Organizaciones civiles aconsejan modificar la redacción del dictamen de la nueva reforma educativa, al señalar que catalogar como educación especial a la que se otorgará a personas indígenas o con discapacidad es segregante.
Ciudad de México, 3 de abril de 2019. Luego de que el diputado federal Mario Delgado Carrillo dio a conocer que para avanzar en acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quitarán del dictamen de la nueva reforma educativa conceptos como el de certificación, Mexicanos Primero pidió que se expliquen los términos.
En entrevista, la directora de Mexicanos Primero, Jennifer O’ Donoghue, indicó que la organización recomienda que se ofrezca mayor claridad.
“Más que quitarlo, nuestra recomendación sería aclarar y dar una reflexión más completa de qué significa”, expuso la especialista en temas educativos.
Señaló que, en el caso de la certificación, falta información, lo que puede ‘causar ruido’.
“A nosotros también nos llamó la atención porque no da mucha más información, más allá de que establecería los criterios que deben incluir las instancias autorizadas para la certificación, pero no da más información de lo que significa esa certificación”, dijo.
“Sí puede ser que los maestros lo interpreten de una manera porque la verdad es que en el texto no se dice mucho, entonces, en ese sentido, yo creo que desde ahí es algo que puede causar ruido porque no hay suficiente información sobre a qué se refieren esas certificaciones”, agregó.
Este martes, tras participar en una reunión con líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Delgado afirmó que se prevé suprimir del proyecto de decreto palabras como “certificación”.
Explicó que aunque la certificación no está vinculada a la evaluación de maestros, sino a las funciones del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación con respecto a instituciones, provoca confusión entre maestros disidentes.
Los docentes insisten en que este término, así como el de promoción y evaluación, desaparezcan.
Advierten exclusión en la reforma
Organizaciones civiles pidieron modificar la redacción del dictamen de reforma educativa, al señalar que catalogar como educación “especial” a la que se otorgará a personas indígenas o con discapacidad es segregante.
En un pronunciamiento, seis agrupaciones y consejos propusieron una redacción más incluyente para la iniciativa que busca reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, que fue aprobada por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados el 31 de marzo.
“Toda reforma constitucional en materia de derechos humanos debe representar un avance respecto a cómo se entiende y propone su defensa y promoción (…) se presenta una alternativa de redacción para evitar retrocesos y avanzar en la comprensión y garantía del derecho a la educación incluyente”, expusieron.
Su propuesta está basada en eliminar la idea de crear políticas públicas para atender a grupos marginados o con “necesidades educativas especiales” y transitar a una visión más amplia, que establece la responsabilidad de “todos los componentes del sistema educativo de adaptarse a la diversidad inherente a cada persona”.
Así, indicaron, se evitará la segregación de ciertos grupos o poblaciones en servicios o espacios distintos, como ha sucedido con la educación indígena, comunitaria o para migrantes.
Recordaron que el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, a través del amparo de revisión 714/2017, resuelto en octubre de 2018, se determinó que las autoridades estatales deben fortalecer la educación inclusiva dentro del sistema regular y no robustecer la especial.
Esto implica, abundaron las organizaciones, que el Estado mexicano, lejos de contemplar sistemas paralelos y separados para los educandos –uno para personas con discapacidad y otro para las demás–, debe adoptar de manera progresiva las medidas concretas y deliberadas para que “todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos”.
“En ese sentido, la educación especial no debe ni puede ser la estrategia en que el Estado mexicano se base para lograr el acceso a una educación inclusiva”, apuntaron.
Solicitaron eliminar las palabras “especial” e “indígena”, consideradas en el dictamen como tipos de educación.
Además, se pide incluir en el dictamen un artículo décimo séptimo transitorio que obligue al Ejecutivo federal a, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, presentar un diagnóstico sobre el estado de la educación inclusiva en el país.
Y que, en un lapso posterior de 90 días, el Ejecutivo federal defina una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, en la que se determinarán las etapas de su implementación, leyes y reformas necesarias para cumplirla y que esté lista a más tardar en 2030.
Entre los firmantes se encuentran Mexicanos Primero, Transversal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Yo También, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Texto: Iris Velázquez / Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma
