El activista y padre Miguel Concha Malo se dijo preocupado por la reforma que se plantea del artículo 21, que otorgaría a las Fuerzas Armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia.
Ciudad de México, 12 de enero de 2019. El padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, pidió que la Guardia Nacional sea completamente una corporación civil en su operación y organización, en la cual los elementos militares se retiren en un plazo máximo de 3 años.
“Consideramos que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares en tareas de seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso”, demandó Concha Malo al participar en las audiencias sobre la Guardia Nacional que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados.
El activista y especialista en derechos humanos, con 39 años de trayectoria en el tema, dijo que era positivo que se manifestara la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el organismo esté adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un mando civil, pero alertó que ello no es suficiente.
“Nos sigue preocupando que se proponga reformar inconveniente y tan inadecuadamente el artículo 21 de nuestra Constitución para otorgarles a las Fuerzas Armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia, que les competen en exclusiva a las autoridades civiles, particularmente cuando se trata de delitos cometidos por ésta”, expuso.
Opinó que el modelo de Guardia Nacional que se presenta en el dictamen es contrario a los principios de un Estado democrático de derecho.
Expuso que el protagonismo concedido a las Fuerzas Armadas en la iniciativa se traduce en reconocimiento de la incapacidad por parte de autoridades civiles para enfrentar la inseguridad que aqueja el país, lo que es sumamente peligroso.
Al crearse la nueva Guardia Nacional, demandó un plan de retiro de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, al insistir en que tal labor debe ser excepcional y no permanente.
Manifestó que tareas de procuración de justicia, investigación y persecución de delitos deben recaer en instituciones civiles y que estas deben ser capacitadas y profesionalizadas con énfasis en la salvaguardia de derechos humanos con perspectiva de género.
Dijo que, por lo tanto, debe corregirse en el dictamen cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en estas materias, salvo aquellas que atañen a la disciplina militar.
Precisó que en aquellos casos en los que se justifique la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es indispensable que se fije una temporalidad que no vaya más allá de tres años.
Demandó que las violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas militares o civiles sean siempre juzgados por la jurisdicción civil con el fin de superar toda confusión entre ambas jurisdicciones y que ningún detenido sea sometido a doble sistema de justicia.
Texto: Claudia Salazar / Agencia Reforma / Foto: Israel Rosas / Agencia Reforma
