Esmeralda Arosemena, relatora para México de la CIDH pidió agotar todas las líneas de investigación en el caso Ayotzinapa.
Texto: Agencia Reforma, DPA y Apro / Foto: Archivo El Sur, Jesús Eduardo Guerrero
Washington, 6 de junio de 2018. A más de tres años y ocho meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aún se desconoce el paradero de los estudiantes, por lo que es fundamental agotar todas la líneas de investigación e indagar, por ejemplo, a toda la plantilla de la Policía Federal que operaba en Iguala, Guerrero, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el informe del primer año de labores del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, presentado en Washington por la relatora para México, Esmeralda Arosemena, se critica que no haya consignaciones por desaparición forzada, se acusa que hubo destrucción de pruebas y se insiste en esclarecer el papel que jugó el Ejército en los hechos.
“La CIDH considera importante que toda la plantilla de policías federales activa en la estación de Iguala en las fechas en que ocurrieron los hechos -26 y 27 de septiembre de 2014- sea investigada a profundidad”, indica el documento.
“Según información en el expediente, la mayoría de la plantilla de la Policía Federal que laboraba en la estación de la Policía Federal de Iguala, fue trasladada a otras unidades en el país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014”.
Por ello, la CIDH pide investigar la cadena de responsabilidades que decidió mover a ese personal de la Estación de Iguala, en momentos críticos de la investigación.
“Así como de la cadena de mando de la Policía Federal en el momento en que ocurrieron los hechos”, se lee en el informe.
Durante su presentación, la relatora Esmeralda Arosemena respaldó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas y llamó a las autoridades mexicanas a acatar el fallo.
“A la fecha no se ha realizado un cambio en la narrativa del caso que deje atrás la ‘verdad histórica’, que el Tribunal ha señalado como una verdad insostenible; y en congruencia tiene que haber una nueva narrativa”, planteó.
“Hoy a más de tres años, el paradero de los estudiantes desaparecidos sigue siendo desconocido; siguen pendientes y abiertas una gama de líneas de investigación que deben profundizarse”.
Arosemena criticó que no haya ninguna persona consignada por desaparición forzada y consideró que no es válido el argumento de las autoridades mexicanas que señalan que otros delitos ofrecen una sanción mayor, pues destacó la importancia de establecer que se trata de un delito de desaparición forzada.
En el informe también hace referencia a la detención, en abril de 2017, de Walter Alonso De Loya Tomás, cuya declaración involucra a funcionarios de Guerrero y a militares del Ejército.
También hace referencia a que el celular de uno de los normalistas desaparecidos lo tenía un agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Insta a México acatar decisión de Tribunal sobre caso Ayotzinapa
La CIDH también instó al gobierno de México a acatar la orden de un tribunal federal para crear una comisión de la verdad que investigue la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014, caso que remeció al país y a la comunidad internacional.
“Hemos tomado nota de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado en el caso Ayotzinapa. Observamos que confirma la existencia de graves irregularidades en la investigación”, dijo la comisionada Esmeralda Trotiño durante la presentación del balance del primer año del mecanismo de seguimiento para el caso de los estudiantes.
El lunes un tribunal colegiado del estado mexicano de Tamaulipas resolvió que se deberá reponer todo el procedimiento, consideraron que hay evidencias de tortura y malos tratos en la investigación del caso Ayotzinapa y que esta no fue “efectiva” ni “imparcial”.
La decisión se tomó al resolver un recurso de amparo presentado por cuatro presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos, actualmente detenidos. El grupo criminal fue señalado por las autoridades como responsable de la desaparición de los jóvenes, en complicidad con policías municipales.
La Fiscalía mexicana indicó que no “comparte el criterio de los magistrados” del tribunal colegiado porque “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal” que corresponde al Ministerio Público de la Federación.
Sin embargo, la CIDH indicó que una orden como la del tribunal es “valiosa” y “trascendental”, por lo que insistió en que el gobierno mexicano debe acatarla.
“Es el reconocimiento del sistema judicial mexicano en la necesidad de reconducir una investigación para obtener lo que la sociedad mexicana demanda y lo que las víctimas exigen”, manifestó Trotiño.
Los 43 jóvenes estudiaban en la escuela para formación de maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, y desaparecieron en la ciudad de Iguala después de ser supuestamente entregados por policías corruptos a Guerreros Unidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A más de tres años de los hechos, las autoridades todavía no han logrado dar con el paradero de los muchachos y sus familiares exigen su aparición con vida.
La CIDH sepulta la “verdad histórica” del gobierno de Peña en el caso Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa, Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.
El órgano jurídico autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludo el fallo del Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
“La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, sentenció Vargas Silva.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma OEA, es contundente al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.
