“Existe sólido consenso de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos adoptados por el Estado mexicano”, expuso el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
Ciudad de México, 25 de enero de 2019. El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, solicitó a la Cámara de Diputados abstenerse de aprobar prisión preventiva oficiosa para los delitos de robo de hidrocarburos, electorales y de corrupción.
Mediante una carta, con fecha del 23 de enero, consideró que incluir esos ilícitos viola derechos internacionales consagrados, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
En el escrito, dirigido al presidente de la Cámara, coordinadores parlamentarios y la Comisión de Puntos Constitucionales, Jarab indicó que más bien tendría que eliminarse la prisión preventiva.
“Existe sólido consenso de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos adoptados por el Estado mexicano”, expuso.
“Lejos de ampliar los supuestos de aplicación, debería eliminarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano”.
Ante el inicio del próximo periodo de sesiones el primero de febrero, en el que se discutirá el dictamen, el representante entregó a los diputados observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa y la carta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
Así como un comunicado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ello para argumentar cómo la prisión preventiva viola derechos humanos y va contra los compromisos de México en la materia.
Sobre dicha carta, el diputado del PRD, Javier Salinas, señaló que Morena está presionado para aprobar la prisión preventiva para el huachicoleo, debido a la coyuntura.
“Creen que considerarlo como un delito grave y elevarlo a rango constitucional se solucionaría el problema, cuando la solución es facultar a los jueces de control para que sean ellos quienes determinen en qué caso procede y en qué casos no, a partir de los elementos que le proporcione el Ministerio Público. El juez no es parte, el MP sí”, opinó.
Señaló que, por ejemplo, en el caso Tlahuelilpan, los responsables de perforar el ducto deberían ser juzgados como criminales, mientras que las más de 800 personas, incluidos niños que participaron, no deberían ser llevadas a prisión, ya que fueron inducidos.
Texto: Claudia Salazar, Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
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