Recuerdan promotores posturas del gobernador contra los foros de consulta. Entrega Morena en el Congreso la iniciativa que plantea que son dueños ancestrales de los recursos de la tierra y tienen derecho a decidir sobre su uso y nadie podría utilizarlos sin su autorización. También propone ampliar derechos para que puedan administrar y procurar justicia, entre otros
Chilpancingo, Guerrero, 11 de diciembre de 2019. En la entrega de la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos por diputados de Morena al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Bastida, activistas y defensores expresaron su preocupación porque los puntos principales de dicha propuesta no avancen en el proceso legislativo.
Los puntos principales que han sido conflictivos con el gobierno: Defensa del territorio, impartición de justicia, municipios y gobiernos electos por sistemas normativos.
El vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Sabás Aburto Espinobarros, llamó a diputados y organizaciones a convencer a los priistas que han opuesto resistencia, pues recordó las posturas del gobernador Héctor Astudillo Flores y del secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame contra los foros de consulta y sus planteamientos
Ayer en la mañana, representantes de organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos que forman parte de la Comisión Técnica Comunitaria de Seguimiento a las Propuestas de los Foros de Consulta, organizados por la Comisión de Asuntos Indígenas y Afroamericanos que preside el diputado de Morena, Aristóteles Tito Arroyo, se dieron cita a la Sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local para ser testigos de la entrega formal de la iniciativa de reforma al presidente de la Mesa Directiva, el perredista Catalán Bastida.
Ahí, Tito Arroyo anunció que hoy en el pleno presentará la iniciativa que se construyó en un amplio proceso participativo. Estimó que hubo más 10 mil personas para que se turne al análisis de comisiones.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, destacó que la propuesta es integral y contiene la demandas negadas históricamente a los pueblos indígenas.
Aclaró que el reto de la actual legislatura es poder hacer justicia a los pueblos originarios y afroamericanos invisibilizados a lo largo de la historia, e incluir en la Constitución local el derecho a la consulta, el respeto a los territorios comunitarios y a la justicia conforme a a sistemas normativos, que se sigue negando a las comunidades.
“Hoy todavía, los pueblos indígenas que hemos hecho justicia, que brindamos seguridad, seguimos enfrentando acciones penales, somos objeto de persecución por parte de una justicia que no entiende esta visión de ver de ver el mundo. Recuerden que los pueblos afroamericanos fuimos los primeros que habitamos estas tierras”.
Aclaró que hay altas expectativa de que esta vez, se respete de manera integral y en lo posible el espíritu las aspiraciones que se recogieron en consulta y parlamentos abiertos.
También de la Comisión Técnica, el alcalde de Malinaltepec Abel Bruno Arriaga recordó que este movimiento social de “esfuerzos extraordinarios” no es nuevo. Hace dos años entregaron a la legislatura pasada una iniciativa ciudadana sobre derechos indígenas y afromexicanos, a la que no se le dio trámite.
Enfatizó que la propuesta también era integral y cumplió con todos los requisitos formales de una iniciativa popular. Sin embargo, aceptó que antes de darle cauce era necesario reformar la Constitución para continuar así con las leyes secundarias. En este sentido, se presenta esta nueva propuesta.
Confió en que los diputados no pongan obstáculos para elevar a la Constitución local derechos de los pueblos ya plasmados en tratados internacionales, “aunque parecen ajenos al conocimiento de las autoridades”, recriminó.
Solicitó que, en el análisis legislativo, los integrantes de la Comisión participen en la discusión con los asesores parlamentarios, porque el derecho positivo es muy cuadrado, y por ejemplo no da pie a derechos señalados en el convenio 169.
El promotor de consulta sobre la elección por sistemas normativos en Ayutla, Manuel Vázquez, coincidió en que los asesores de los diputados pueden ser obstáculos en el avance de la propuesta de reforma.
Luego que los diputados expresaron su disposición de atender sus demandas, el vocero de la CRAC Sabás Aburto recordó que en la anterior legislatura los diputados también les ofrecieron aprobar la legislación más avanzada del país y no los tomaron en cuenta. Subrayó que la mayor oposición está en en PRI, y pidió a diputados y organizaciones a dialogar con todos los diputados para alcanzar esta aspiración.
De la iniciativa, Rosales Sierra indicó que tiene tres aspiraciones de los pueblos indígenas donde ha habido problemas con las autoridades. Uno, es el tema de tierra, el territorio y los recursos naturales, porque el gobierno dice que reconoce sus derechos y territorio pero cuando se trata de explotación de minerales o de agua no los toma en cuenta.
El planteamiento es que los pueblos son dueños ancestrales de esos recursos y tienen derecho a decidir sobre el uso, su disfrute y explotación y nadie podría utilizarlos sin autorización,
Por otro lado, busca ampliar el conjunto de derechos para que los pueblos indígenas puedan administrar y procurar justicia. No describe tal cual a la Policía Comunitaria y el tema de autogobierno, para que los pueblos originarios puedan armar sus propios municipios, y distritos indigenas, con elección por usos y costumbres.
La iniciativa que impulsa Morena va en contra de la reforma que promovió el gobernador Héctor Astudillo Flores en la anterior legislación para regular a las policías comunitarias y que motivó inconformidades de las organizaciones sociales y de la CRAC porque, entre otros puntos, borró de la redacción del artículo 14 Constitucional a la Policía Comunitaria. Rosales Sierra aclaró que no propone que se vuelva a incluir la figura en la Constitución sino las funciones del sistema de seguridad y justicia de los pueblos originarios.
Aclaró que, en otra etapa, esta reforma impactará en la legislación secundaria, en este caso Ley 701 de Reconocimiento Derechos y Cultura Indígena que estimó, que después podría tener otro nombre.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
