La jornalera Rosalba, de Tlapa urgió que se asigne un salario justo, “tenemos familias, hijos, llevamos trabajando de día y noche, no es justa la miseria que nos pagan”, desde 100 pesos por jornadas intensas bajo el sol, sin gastos de traslado, vivienda, servicios ni seguridad social pese a los riesgos. Este año, por la pandemia, la salida trabajadores agrícolas ha sido permanente porque en la región no hay forma de subsistir, dice Tlachinollan
Chilpancingo, Guerrero, 23 de octubre de 2020. En la presentación virtual de la Alianza Campo Justo, del Centro de Investigación y Análisis Fundar y la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas, demandaron a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que tase el jornal en los campos del país al menos en 300 pesos el día, actualmente se pagan desde 100 hasta 200.
En otra actividad similar de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación Apostemos por la igualdad de las jornaleras agrícolas, desde Tlapa, la jornalera Rosalba urgió que les asignen un salario justo, “tenemos familias, hijos, llevamos trabajando de día y noche, no es justa la miseria que nos pagan”, desde cien pesos por jornadas intensas bajo el sol, sin gastos de traslado, vivienda, servicios ni seguridad social pese a los riesgos, de acuerdo con más testimonios.
Consideró que ya es tiempo de decir “basta de lo que nos están haciendo”. Pidió ayuda a los funcionarios federales y académicos que acudieron al espacio de Conapred, denominado cuarto de paz, “queremos un salario mínimo de 300 al día, no es mucho pero podríamos poder darle otra vida a las familias”.
Añadió que “no es mucho pedir a los patrones que deberían darse cuenta que no son nada sin los jornaleros, que tenemos una vida muy triste”.
En las dos actividades se invocaron las reformas de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, artículo 280 bis, donde se mandata a la Conasami fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo.
Desde el 8 de abril de 2020, la Conasami emitió un boletín publicado en línea para decir que este era el momento histórico de fijar un salario mínimo para los jornaleros agrícolas “y saldar la deuda histórica” que existe desde los años 70.
Incluso, reconoce que la pandemia de Covid-19 exhibe la indefensión y precariedad actual de 2 millones 407 mil 701 jornaleros agrícolas, que con sus familias suman 8.5 millones de personas. A seis meses de distancia no se concretó nada, no obstante que la labor en los campos agrícolas continuaron en la contingencia sanitaria, por ser una actividad esencial.
Es hora de que reconozcan nuestro esfuerzo
A las 10 de la mañana se citó la conferencia en una red social para la presentación de la Alianza Campo Justo, donde Rocío, jornalera desde los 12 años de edad en el corte de las verduras chinas, habló del maltrato y la discriminación que sufren desde que abordan los autobuses en su comunidad, Ayotzinapa en Tlapa, y los peligros que enfrentan.
Detalló que les envían vehículos viejos, sin agua corriente ni sanitario, y los conductores los regañan durante el viaje, ya en su destino reciben galeras como viviendas, cuartos sin puertas, muchos con plagas de cucarachas y ratones donde deben dejar a sus hijos.
Aunque se quejen con el patrón, dijo que la empresa no hace nada, y ellos tienen que corregir el problema con sus medios y recursos.
Donde hay guarderías, dijo, las niñeras no atienden bien a sus hijos porque son hijos de campesinos y no hablan bien español.
Recordó que hace seis años a una vecina de Ayotzinapa le llamaron de una guardería después de una hora de haber dejado ahí a su hijo para ir al corte de chile, y le dijeron que falleció, nunca supo la causa y cuando preguntaba si se les había caído o qué le pasó, las niñeras se enojaron y la amenazaron con que la iban a correr si seguía reclamando.
“A la mamá, Juliana Reyes Flores, sí la sacaron del campo El Gallo, de la empresa Sacramento en Culiacán, Sinaloa, con su hijo en brazos muerto, cuando ella no sabía hablar el español ni hubo quién la defienda.”
También cuando enferman y el patrón se comprometió a cubrir gastos médicos, los encargados sólo les responden que no lo encuentran, o no toma la llamada para no hacerse responsable.
Los niños no van a la escuela porque no hay servicios educativos, y si piden su ingreso en algún plantel, les responden que sus documentos de Conafe no son válidos.
