas políticas públicas, tras el huracán John que afectó a los pueblos afromexicanos en todos los municipios de la Costa Chica, de San Marcos a San Nicolás, y demandan además decenas de autoridades comunitarias con sus firmas.
Indicó que la nueva política deberá establecer instituciones nuevas, suficientes y pertinentes que permitan atender a los pueblos indígenas y afromexicanos, de tal manera que se logre la coordinación, supervisión y establecimiento de las políticas públicas para ayudar a resarcir el daño institucional, material, sociopolítico, cultural y presupuestario “que durante muchos años hemos vivido y que ha originado que actualmente vivamos en zonas de alta marginación y pobreza”.
Será fundamental que todas las acciones, políticas públicas, programas sociales e instituciones se realicen en conjunto con los pueblos, enfatizó.
“Esta reforma constitucional representa la gran oportunidad de cambiar la realidad social, económica y política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro estado, razón por la cual, estamos convencidos que una de los primeros pasos a seguir para que esa realidad vulnerable sea modificada, consiste en establecer las modificaciones a nuestra legislación estatal, empezando con nuestra constitución política y, de esta forma, armonizar las leyes secundarias que permitan bajar las políticas públicas que ayuden”.
Aclaró que, si el Congreso del estado ya comenzó este trabajo de homologación, informe a ese colectivo en qué etapa procesal se encuentran, para poder ser coadyuvantes de los foros de consulta que se pretendan realizar, como parte del proceso del trabajo.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
