Iguala, Guerrero, 11 de diciembre de 2020. En el informe intermedio 2020 Sombra de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en Inglés), por la conmemoración del 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la activista Marina Reyna Aguilar consideró necesaria una declaratoria de alerta de género nacional.
Argumentó que la violencia hacia las mujeres se sigue expandiendo, recrudeciendo e incrementando, y de acuerdo con un monitoreo realizado desde la sociedad civil, en Guerrero está ocurriendo en el 75 por ciento de los 81 municipios.
La tarde de ayer, la Red Nacional de Alertistas en coordinación de Federación Mexicana de Universitarias, presentó de manera virtual desde la cuenta de Facebook Museo de la Mujer este informe, que México tenía que presentar este año, como fue la petición de la red en 2018, dijo la Coordinadora de la Cátedra Derechos Humanos Unesco de la UNAM, Gloria Ramírez, quien además alertó que el feminicidio en México es latente, pues diario 11 mujeres son asesinadas.
La integrante de la Red, María Luisa Sosa de la Torre, de Zacatecas, denunció como parte de este informe, que el Estado mexicano incumple con las recomendaciones del comité de la CEDAW, “los gobernantes, gobernadores, gobernadoras y presidentes municipales son negligentes en el cumplimiento de las alertas, el gobierno federal debe destinar equipo, personal y recursos que se necesitan para combatir la violencia contra las mujeres”.
Señaló que en 2018 México recibió una serie de recomendaciones del Comité CEDAW, del que se había solicitado dar respuesta en dos años.
Se expuso que entre las acciones que México debe realizar están tipificar el feminicidio en todos los códigos penales, agilizar la búsqueda de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal.
En este contexto, y a dos años de las observaciones finales del Comité CEDAW, la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país, elaboró el informe presentado, con las recomendaciones que se hicieron a México, con recopilación de información de cada entidad.
A pregunta de la necesidad de solicitar la activación de una alerta de género nacional, dijo que debido a que en entidades como Guerrero se han emitido dos recomendaciones de activar la alerta por violencia de género.
La representante de Guerrero e integrante de la Dirección Colegiada Red Nacional de Alertistas, Marina Reyna Aguilar, expuso que las alertas son una herramienta que se tiene desde la sociedad civil, para poder visibilizar la problemática en cuanto a la violación de derechos humanos de las mujeres y las omisiones de las políticas públicas, que deberían estarse implementando en la vida cotidiana y que muchas veces hay omisiones por parte del Estado.
Dijo que este recurso es efectivo, pero que desde la sociedad civil deben estar vigilantes para que se dé un cumplimiento cabal a las declaratorias y las medidas que se aplican en cada estado y en los municipios donde se está dando la violencia.
Puntualizó que la declaratoria de violencia de género en Guerrero, que se tiene en nueve municipios por violencia feminicida, “resulta que en este monitoreo que estamos teniendo desde la sociedad civil, la violencia extrema está ocurriendo en un 75 por ciento de los municipios, en los cuales no está declarada la alerta; es decir, lo que está fallando es la política pública, la estrategia y las acciones que se deben estar implementando el estado y los municipios”.
Agregó: “Vemos con mucha tristeza que sí, efectivamente tendría que estarse declarando una alerta nacional, porque la violencia se sigue expandiendo y esto parece que no para, sino al contrario, se está incrementando. Entonces sí, efectivamente nosotros diríamos que sí necesitamos una alerta nacional, pero una alerta nacional como una estrategia bien establecida del gobierno federal en coordinación con los estados y con los municipios”.
Texto: Alejandro Guerrero
