Marchan organizaciones en la capital y exigen sanción al personal y directivos responsables del cuidado y seguridad de las usuarias en la unidad de Partería Alameda en Chilpancingo, por la violación a una mujer embarazada en esas instalaciones.
Un grupo de activistas marcharon en la capital del estado para exigir la destitución del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y sanción al personal y directivos responsables del cuidado y seguridad de las usuarias en la unidad de Partería Alameda en Chilpancingo, por la violación a una mujer embarazada en esas instalaciones, el viernes de la semana pasada.
La protesta comenzó a las 1 de la tarde en la alameda Granados Maldonado, frente a la Unidad de Partería, hacia las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, al sur de la capital, donde clausuraron las puertas de manera simbólica, con las pancartas que decían: “Estado omiso, Estado cómplice”, “Por una maternidad segura, libre de violencia”, entre otras.
Ahí dieron lectura a un comunicado donde demandan atención integral, urgente y prioritaria para la mujeres víctimas de violencia, con base en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Guerrero, la Ley Número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la NOM-046-SSA2-2005, de Violencia familiar, Sexual y contra las Mujeres.
Además, la investigación expedita de la violación en la unidad médica, sin revictimización, y la sanción más alta par el agresor, identificado como Kevin “N”, y a la empresa Operadora Medical Life, en su ámbito de competencia. En el mitin, advirtieron que el victimario fue detenido en flagrancia, y se teme que por algún tema legal, lo absuelvan del delito.
Como medidas de no repetición, exigieron sanciones al personal y cuerpo directivo que haya omitido la responsabilidad de aplicar los protocolos correspondientes y de proveer la atención pertinente, el cuidado de la integridad y la seguridad permanentes de las usuarias del Centro de Salud y su Unidad de Partería La Alameda, propiciando con su omisión, el contexto para la comisión del delito.
Y la destitución del secretario de Salud, Carlos de la Pintos, y los funcionarias “que en su quehacer solo simulan acciones para proteger a los que ejercen violencia institucional”.
Insistieron en que se necesitan “personas que entiendan que la violencia contra las mujeres solo se detendrá cuando existe un alto compromiso y responsabilidad en el encargo, y en Guerrero es urgente renovarse”.
Aseguraron que de la Peña Pintos ordenó que en la Secretaría no se aplique la norma 046 para la interrupción del embarazo legal, en casos de violación.
No obstante que la violencia, en Guerrero no para, y que desde 2017, la la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por “las alarmantes cifras de violencia feminicida”.
Recordaron que por la falta de actuación y medidas jurídicas y de acceso de las mujeres a la justicia, la falta de cumplimiento a la Norma NOM-046, y porque Guerrero cuenta con leyes y normativas que obstaculizan los derechos de las mujeres, en este caso los derechos sexuales y reproductivos, al criminalizar y obstaculizar el acceso a una interrupción legal del embarazo de niñas y mujeres, en marzo de 2019 organizaciones en el Estado solicitaron una segunda Alerta, ahora por agravio comparado, que sigue en proceso.
Feminicidio en Zacualpan
En el marco de la protesta, Kenia Hernández Montalvan, del Colectivo Zapata Vive, habló del feminicidio en la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Ometepec, que se documentó en la prensa hace dos días.
Indicó que van exigir que la carpeta de investigación se integre como feminicidio, hasta una sentencia condenatoria, porque conocen los problemas en la región para acceder a la justicia, a pesar de la El municipio es uno de los nueve alertados por violencia feminicida en 2017.
Como referencia, denunció que la simulación de una agencia especializada de feminicidios, en una bodega, con sillas apilada empolvadas. No hay personal, ni política pública para la atención delas víctimas. Aclaró que los casos son atendidos por los agentes del MP de turno.
Texto: Lourdes Chávez
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