Humberto Musacchio
La cruzada cuatroteísta para apoderarse del INE cobra tintes de disputa callejera, pleito de lavadero o riña de cantina donde están ausentes los principios republicanos y el trato civilizado de las discrepancias. Es inaceptable que el presidente de la República, desde la improvisada tribuna mañanera que pagamos los contribuyentes, despliegue una larga campaña contra la institución electoral por la que durante décadas luchamos los ciudadanos y colme de descalificaciones a dos funcionarios públicos, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes están próximos a dejar sus cargos.
Pero si los insultos y la difamación resultan inaceptables y degradantes cuando vienen de arriba, no es menos condenabe que los opositores caigan en el mismo juego y, como el grupo protofascista Frena, le griten al jefe de Estado: “AMLO lárgate ya”. Como puede verse, la ruptura de la institucionalidad posee dos caras.
Por supuesto, el Instituto Nacional Electoral tiene, desde su nacimiento, defectos inaceptables pero corregibles. Sin embargo, lejos de convocar a todas las fuerzas políticas –a todas– para mejorar el funcionamiento del árbitro comicial, como ocurrió en reformas anteriores, el gobierno y su partido, por sí y ante sí, decidieron demoler lo construido.
En la creación y las anteriores reformas del INE todas las fuerzas políticas han tenido una gran responsabilidad, pues fueron ellas las que moldearon lo que es ahora la autoridad electoral. Los altísimos sueldos, la legión de asesores, las escandalosas prestaciones, los gastos desmedidos y no justificados o las prerrogativas de los partidos, aspectos todos que deben analizarse, recortarse y si es el caso impedirse, como ha de hacerse con todo exceso burocrático que resulte socialmente lesivo.
Pero al responsabilizar a los consejeros electorales, el gobierno y su partido olvidan que ante el despótico monopolio priista, la izquierda, la derecha y el centro que entonces eran oposición, participaron en las cuatro grandes reformas de nuestro régimen electoral y, como en toda negociación, unos y otros debieron ceder en diversos puntos para garantizar el derecho al voto y elecciones donde no fuera el gobierno quien tuviera la última palabra y frecuentemente la única.
Hoy, desde el poder y a diferencia de otras reformas electorales, sin negociación ni acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas, el gobierno y su partido pretenden imponer el Plan B para apoderarse del aparato electoral, reducir su presupuesto para dejarlo en la impotencia para que mapaches y otras especies depredadoras actúen a su antojo, pues eso implica el desprecio de la preparación, la experiencia y los saberes adquiridos; el conocimiento de la legislación, la capacidad ejecutiva y el funcionamiento democrático.
Los funcionarios electorales no son seres apolíticos ni ajenos a las pasiones que suscita la vida pública. Son personas que, como todas –valga recordarlo– tienen puntos de vista propio, distinto origen social, formación académica diversa, gran variedad de formas para abordar la realidad y, desde luego, experiencias, convicciones, simpatías y antipatías muy personales.
Sí, todo eso existe y ha existido en el INE y antes en el IFE como existe en la sociedad. De ahí la conveniencia de respetar la pluralidad entre los consejeros, pero que todos, pese a sus explicables diferencias, se ciñan a lo que dispone la ley y así evitar casos como el de 2012, cuando los consejeros del entonces IFE y los magistrados del Trife permitieron al PRI y a los poderes fácticos muchas y muy ostentosas violaciones del orden legal.
Pero hoy es otro el panorama. El llamado Plan B tiene todas las características de un proyecto restaurador, con un PRI de otro color. Por supuesto, no se descarta que todo sea un recurso más para distraer a la ciudadanía de la incompetencia gubernamental, de la violencia desbordada, la miseria en aumento, la carestía, el desempleo, la destrucción del sistema de salud, las grandes obras que se echaron andar sin un proyecto digno de ese nombre y lo que se acumule esta semana. Puede ser, pero en tales condiciones no es recomendable jugar con fuego, lo que es altamente peligroso cuando el país entero puede incendiarse.