“Ya es hora de que se reconozca nuestro esfuerzo, las jornaleras hacemos triple jornada para que mexicanos y extranjeros tengan comida en la mesa”. Subrayó que “no piden limosnas”, sino derechos.
Migración, contagios y decesos por Covid: Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, indicó que desde febrero que se decretaron medidas de aislamiento por la pandemia, la Red Nacional de Jornaleros agrícolas comenzó a documentar las salidas en Tlapa.
Con el registro de 8 mil 800 personas jornaleras de la Montaña, sin ser todas las de la región, y en una temporada que se considera baja en la migración, dijo que se duplicaron las salidas en temporada baja porque la pandemia hizo estragos en las familias que no tienen modo de sostenerse.
Del total de los registros, indicó que unos 2 mil son menores de 0 a 6 años de edad, y unos mil 800, adultos mayores.
En los campos, las mujeres se levantan a las 4 de la mañana a preparar el almuerzo, atender a los hijos, luego caminan con los hombres para llegar a los campos a las 7 u 8 de la mañana, “desde ahí es un trabajo sumamente durísimo, con sus pañuelos, con sus gorras, con sus camisas de manga larga, a empezar esta jornada ardua. Un trabajo semiesclavisado, donde el gobierno está ausente”, recriminó.
Aclaró que la temporada alta apenas comienza, va de octubre a enero del próximo año, y las salidas masivas ocurren en noviembre, después de la fiesta de Todos los Santos. En esta temporada dijo que el registro total suele ser de más de 10 mil jornaleros.
Sin embargo, este año no hubo temporada baja, fue migración permanente, y por testimonios de los jornaleros en el Consejo, saben que hubo personas infectadas y decesos por coronavirus.
De Guerrero señalaron las muertes la niña Hilaria de 3 meses que murió en Aguascalientes; el señor Silvestre que falleció en un autobús de vuelta a su comunidad en Zoquiapan, Tixtla; del señor Santos García Mauricio, que murió en Guadalupe Zacatecas y Leonor Galindo Estrada de Francisco I. Madero, Metlatónoc, y no están en la estadística nacional de la epidemia porque no hubo pruebas de PCR, ni tuvieron apoyo institucional de atención, de gastos funerarios, ni la oportunidad de trasladar restos de sus familiares, excepto de la niña que murió en Aguascalientes.
En bodegas de desecho albergan a jornaleros: Red
De la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Isabel Margarita Nemecio aclaró que en algunos estados receptores hubo monitoreos de la población migrante de diversos estados para detectar contagios, pero no significa que la información sea puntual y certera.
A partir de datos recopilados de diferentes fuentes, medios locales, testimonios de compañeras y compañeros, y grupos de trabajo, indicó que en el poblado de Miguel Alemán en Sonora, hubo un brote de 11 contagios.
En Delicias, Chihuahua, se reportó el fallecimiento de un jornalero, del que no se identificó su origen; en Pedro Meoqui, hubo 27 casos positivos en un albergue, consecuencia de que las habitaciones que son muy muy pequeñas, algunas ocupadas por más de una familia.
En Valle de Vizcaíno en Baja California, se estimó un brote de 70 contagios. Se sabe de defunciones una en Zacatecas y Guanajuato pero no hay certeza del contagio porque no hubo seguimiento de las autoridades.
Confirmó que por la alta demanda de empleo, muchas familias de distintos estados no pudieron rentar viviendas, y las empresas los estaban albergando en bodegas.
“Podía haber 40 o 50 personas habitando. Son almacenes de desechos para la agricultura, que no se habilitan, disponen del espacio para que se habite. Sana distancia cero”.
Nemesio estimó que son 3 millones de jornaleros agrícolas en el país, unos que migran y otros asentados (de cuatro a ocho meses) en los estados donde hay empleo, con pagos de uno a dos salarios mínimos, insuficiente para cubrir necesidades más importantes de las familias.
“La realidad es el pago de 100 con tope de 200 pesos, y hasta 330, en distintas modalidades de pago, por destajo, por día, y esa forma tan variable de cómo se da la informalidad de contratación, también tiene ver haber con reclutamiento y enganche”.
