Serán coadyuvantes y se coordinarán, pues no son enemigos del nuevo cuerpo de seguridad, precisan en conferencia de prensa de las cinco casas de justicia. Demandan que la Suprema Corte resuelva los juicios de controversia contra las “regresivas” reformas a la Ley 701 y al Artículo 14 de la Constitución sobre derechos indígenas aprobadas por la anterior Legislatura local. Acusan al secretario de Gobierno de “boicotear sistemáticamente” su trabajo.
Chilpancingo, Guerrero, 30 de julio 2019. Coordinadores de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) exigieron ayer al gobierno federal y a su Guardia Nacional (GN), respeto al territorio comunitario donde se encarga de la seguridad la Policía Comunitaria.
Asimismo, demandaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los juicios de controversia constitucional que presentaron el año pasado contra las reformas a la Ley 701, y al Artículo 14 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, aprobadas por el Congreso del Estado en la anterior legislatura, por “regresivas” al derecho de los indígenas.
A su vez, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Adulfo Esteban de la Cruz rechazó que haya un acuerdo con la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para que opere en territorio comunitario. Informó que las investigaciones del asesinato del coordinador Julián Cortés Flores, por el que está detenido el comandante Ulieser Hernández están avanzadas, y rechazó violaciones a los derechos humanos del detenido y que haya persecución en contra de integrantes de esa casa que fueron expulsados.
Los coordinadores de las casas de justicia del Paraíso, municipio de Ayutla, Juan García, de Zitlatepec municipio de Metlatónoc, Alberto Rojas León, de Las Juntas municipio de Acatepec, Eufemio Cesáreo Sánchez, de Espino Blanco municipio de Malinaltepec, Taurino Reyes Leyva y de San Luis Acatlán, Adulfo Esteban de la Cruz, ofrecieron una conferencia de prensa acompañados del director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Taurino Reyes Leyva dijo que la CRAC no es enemiga del gobierno federal ni de su Guardia Nacional, sino que es coadyuvante en materia de seguridad, por lo que expresó que debe haber coordinación y delimitar la demarcación donde opere la Guardia Nacional y en dónde la Policía Comunitaria.
Consideró que es necesario “marcar” territorios, “nosotros respetaremos el trabajo de la Guardia Nacional pero que ellos respeten nuestro territorio”, pidió.
Agregó que actualmente la Policía Comunitaria brinda protección a los ciudadanos de 250 comunidades de 20 municipios de las regiones Montaña-Costa Chica.
Por su parte, Cesáreo Sánchez declaró que la CRAC y su Policía Comunitaria no luchan contra el sistema ni están en contra de la Guardia Nacional, sino que son coadyuvantes para garantizar seguridad en territorio comunitario.
La legislatura pasada aprobó una ley “regresiva y contraria a los derechos de los pueblos indígenas”: Tlachinollan
El director de Tlachinollan, Barrera Hernández declaró que en los últimos cinco meses la CRAC ha realizado un replanteamiento y la revisión de sus documentos con base en la propuesta de iniciativa de ley que entregaron al Congreso Local hace dos años, misma que no fue considerada.
Dijo que, por el contrario, la legislatura pasada aprobó una ley “regresiva y contraria a los derechos de los pueblos indígenas”.
Denunció que esa ley aprobada “vulnera” al sistema comunitario que promueve la CRAC-PC desde hace 24 años.
Mencionó que para revertir esa ley la CRAC interpuso dos controversias constitucionales ante la SCJN, una contra la Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, “por regresiva” y la segunda en contra de las reformas al artículo 14 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, “en la que se borra de tajo la participación y el reconocimiento de la Policía Comunitaria”.
Informó que los pueblos determinaron mandar el 20 de mayo una comisión que fuera a hablar con el presidente de la SCJN, para decirle que atienda ambas controversias constitucionales y que resuelva a favor de los pueblos indígenas.
Agregó que también hablaron con un ministro a quien le explicaron qué es la Policía Comunitaria, “para que no la confundan con grupos de autodefensa, ni con policías rurales ni con otro tipo de grupos que han usurpado el nombre de la Policía Comunitaria”.
Barrera Hernández informó que han revisado la iniciativa de ley que presentó la CRAC-PC hace dos años ante el Congreso Local “para reforzarla y retroalimentarla”.
Informó que han organizado cuatro parlamentos abiertos en el Congreso del Estado, en donde se han tocado temas como el derecho a la libre determinación, el derecho a la consulta, el derecho al territorio y el derecho al sistema de justicia comunitaria, que son los ejes transversales de la ley que piden que se apruebe en esta nueva legislatura.
