El fiscal especializado en delitos graves solicita las constancias que los acrediten como servidores públicos para investigaciones abiertas en torno a la alcaldesa de Chilpancingo y el edil Andrei Marmolejo. También sobre los alcaldes de Acapetlahuaya, Cutzamala, Coyuca de Catalán, Tlalchapa, Tla-pehuala y Ajuchitlán y la diputada Elzy Camacho. No lo dice el escrito pero en todos los casos se indagarían presuntos vínculos con grupos delictivos
Chilpancingo, Guerrero, 17 de julio de 2023. La Fiscalía Especializada en Delitos Graves, de la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó al Congreso del Estado las constancias que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y al síndico de Chilpancingo, así como de cinco alcaldes de Tierra Caliente, uno de la región Norte, y a una diputada, involucrados en procesos de investigación.
Este es un procedimiento especial para servidores públicos electos, iniciado mediante dos oficios fechados el pasado 7 de julio, a efecto de que, en el momento de que el Ministerio Público encuentre indicios de responsabilidad, y un juez vincule a alguno a proceso, comience el trámite de juicio de desafuero como representantes populares.
En el escrito, el fiscal especial Germán Reyes Reyes indicó que la información es necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se indagan en las carpetas de investigación, que se mantienen bajo reserva en atención a los artículos 15. 105, 106 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Abundó que los registros de la investigación, sean éstos de voz o imágenes, así como todo lo relacionado, están “estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos”.
Sin embargo, son del conocimiento público eventos recientes que pueden involucrar a autoridades en investigaciones penales. La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y el síndico Andrei Mar-molejo Valle, de Chilpancingo, fueron mencionados en el narcomensaje de una cartulina que fue dejada junto a siete cuerpos desmembrados en un barrio de la capital, el 24 de junio.
Las siguientes semanas, en redes sociales se difundió un video de la alcaldesa reunida, en un restaurante, con el presunto jefe de un grupo criminal de la zona Centro.
Por otro lado, el fiscal especializado solicitó las actas de protestas y los nombramientos que acrediten como servidores públicos a los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres, de la región Norte; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente.
Así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa región, los presidentes de Cutzamala, Pungarabato (Altamirano), Tlapehuala y Ajuchitlán, del PRI; la de Tlalchapa, de Morena; de San Miguel Totolapan y de Coyuca de Catalán, del PRD, encabezaron bloqueos de carreteras federales el 18 de abril de este año, y que permanecieron durante 72 horas, luego de que agentes ministeriales decomisaron de una bodega automóviles de lujo cuya propieda se atribuyó a los líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana.
Por escrito se unieron a esta acción, los diputados, Elzy Camacho, Adolfo Torales y Reynel Rodríguez Muñoz.
El 27 de abril, después de la protesta que encabezaron, la gobernadora Evelyn Salgado se reunió con alcaldes y diputados que habían denunciado, a través de un escrito, amenazas del grupo delictivo de Los Tlacos. El documento fue firmado por 11 alcaldes y tres diputados.
Texto: Lourdes Chávez/Foto: Archivo