Denunció que la pandemia agudizó más la vulnerabilidad de los trabajadores, “si se considera en este marco que son trabajadores esenciales, el gobierno debe comenzar por garantizar derechos para reducir brecha de desigualdad”.
Añadió que para fijar el salario en el ramo agrícola se debe considerar el costo de vida para una familia de tres o más integrantes y debe alcanzar para cubrir necesidades y proyectos individuales, de quienes migran y quienes están asentados cinco u ocho meses fuera del terruño.
Otros testimonios
A los 13 años de edad, Felipe Mendoza García, originario de la Joya Real, del municipio de Cochoapa El Grande, comenzó a trabajar como jornalero agrícola. Ahora tiene 35 años, y hace 16 se asentó en San Quintín, Baja California.
Indicó que labora en campos de hortalizas, y sólo le pagan por su trabajo, los jornaleros cubren los gastos de traslado a los campos y el agua que consumen en cada jornada.
Confirmó que nunca han tenido garantías para él ni para sus hijos, y las personas mayores de 60 años son despedidas de las empresas sin prestaciones.
A medio día, en el programa de la Conapred hubo nuevos testimonios de guerrerenses. El señor Gregorio López Alvarado, originario de Copanatoyac, jornalero agrícola desde los 8 años, habló del corte de caña que produce heridas en la piel, no por el machete, sino por la planta, “es muy arriesgado y no hay servicio médico”.
En caso de accidentes, indicó que los jornaleros por sus medios buscan atención médica y regresan cuanto antes al trabajo porque no tienen incapacidades, tampoco días de descanso.
Lorenzo Rodríguez Jimenez, del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, aclaró que no hay incapacidades ni para las mujeres embarazadas, que tampoco tienen condiciones de denunciar el acoso y hostigamiento sexual, que poco se denuncia, pues quienes alzan la voz son despedidos y perseguidos.
Lo confirmó Rocío Ramírez Domínguez, de Ayotzinapa de Tlapa, que estando embarazada trabajó hasta los dolores de parto en el surco.
“Incapacidad. No sabemos qué significa eso. No nos dicen qué es. Sí trabajé hasta que sentí dolores, como mujeres hacemos el trabajo la triple jornada, mucho desgaste y sufrimiento”.
Asimismo, Hermelinda Santiago Ríos, originaria de Francisco I Madero, en Cochoapa el Grande, indígena me’phaa. Tiene 34 años y ha sido jornalera desde los 8. Señaló la discriminación en el trabajo como en los hospitales, “por no pertenecer ahí, a donde vamos”.
Conasami ya estudia proyecto, dicen
Ahí, la directora de Análisis Macroeconómico de la Conasami, Cinthia Márquez, explicó los criterios y lineamientos que se consideran para el desarrollo del proyecto de fijación de salarios mínimos para personas jornaleras agrícolas en el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo artículo 280 bis.
La Consultora de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Itzel Palestina, habló del proyecto Cerrando Brechas Protección Social para las Mujeres Jornaleras en México de la FAO y ONU Mujeres.
Dijo que se propone el diseño de políticas para asegurar disponibilidad de datos desagregados de las personas jornaleras agrícolas, de lo contrario es difícil conocer las necesidades específicas y diferenciadas de la población jornalera.
A partir de ésos, confirmó que se necesita localizar también la formalización del trabajo y que se priorice el sistema de seguridad social como el IMSS, y realizarlo en coordinación con población jornalera, empleadores y organizaciones sociales.
Además, de diseñar e implementar programas sociales que tengan pertinencia cultural dado condiciones intercultural de la población y poner énfasis en la perspectiva de género.
Dijo que desde la FAO se hacen llamados a las personas empleadoras que participan en cadenas de valor agroalimentaria, “ya que tienen un papel fundamental para estos sistemas de protección social, de ellos depende en gran medida el acceso a salarios dignos”.
Además Abel Barrera Hernández, en nombre de la Red Nacional de Jornaleros, llamó a instituciones encargadas de atender a la población del campo a incluirlos en los programas sociales.
Aseguró que muy poca población migrante está en los programas federales porque cuando el personal acude a censar, no los encuentran en sus domicilios y se quedan fuera.
“Están excluidos de las escuelas, de los programas sociales y de un salario digno profesional”, reprochó.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Carmen González-Archivo
