Acapulco, Guerrero, 6 de junio de 2020. Al cumplirse 22 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió que el gobierno federal abra una investigación exhaustiva, pronta, independiente e imparcial para ofrecer verdad, justicia, reparación integral del daño y medidas para que graves violaciones a los derechos humanos no se reediten.
“Si bien es cierto, al inicio de la actual administración federal se habló de justicia transicional y de comisiones de la verdad, la idea no se tradujo a políticas y acciones de gobierno concretas, se han privilegiado otros temas en detrimento de este gran pendiente”, expuso en un comunicado.
En un comunicado, recordó que mañana se cumplen 22 años de que el Ejército masacró a indígenas Na Savi en la primaria Caritino Maldonado, con un saldo de 11 ejecutados extrajudicialmente, 27 torturados y detenidos arbitrariamente y 5 heridos.
“La mecánica de los hechos y el saldo de asesinados y heridos dan cuenta que el Ejército mexicano usó la fuerza de manera desproporcionada. En la represión un niño fue herido de gravedad y 5 fueron detenidos, llevados a prisiones militares y torturados. Una estudiante universitaria corrió la misma suerte. Estuvo detenida junto con los varones”, expone.
Agrega que nunca se abrió una investigación contra los militares que ultimaron a los campesinos, el único expediente de investigación es el que se abrió contra 27 indígenas por diversos cargos y se les procesó, estando en prisión más de dos años, pero no se han indagado los hechos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad de que fueron objeto, ni se ha investigado la responsabilidad del Ejército.
Tlachinollan señala también que, aunque el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha emitido informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado.
“La comunidad del Charco sigue sumida en la pobreza y marginación. No cuenta con servicios adecuados de salud y educación. El camino de terracería que lleva a la cabecera de Ayutla está en pésimas condiciones y la violencia endógena sigue azotando la comunidad ante la indiferencia de las autoridades. Por si fuera poco, las esposas y familiares de los indígenas ejecutados siguen sumidas en la miseria”, añade.
“La masacre del Charco es un ejemplo de lo que ocurre cuando el ejército mexicano realiza tareas de seguridad pública, carece de controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Estas masivas violaciones a los derechos humanos se suman a otras más que han acontecido en Guerrero. La impunidad en que se encuentran lacera la vida de las víctimas y de las familias y socava la vida democrática de la entidad”, expone.
Y agrega que es una agenda pendiente en la que el gobierno federal tiene que enfatizar, que graves violaciones como las de El Charco no deben ser soslayadas por los gobiernos, “por el contrario, tienen el deber imperativo de esclarecer a cabalidad estos hechos”.
Texto: Redacción
