Santo Domingo, República Dominicana, 8 de mayo de 2018. El gobierno mexicano, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes detectados de cabecillas de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados supuestamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre 2014, informó el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.
Durante una nueva audiencia sobre el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la representación del Estado aseveró que para la Procuraduría General de la República (PGR) esa información es valiosa porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó el Fiscal.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
El periódico Reforma publicó el pasado 11 de abril que jefes de Guerreros Unidos guiaron desde Chicago el ataque a estudiantes entre la noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre de 2014.
Agencias estadunidenses interceptaron bajo autorización judicial 11 teléfonos celulares, como parte de su búsqueda de los presuntos narcos guerrerenses y encontraron conversaciones sobre la detención de los estudiantes.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre los Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional y que después de la desaparición de los jóvenes, había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva, se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”.
Rosales aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.
Padres los 43 desaparecidos reclaman verdad y justicia
Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy martes verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo, República Dominicana.
Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.
“Se burla de nosotros y se burla de ustedes (CIDH) al negar que hubo torturas”, señaló, con voz entrecortada, García, que dijo atravesar “por momentos muy difíciles”.
En México, agregó, “no hay justicia” pero sí “miles de desaparecidos”, al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.
“Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros”, subrayó en la audiencia.
Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase”.
“Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto”, se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno “quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan” e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.
Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.
El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.
Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso “dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder” tras las próximas elecciones.
La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.
La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel “ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas”, dijo.
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.
Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.
El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.
La CIDH abrió ayer lunes una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
Texto: Agencia Reforma / Foto: EFE
