Mencionan también a sus tres hermanas y su mamá. En una transmisión por Facebook demandan sanciones conforme al marco legal a quienes violaron los derechos humanos de las víctimas en el caso conocido de Dos Ríos, Cochoapa
Tlapa, Guerrero, 14 de octubre de 2021. Organizaciones de la sociedad civil y colectivas y lideresas que trabajan a favor de los derechos humanos de las mujeres en la región de la Montaña pidieron a las autoridades competentes que informen sobre el estado que guardan los derechos humanos vulnerados de Angélica, sus tres hermanas y su mamá que fueron encarceladas en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria de la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande para exigirle la devolución del dinero que pagaron al juntarla en matrimonio por acuerdo entre familias a sus 11 años.
Lo anterior en una transmisión en redes de Facebook dirigida a las autoridades, medios de comunicación y población en general en que pidieron sanciones conforme al marco legal correspondiente a quienes violaron los derechos humanos de cada una de las víctimas: Angélica Martínez Ventura de 15 años, sus hermanas, Santa Macrina, 8 años; Fernanda y Yenifer de 6 años y su mamá Concepción Ventura Aguilar.
Dijeron que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en la trata de personas debe iniciar carpetas de investigación en caso de presentar incidencias de este tipo.
Además de un llamado a que comparezcan los o las presidentas municipales para que informen sobre las acciones a desarrollar derivado de los convenios establecidos e impulsados por el gobierno estatal, aunque consideraron que las autoridades municipales recién asumieron el cargo, pero debe existir algún informe.
Recordaron que el gobierno estatal saliente de Héctor Astudillo Flores firmó convenios con municipios de la Montaña, entre ellos Cochoapa el Grande, por medio de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos llamados Convenios de la Cruzada Estatal contra la Trata de Personas para promover acciones que impidieran que, en nombre de la tradición o usos y costumbres, se continúe con estas prácticas evitando la venta de mujeres y niñas y los matrimonios infantiles.
Y que se establezcan medidas de protección para las víctimas y se informe sobre las acciones o medidas tomadas para la reparación integral de las víctimas y las políticas públicas que se establecerán para garantizar la no repetición.
Hicieron referencia a que las Policías Comunitarias, que se constituyeron en Agentes del Estado, al privar de la libertad a las niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar, provocándole un aborto, así como al legitimar tácitamente los acuerdos de la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados y castigar a una niña de 15 años por resistirse a ser violada, constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas, por lo que consideramos que en concreto estos hechos y malas prácticas, deben ser sancionadas conforme al marco legal correspondiente y finalmente erradicadas.
Las participaciones
Entre las participaciones Elena se preguntó qué estaba haciendo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), si recibían capacitación sobre el tema de la violación de los derechos humanos hacia las mujeres y que tampoco iban a criminalizar los usos y costumbres, pero es necesario revisarlos.
Karla pidió a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, que trabaje a favor de las niñas y mujeres ya que el matrimonio infantil está prohibido y que no se permita que los usos y costumbres sobrepasen sus derechos y no se normalicen las prácticas por lo que la autoridad federal, estatal y municipal deben generar acciones.
Lila Teresa comentó que el uso y costumbre del pago de la novia significa que se trafica y trata a las niñas del país, lo que resulta preocupante y se deben tomar acciones para que no se siga violentando los derechos.
Viridiana Sotelo dijo que el caso es parte de la violencia estructural que se vive porque hay más casos que no se contabilizan y que queda un reto por las dos alertas de género que hay, que se revisen y evalúen las acciones realizadas por los gobiernos estatal y municipal.
Exigió justicia y que se haga con perspectiva de género ya que el titular de la Fiscalía no se va con el cambio del gobierno estatal este 15 de octubre, y tampoco los integrantes del Tribunal de Justicia para que esto no se repita.
Denis Cancino escribió en el chat que había delitos como la privación ilegal de la libertad, lesiones, violación en grado de tentativa que perseguir e investigar por parte de la Fiscalía.
Erika Garrido comentó que la situación en la Montaña es compleja por la cultura que se tiene arraigada por lo que se deben redoblar esfuerzos en la sensibilización y se debe hacer con las infancias y juventudes no para quitar los usos y costumbres ni verlos como algo malo sino redireccionar aquellos que laceran los derechos humanos.
Habló que las autoridades comunitarias no tienen información y se les debe capacitar, y que las acciones que hagan las autoridades sobre la trata de personas o matrimonio infantil deben tener indicadores de resultados y se acompañen por las organizaciones.
Yuridia Melchor lamentó que bajo los usos y costumbres las autoridades ejercen acciones sin tomar en cuenta los derechos de las personas sea por señalamientos como hacer brujería o envenenar animales por lo que se deben revisar los usos y costumbres y que la autodeterminación no lacere los derechos.
Llamó a las autoridades estatales saliente y entrante a que le den seguimiento al tema.
Pidió que no se siga justificando la venta de las mujeres diciendo que es el valor que se le da porque se evidencia cuando hay violencia y no pueden irse porque ya se pagó por ellas más intereses.
Texto: Carmen González Benicio
