Organiza el IEPC un conversatorio sobre el tema en el que se advierte contra prácticas en comunidades indígenas
Chilpancingo, Guerrero, 19 de junio de 2020. Durante el conversatorio Análisis de las reformas federales y locales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, las participantes destacaron la importancia de la socialización del reconocimiento al derecho aprobado recientemente, aunque alertaron que las violencias incrementa a medida que las mujeres llegan a los cargos públicos.
El conversatorio virtual fue organizado y difundido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). La magistrada de la sala regional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, especialista en perspectiva de género, adelantó que la protección de personas que por su actividad política se encuentren en riesgo se debe contextualizar en la realidad del estado.
Y se tendría que establecer que no se puede ejercer la violencia política de género con el pretexto de los usos y costumbres en el caso de poblaciones indígenas.
Consideró relevantes las últimas reformas en la materia que se realizaron el 13 de abril y que en Guerrero se homologaron el primero de junio.
Pero consideró que tras el avance legal ahora lo que sigue es trabajar en temas culturales de cada estado y región porque “sí hemos avanzado mucho formalmente pero sustantivamente cuando vemos finalmente todavía no se logra esta igualdad”.
Además, alertó que entre más mujeres llegan a los cargos de elección popular o públicos se ejerce más violencia en su contra “es decir es más notable” por lo que consideró que es importante informar a la población en general y a las mujeres sobre todo qué derechos que se tienen a partir de las recientes reformas.
Y que precisamente existen antecedentes de que mujeres que realmente quieren participar como candidatas no son registradas por sus partidos u en su lugar enlistan a aquellas “que tienen cercanía y pueden manipular, digamos estar ejerciendo el poder atrás de ellas no todos los casos, pero sí en muchos casos”.
Ejemplificó que esos casos aumentaron cuando se estableció la regla de paridad que tenían que registrar el 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres registrando en la mayoría de los casos a hermanas o esposas
Además, consideró que es una prioridad que las legislaciones locales y órganos electorales establezcan un catálogo de violencias “porque así las autoridades y sobre todo las mujeres que son víctimas tienen más claro cuando son violentadas porque lamentablemente uno de los problemas es que la violencia se ve como algo natural”.
La magistrada destacó que ahora la Ley General de Partidos Políticos establece que se tienen que postular en igualdad de condiciones sus candidaturas, y que ese criterio debe aplicar en la integración de sus órganos, pero los partidos son renuentes en ese tema por lo que se han resistido a cumplirlo, por lo que ahora la legislación les establece que sus órganos internos de dirección y delegados.
Reconoció que quedó un vacío porque la ley tendría que contemplar para el INE una Dirección Ejecutiva de Igualdad y No Discriminación.
Eva Barrientos recordó que la Segob tiene la atribución de elaborar un análisis y proponer el plan de protección para implementar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas que con motivo de su actividad política que se encuentren en riesgo.
Por su parte la académica y experta en estudios de la mujer, Karla Ortiz Gómez, dijo que hay estadísticas que hablan de paridad de género en los congresos locales y federal pero no en los ayuntamientos, donde afirmó que se ejercen diferentes tipos de violencia que han llegado a asesinatos, además de casos específicos de Chiapas y Oaxaca donde en sistema de usos y costumbres han sido enterradas hasta el cuello, apedreadas, “se les ha pintado las casas con mensajes claros” enfocados al género.
Por eso dijo que ella prefiere el prefiere el concepto de “violencia política en contra de las mujeres en el ámbito político” porque de esta forma “podemos agarrar los tipos de violencia que se presentan en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para poder integrar a la ley cuáles serían las manifestaciones de violencia sexual y económico en el ámbito político.
Consideró también que debe entrar a la discusión la violencia política que se comete fuera de los procesos electorales o durante el ejercicio de del cargo, porque en la propia formación política al interior de los partidos se ven limitadas no solo en el presupuesto si no hasta en la información de cómo se gasta el dinero etiquetado para dicho fin, incluso sobre la decisión de quienes ejercerán ese recursos del tres por ciento de prerrogativas.
Porque para ocupar esos espacios en los que se ejerce el recurso para la formación política, los partidos perfilan a mujeres aliadas de los hombres que tienen el control al interior, “hay entrevistas de cómo las mujeres señalan los favores sexuales que les piden, también los requisitos para dirigir o mandar ciertos comités o direcciones dentro de los partidos y a su vez ellas dicen que el concepto que siempre aplica ese disciplina, disciplinan y por lo tanto tú tienes que aceptar que hay reglas internas que tiene que obedecer por lo tanto al adoctrinar a las mujeres que la violencia debería de ser naturalizada ellos consideran que es una cuota que hay que pagar”.
Ante la naturalidad de la violencia política al interior de los partidos, dijo que deben de generar mecanismos a nivel interno retomaron el protocolo e atención de la violencia política que se lanzó a nivel federal y llevarlas a sus estatutos y reglamentos internos, de como atender y sancionar.
Otro de los tipos de violencia, dijo que es cuando solo las mujeres afines a los grupos de poder internos son postuladas porque no representan ninguna amenaza para sus privilegios ese es “un mensaje” a las que no acepten sus reglas.
Por su parte la consejera electoral Cinthya Díaz Fuentes consideró preocupante el escenario planteado por la académica en el sentido de que ahora la modalidad para poder tener candidaturas y otros espacios de poder deben ser “mujeres a modo” lo que consideró que es otro reto en la materia para evitar esas prácticas.
Texto: Rosalba Ramírez
