
El 51.6 por ciento del total será para la contratación temporal de miles de empleados que capacitarán a los funcionarios de casilla
Ciudad de México, 2 de noviembre de 2024. El Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá 13 mil 205 millones 143 mil 620 de pesos a la Cámara de Diputados para organizar la elección del Poder Judicial en 2025.
Pese al llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum de disminuir el costo del proceso para elegir a 881 juzgadores el próximo año, ayer la Junta General Ejecutiva del Instituto aprobó el monto, que sería avalado por el Consejo General del organismo.
El 51.6 por ciento del total será para la contratación temporal de miles de empleados que capacitarán a los funcionarios de casilla, por lo que se piden 6 mil 822 millones 29 mil pesos. Ese rubro también incluye la difusión de la elección.
Debido a que se calcula habrá más de 5 mil 300 candidatos, la producción de boletas, urnas y demás papelería electoral, así como su resguardo, costará al menos 2 mil 197 millones 224 mil 76 pesos.
De acuerdo con el proyecto aprobado por la Junta, integrada por la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y direcciones del INE, otro gasto fuerte será logística electoral, es decir, ubicación e instalación de casillas, lo que costaría al menos mil 399 millones.
Debido a que en cada proceso se instalan consejos estatales o distritales, encargados de recibir la documentación y contar votos, se pagan sueldos al personal, rentan oficinas y equipo, se solicitan 633 millones 809 mil pesos.
También se contrata seguridad auxiliar o privada y de protección civil, y el gasto se calcula en 446 mil pesos.
La renta de computadoras y demás equipos tecnológicos, así como los sistemas para informar sobre la jornada electoral, implicará una inversión de 439 millones de pesos, y la actualización del padrón electoral y expedición de Lista Nominal, sumaría 420 millones.
En el documento no se habla de un Programa de Resultados Preliminares, como sucede en procesos normales, pero sí contempla una partida para un Conteo Rápido, el cual costaría 34 millones de pesos.
Incluso, el organismo también está previendo voto en el extranjero y anticipado en cárceles o de personas en postración.
El presupuesto es presentado en modalidad de “precautorio”
Debido a que el INE tiene frenado el proceso para organizar la votación judicial, ante las suspensiones ordenadas por Jueces, el presupuesto se aprobó en la modalidad de “precautorio”, pues no existe certeza plena de su realización.
En el proyecto se argumenta que no existe ‘desobediencia’ a dichos recursos, pero el organismo necesita enviar a la Cámara de Diputados una propuesta, mientras se resuelve en definitiva el destino de la elección.
“Esto no implica que el Instituto se encuentre en desobediencia de las acciones legales. Al contrario, es en atención a que hay pendientes por resolver en definitiva algunos recursos interpuestos que se propone la aprobación ‘ad cautelam’.
“No hacerlo así, pondría en una situación de parálisis de actividades y de cumplimiento de la función constitucional encomendada a la institución. Podría causarse un daño grave e irreparable”, justifica. Se afirma que el monto solicitado es el necesario para que el INE cumpla con su obligación de garantizar el ejercicio de derechos político-electorales de los ciudadanos en los procesos electorales.
“Lo que nos obliga a tomar las medidas eficaces para evitar afectaciones a esos derechos o se vean mermados ante la falta de previsión presupuestal”, agrega.
Oples piden más de seis mil millones de pesos
Pese a la incertidumbre de si en sus entidades se realizará o no la elección de jueces locales el próximo año, 25 de los 32 institutos electorales estatales ya solicitaron a sus Congresos 6 mil 716 millones de pesos para su gasto operativo.
Además, solicitan 4 mil 621 para el financiamiento público de los partidos locales.
De acuerdo con un informe del INE, los organismos que no han aprobado su propuesta presupuestal 2025 son Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León, Baja California, Michoacán, Chiapas y Querétaro.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los institutos electorales locales han padecido los recortes a sus presupuestos, por lo que terminaron la elección de junio endeudados, en números rojos o a marchas forzadas.
La reforma judicial obliga a los estados a que en 180 días legislen para que puedan realizar, a partir del próximo año, la elección de jueces locales.
Sin mencionar dicha obligación, el miércoles pasado, los consejeros Dania Ravel y Martín Faz advirtieron que los OPLES deben contar con los recursos suficientes para desahogar las nuevas obligaciones que tienen.
Insistieron en que éstos son autoridades autónomas, por lo que no deberían “suplicar” cada año para poder sobrevivir.
“El hecho de que estén yendo constantemente a solicitar recursos y muchas veces casi a suplicar que les den recursos para poder cumplir con sus tareas más elementales, no abona a que tengan realmente esta autonomía con la cual se pensó a las autoridades electorales”, indicó.
Incluso, consideró que si el Congreso ya está pensando en una reforma electoral, uno de los cambios debería ser que cuenten con el presupuesto mínimo para operar, y dejar clara su autonomía presupuestal.
Faz acusó que incluso los Gobiernos no entregan los recursos para el financiamiento público de los partidos.
El próximo año únicamente Veracruz y Durango tendrán elecciones locales, en ambos casos renovarán Alcaldías.
El órgano electoral veracruzano pidió mil 278 millones 347 mil pesos, de los cuales 915 millones serán para organizar la elección de 212 Presidencias Municipales.
En Durango, el instituto solicitó 278 millones, de ellos 150 millones para renovar 39 Ayuntamientos.
El Estado de México, que es el que cuenta con el mayor número de jueces locales, pidió un presupuesto de 851 millones 744 mil pesos. Sin aclarar si dicho monto incluye una partida especial para la elección de juzgadores.
Le sigue Puebla con 507 millones de pesos; Chihuahua con 423 millones; y Coahuila con 387 millones. Esos montos no incluyen prerrogativas a partidos, sólo gasto operativo.
Texto: Érika Hernández / Agencia Reforma


