Afirma Abel Barrera que la propuesta de reformas en materia de derechos y cultura indígenas que ya está en el Congreso local es una iniciativa integral, distinta a la que aprobó la anterior Legislatura, y es resultado de consultas abiertas.
Chilpancingo, Guerrero, 21 de febrero de 2020. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, llamó al gobierno del estado a conjuntar esfuerzos para apoyar la iniciativa de reformas en materia de derechos de los pueblos indígenas que presentó la CRAC-PC ante el Congreso, pues insistió que la solicitud que envió el Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es un intento por apuntalar las reformas que aprobó la anterior legislatura.
Por su parte, el vocero de la casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Taurino Reyes Leyva, declaró que aunque el gobernador no haya ido personalmente a la Corte a plantear su solicitud, lo hizo por escrito y que de cualquier forma es una intromisión en un asunto que solamente le compete resolver a la SCJN y al Congreso local con absoluta autonomía.
El miércoles, el gobernador declaró que es falso que haya ido la semana pasada a la SCJN a pedir una opinión favorable sobre las reformas en materia indígena que se aprobaron en la anterior Legislatura a iniciativa del Ejecutivo estatal, como lo denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Pero confirmó que su gobierno promovió un procedimiento jurídico para suspender la discusión de las propuestas de reforma en el Congreso local, en tanto la SCJN resuelve la controversia constitucional contra las reformas de 2014 que promovió el municipio de Malinaltepec.
Consultado ayer, Barrera Hernández dijo que ante esta postura del gobierno estatal es necesario hacerle un llamado al mismo Ejecutivo para conjuntar esfuerzos y apoyar la propuesta de iniciativa de reforma en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas que promueve la CRAC-PC y las organizaciones sociales.
“En el entendido de que es un impulso que se está dando desde las comunidades indígenas, a través de las consultas que ya se hicieron y los parlamentos abiertos, y creo que es importante un análisis y un debate como ya se planteó para enriquecer esta ley porque sabemos que es muy importante consolidarla y aprobarla lo más pronto posible en el periodo de sesiones que viene”.
Declaró que no puede ser que el Ejecutivo estatal haya planteado que se suspenda la discusión de la propuesta de reformas de los indígenas en lo que se resuelve la controversia constitucional que presentó el Ayuntamiento de Malinaltepec en contra de las reformas que aprobó la anterior legislatura, porque se trata de dos cosas distintas.
La controversia que se planteó con Malinaltepec es para que la Suprema Corte invalide la reforma al artículo 14 de la Constitución porque atenta contra los derechos de los indígenas y porque no hubo una consulta de acuerdo a los estándares internacionales.
Mientras que la propuesta de reformas en materia de derechos y cultura indígenas se presentó ante el Congreso local se trata de una iniciativa integral, distinta a la que aprobó la anterior legislatura.
“Entendemos que el Ejecutivo está pidiendo a la SCJN que opine para que se suspenda este proceso legislativo, pero la Suprema Corte ya le respondió que nada tiene que ver con lo de la controversia constitucional y que, por otra parte, el Ejecutivo está facultado para hacer reformas e iniciativas y que, por lo tanto, no procede lo que está planteando”.
Por su parte, el vocero de la casa de justicia de Espino Blanco, Taurino Reyes Leyva, dijo que el procedimiento jurídico que mandó el Ejecutivo estatal a la SCJN, de cualquier forma es una intromisión la del gobernador, puesto que es un asunto que debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso local con plena autonomía.
“Él desde un principio ha defendido la reforma que promovió y que fue aprobada por la anterior legislatura, y quiere que todo se mantenga conforme ellos lo propusieron y lo aprobaron, así se deduce su intervención”, dijo.
Para la autoridad comunitaria es lamentable lo que está pidiendo el gobernador, “y no está abonando para que prospere la propuesta de los pueblos indígenas, la CRAC-PC y las organizaciones sociales que impulsan la nueva propuesta de reforma”, reprochó.
Denunció que, por el contrario, “está defendiendo lo mal que hizo para nosotros, porque nos está dejando desprotegidos”.
Sin embargo, declaró que los pueblos indígenas y la CRAC-PC van a defender su propuesta, si es necesario con movilizaciones, “tenemos que hacer algo, no nos vamos a quedar callados completamente”, advirtió.
Manifestó que también ven como un riesgo la advertencia del gobernador de que se debe limitar la actuación de las policías comunitarias, porque “el gobernador está generalizando, debería de ser más específico en su pronunciamiento, está englobando a todas las policías comunitarias”.
En cambio, Taurino Reyes, dijo que es “razonable” la propuesta del gobierno federal de que se revisen las policías comunitarias y autodefensas que portan armas de alto poder, “por ese lado no hay problema, nuestros estatutos nos facultan pare portar sólo armas de calibre 22 o escopetas y nos estamos sujetando con base a nuestro reglamento, los policías comunitarios no están portando armas de alto poder porque sabemos que no están permitidas dentro de nuestros estatutos”.
El vocero de la CRAC-PC dijo que por ese lado “no hay temor alguno, si el gobierno federal quiere realizar alguna revisión, no hay ningún problema, lo pueden hacer, estamos cumpliendo con lo que marcan nuestros reglamentos, no estamos violentando ni nuestro reglamento ni la ley”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero-Archivo
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