Ciudad de México, 8 de diciembre de 2020. Rosario Robles solicitó, por segunda ocasión, aplazar la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene previsto acusarla en forma presencial de las supuestas omisiones ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en la Estafa Maestra.
La defensa de la ex funcionaria envió un escrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para pedir el diferimiento de la audiencia intermedia, con motivo de su negociación con la FGR para obtener un criterio de oportunidad, es decir, su colaboración en las investigaciones a cambio de inmunidad penal.
Originalmente, esta audiencia iba a celebrarse el pasado 26 de octubre, pero en aquella ocasión fue aplazada, ya que la defensa manifestó que tenía pendiente recabar un dictamen pericial de administración pública y otro de contabilidad.
La diligencia en cuestión fue reprogramada para este martes a las 10:00 horas con el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos.
La autoridad judicial ya notificó de la solicitud de diferimiento a la Fiscalía y debido a que ésta no manifestó su oposición por escrito, es muy probable que la diligencia sea agendada con una nueva fecha.
La audiencia intermedia está prevista por ley para que los fiscales federales expongan en forma oral la acusación contra el imputado y las partes establezcan cuáles son los hechos que ya no estarán a discusión en el juicio y presenten sus respectivos datos de prueba.
Cada uno de estos datos se somete a la controversia entre las partes, para que el juez defina cuáles son los que serán considerados en un eventual juicio. Una vez concluida la depuración de las pruebas, el juez deberá dictar su acuerdo de apertura de juicio.
En casos complejos, una audiencia intermedia puede alargar su duración durante varias sesiones y con el proceso de Robles, de seguir su cause, es muy probable que así suceda, pues la FGR presentó 288 pruebas en su contra y la defensa un total de 53 en su descargo
La Fiscalía ya entregó previamente su acusación por escrito y pidió al juez que le imponga 21 años de prisión a la ex titular de la Sedatu y la Sedesol, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En su escrito, también la FGR pidió imponerle la reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, suma a la que equivalen los supuestos desvíos que se cometieron en el sexenio pasado en las dos dependencias que estuvieron a su cargo.
Texto: Abel Barajas / Agencia Reforma / Foto: Archivo
