Chilpancingo, Guerrero, 22 de agosto de 2022. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que no participó en la redacción del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el pasado jueves el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez.
También, el GIEI pidió tener acceso “no sólo a lo que se incluyó en el informe sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”, así como los “mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos”. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Añadieron que una vez tengan acceso directo a esa información y la analicen a profundidad, compartirán sus valoraciones acerca de las nuevas revelaciones sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los integrantes del GIEI reiteraron su compromiso con los familiares del Caso Ayotzinapa, la sociedad y autoridades de México para coadyuvar a conocer la verdad completa del caso, incluyendo la búsqueda de los que aún se encuentran desaparecidos, insistiendo en la protección al debido proceso”.
Ayer en un comunicado firmado por Ángela María Buitrago Ruiz, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox Vial, se indica que “luego de la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, el 18 de agosto de este año”, como integrantes del GIEI conocieron el contenido del informe “cuando se presentó a los padres y madres, representantes y otros integrantes de la comisión en presencia del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) y altas autoridades del Estado”.
Detallaron que el texto completo les fue entregado a las 9 de la noche de ese 18 de agosto. Además, manifestaron que si bien hay eventuales “nuevas revelaciones en el esfuerzo de la Covaj en la investigación del caso, quien ha puesto todo el interés y el trabajo en ello”, deben insistir en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres y madres.
Señalaron que el GIEl ha recobrado junto con la Comisión de la Verdad muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en su informe de marzo de 2022.
“No conocimos el material del cual surgieron las capturas de pantalla”
“Si bien hemos tenido acceso a la información y productos obtenidos por la Comisión Presidencial no conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido aún a los peritajes que se practicaron sobre los mismos”, indicó el GIEI.
Informaron que desde el momento de la presentación solicitaron acceso “no sólo a lo que se incluyó en el informe sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información”.
Añadieron que también pidieron que se entreguen cuanto antes a la Fiscalía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILICA), tanto “los mensajes, como los dispositivos de los cuales fueron extraídos. Todo ello es clave para evaluar las características, fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Expusieron que una vez que tengan acceso directo a esa información y analicen a profundidad el contenido del informe, compartirán sus valoraciones acerca de las nuevas revelaciones.
El GIEI recordó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como los fiscales son autónomos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y que el Poder Judicial es independiente, así como cada uno de los jueces a quienes les corresponde evaluar y, en su caso, dar curso a las informaciones presentadas.
“Reiteramos la importancia de que estos casos avancen también en su diligencia ante las autoridades judiciales pertinentes y que, con las evidencias que se aporten a dichos procesos, puedan llevar a sentencias condenatorias donde se establezca la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso”.
Texto: Redacción / Foto: Archivo
