Chilpancingo, Guerrero, 22 de enero de 2022. En el marco de la discusión por la despenalización del aborto en Guerrero, Católicas por el Derecho a Decidir llamó a “la jerarquía de la Iglesia Católica y de otras iglesias a no intervenir en los asuntos que competen a las instituciones del Estado ni oponerse al avance de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas”.
En un comunicado, pidió respeto “el marco jurídico que garantiza la laicidad del Estado y la Ley de Asociaciones religiosas y culto público, que delimita claramente los ámbitos de competencia en los asuntos de las políticas públicas”.
Subrayó la obligación en un Estado democrático “de asumir la responsabilidad de generar leyes y normas para una sociedad diversa y plural, y entender que las creencias religiosas no deben influir en las decisiones de la función pública o limitar el ejercicio de derechos”.
La asociación religiosa reconoció la iniciativa de despenalizar hasta las 12 semanas de gestación que se presentó el 12 de enero en el Congreso local de Guerrero.
Confirmó que la propuesta tiene elementos para cumplir con las recomendaciones dadas a Guerrero en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que se declaró el 5 de junio del 2020.
Destacó la urgencia de la reforma, por un incremento de la violencia de género y la violencia sexual en la entidad, “un problema de salud pública, justicia social y derechos humanos”.
Por lo anterior demandó que en la discusión de la reforma “se tome con base en los principios democráticos laicos del Estado”, y que se respete “la ética pública laica que permite el cumplimiento de las normas, vele por la estricta igualdad de todas las personas ante la Ley y asegure la neutralidad de la función pública”.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto, y de manera específica, señala que “el Estado respeta y valora positivamente que las personas tengan creencias religiosas, éticas, ideológicas y de conciencia, pero se asegura que el Estado y las confesiones religiosas se encuentren separados”.
Además advierte la constitucionalidad del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un puesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción, en el sentido de que su diseño evita la imposición de cualquier visión por encima de otra, entendiendo al ser humano como racional y responsable de sus propias decisiones en pleno respeto de la propia autodeterminación.
Texto: Lourdes Chávez