Reconoció que hay apertura de varios diputados locales, particularmente de la fracción parlamentaria de Morena, que están interesados en impulsar esta ley.
Sin embargo, reprochó que esta iniciativa y los esfuerzos de la CRAC-PC, “los ha estado obstruyendo el secretario de Gobierno, Florencio Salazar”, porque cuando realizan los parlamentos o tienen reuniones “envía documentos diciendo que la ley indígena ya fue aprobada y que es la mejor ley con la que se cuenta en el estado”.
En un boletín que se distribuyó en la conferencia de prensa los coordinadores de las casas de justicia también se quejan: “Los golpeteos a la CRAC-PC no cesan, el mismo secretario de Gobierno, Florencio Salazar se ha empecinado en boicotear sistemáticamente nuestro trabajo. En todo momento trata de confundir a la población con boletines de prensa diciendo que Guerrero ha impulsado una ley muy progresista, pero a la letra y espíritu atenta gravemente contra nuestros derechos. A pesar de esta campaña como CRAC-PC seguimos fortaleciendo nuestro proceso organizativo”.
No hay alianza con la UPOEG
En la conferencia de prensa se trató también el conflicto en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
El mismo boletín dice que: “Se ha querido confundir ante la opinión pública que tenemos acuerdos por debajo de la mesa, pero nada existe al respecto, todos nuestros actos son públicos y están bajo el escrutinio de nuestros consejeros y asambleas”.
De la irrupción de policías ciudadanos de la UPOEG el 17 y 18 de junio en San Luis Acatlán, territorio comunitario, el coordinador Adulfo Esteban dijo que en efecto hubo un convenio para que la UPOEG les entregara al ex comandante Euliser Hernández, acusado del asesinato del coordinador de la CRAC-PC, Julián Cortés, a cambio de que ellos pudieran entrar a San Luis Acatlán para detener a una persona que había cometido delitos en su territorio.
Aclaró que en el convenio se estableció que cuando entrara la UPOEG debía notificar el día y hora, “cosa que nunca lo hicieron, ellos se metieron en la madrugada, nunca avisaron y ahí terminó todo”, pero aseguró que no se trató de una alianza como se dijo.
Informó que después de que se rompió el convenio la UPOEG les notificó que querían entregar a Euliser Hernández en una asamblea regional, y que lo entregaron en San Luis Acatlán.
Informó que están por terminar las investigaciones del asesinato del coordinador Julián Cortés, ocurrido el 12 de abril, homicidio del que se acusa al ex comandante regional Euliser Hernández y a Francisco Rodríguez Estrada, detenidos actualmente por la CRAC.
A su vez, el boletín refiere: “Nos preocupa demasiado la situación interna derivado de los conflictos que enfrentamos y que lamentablemente nos han desgastado por la polarización que se ha dado ante multiplicidad de opiniones y posturas sobre el rumbo de la CRAC”.
Adelanta que el asesinato del que se acusa a Euliser está relacionado con la infiltración del crimen organizado en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
“De acuerdo a elementos de prueba, -refiere el documento-, el comandante regional fue cooptado por un grupo de la delincuencia organizada que operaba en San Luis Acatlán. El ex comandante estaba al mando del grupo que comanda Gustavo Quiñones Larios, El Golden, quien estaba generando violencia en este lugar”.
Agrega que desde la estructura de la Policía Comunitaria el ex comandante Euliser empezó a enfrentar a grupos contrarios del Golden para tomar el control de San Luis Acatlán y establecer su hegemonía.
Acusa también al ex comandante Euliser del asesinato de Andrés Viviano Chávez, El Patas, ocurrido el 23 de marzo. El Patas estaba procesado por la CRAC, pero fue asesinado en una supuesta emboscada cuando era trasladado de San Luis Acatlán a otra comunidad. Según la CRAC, el detenido fue ejecutado por Euliser y por eso fue expulsado el 7 de abril.
Destaca el boletín que derivado de su expulsión, “y al quedar desprotegido de la estructura de la CRAC”, Euliser en venganza asesinó al coordinador Julián Cortés, el 12 de abril.
El coordinador Esteban de la Cruz informó que ya están por terminar la investigación y que se darán a conocer los resultados y la situación de Euliser.
Rechazó que el ex asesor, Valentín Hernández Chapa y Kenia Hernández, quienes han salido en defensa de Euliser, tengan orden de aprehensión o haya la intención de detenerlos, pero confirmó que fueron expulsados de la CRAC, por irregularidades que no precisó.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torras Barrera
