En una reunión de análisis este domingo en la capital, señalan que la iniciativa del gobierno federal limita su libre autodeterminación y autonomía, el acceso y control de su territorio, omite un porcentaje del presupuesto para las comunidades y deja a discreción de los usos y costumbres los derechos de las mujeres. El tiempo para su análisis ha sido limitado, critican
Chilpancingo, Guerrero, 25 de agosto de 2026. Organizaciones y activistas plantearon reponer el proceso de consulta nacional sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, o bien, prorrogar los plazos para garantizar la consulta libre, previa e informada, culturalmente adecuada y eliminar los artículos que ponen en riesgo sus derechos.
Denunciaron que la propuesta que impulsa la federación limita la libre autodeterminación y autonomía, el acceso y control del territorio, omite un porcentaje del presupuesto para los pueblos originarios y deja a discreción de los usos y costumbres los derechos de las mujeres, que no son negociables, entre otros puntos.
Alrededor de 60 activistas indígenas de la Montaña, Costa Chica y región Norte participaron este domingo en una reunión de Análisis de la propuesta de Ley general de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en un hotel al norte de la ciudad.
Después de las mesas de trabajo, el líder de pueblos del Alto Balsas, Carlos de Jesús Alejandro, denunció que la metodología de la consulta es limitada en tiempo, territorios y espacios.
Como ejemplo, señaló que en esa reunión de activistas y organizaciones, durante todo el día no hubo tiempo suficiente para revisar los ocho libros de la propuesta con más de 400 artículos que el gobierno federal pretende deliberar en dos días en todo Guerrero.
Añadió que a partir de este ejercicio los participantes van a formular un posicionamiento político que llevarán a asambleas consultivas en el estado, programadas para el 28 y 29 de agosto.
En su posicionamiento, señalaron lo que consideran insuficiente y violatorio de la propuesta de ley que pone en riesgo sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos, y las limitaciones que los remiten a otros lineamientos jurídicos.
“Se nota que se requiere de un proceso de mayor tiempo, de mayor alcance y de reconocer mejor los derechos como pueblos indígenas, acorde con un marco jurídico que ya existe, que es el convenio 169, y la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas”.
Señaló que la federación no consultó a los pueblos indígenas la integración del comité de expertos que formuló la propuesta de ley, integración que “palomeó” un Consejo Nacional Indígena, conformado por actores invitados del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Del contenido violatorio a los derechos de los pueblos, indicó que la propuesta dice que el Estado Mexicano tendrá la última palabra en los proyectos estratégicos en los territorios comunitarios, y limita la autonomía y libre determinación.
Aclaró que “el Estado Mexicano se creó hace 200 años, nosotros somos pueblos ancestrales. Entonces, ¿porqué nuestros derechos tienen que estar reconocidos por el Estado? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no nos reconocen plenamente y adecua el Estado su legislación a nuestros derechos ancestrales? Somos los primeros dueños de nuestras tierras y territorios”.
Ejercen derechos ancestrales: Felicitas Martínez
Como representante de la Red de abogadas Indígenas Capítulo Guerrero, la ex consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Felicitas Martínez Solano, sobre la propuesta de Ley de los pueblos originarios, advirtió que ni siquiera contempla un capítulo para las mujeres. Sólo menciona en la recomendación general 39 los usos y costumbres para resolver las infracciones en que incurran las mujeres. “Si el comisario es hombre, derechito voy a ir a la cárcel”.
Subrayó que la mayoría de los comisarios son hombres, y el hecho de tener una mujer en presidencia y una gobernadora en Guerrero no resuelven el acceso a la justicia de las mujeres en las comunidades.
Martínez Solano aclaró que las mujeres quieren participar en esta consulta, siempre y cuando sea pertinente y adecuada, de acuerdo a la definición que diseñaron en la ONU los pueblos indígenas del mundo.
La activistas trans afromexicana, Jimena Jiménez, denunció la discriminación en la salud a los pueblos originarios que no tienen en sus territorios hospitales de tercer nivel.
Señaló que apenas hace 70 años la población afromexicana comenzó a hablar de sus derechos, y desde entonces están luchando contra la discriminación histórica, que con mayor crudeza enfrentan las personas de la diversidad sexual sin instituciones que las representen.
Intervenciones
El abogado indígena de Acatepec, Bautista Remigio Enrique, indicó que en este análisis la Mesa 3 planteó que se reponga o se amplíe mínimo seis meses o hasta dos años la consulta, no importa que ya esté desfasada. Recordó que propuestas como ley secundaria del artículo segundo constitucional lleva dos años de retraso.
El presidente del Instituto de Traductores e Intérpretes en Lenguas Indígenas en el Estado de Guerrero, Juan Carlos Rebaja, señaló que el artículo 438, fracción primera de la propuesta, limita el acceso jurisdiccional a los pueblos y comunidades indígenas.
Explicó que así como presentan el texto se necesitaría un porcentaje de personas para tener acceso a un juicio de amparo, lo cual violenta su derecho de acceso a la justicia sobre las demarcaciones territoriales y de competencia.
Añadió que la propuesta tampoco contempla a la comunidad, como cuarto poder, en las estructuras de gobierno.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Leonel Cázarez García, advirtió que la iniciativa no plantea recursos específicos para garantizar los derechos, no obstante que la constitución señala que habrá asignación directa de presupuesto para los pueblos originarios.
“Si no está indicado un porcentaje en la ley los derechos no se van a materializar, y en ese caso, tampoco se consolida el sistema normativo indígena” .
Alto a la criminalización de la partería tradicional
La Coordinadora de la Casa de Mujeres Indígenas (Cami) Manos Unidas, con sede en Ometepec, Valeriana Nicolás Benito, señaló en una de las mesas de trabajo que funcionarios de salud amenazan a las parteras tradicionales con posibles demandas penales en situaciones de mala praxis, actitudes que implican la posible criminalización de su labor
Aclaró que no es un problema reciente sino permanece a los largo de diferentes gobiernos y es uno de los factores por los que las parteras han abandonado este oficio.
Denunció que ahora tratan de controlarlas a través de un registro nacional de partería presuntamente voluntario, pero no explican qué va a pasar con quienes no se inscriban.
Indicó que las parteras no confían en este mecanismo porque su labor ya no se registra. Los nacimientos que acompañan se integran directamente a la estadística oficial de los hospitales y centros de salud; cuando van a validar las constancias de alumbramiento que ellas acompañaron.
Aseguró que no quedan antecedentes de su trabajo desde que van a los hospitales por los formatos de las actas de alumbramientos, y después las devuelven con los datos de parto. “De alguna manera invisibilizan el trabajo de la partería tradicional”.
Propuso abrir un espacio para parteras tradicionales y su relación con el sector salud para definir la política pública.
Informó que en Chiapas ya se realizó un diálogo para que las parteras expidan a través de una asociación de parteras, para que sean ellas las proporcionen las constancias de alumbramiento, con pase pase directo al Registro Civil.
Destacó que en la mesa, informaron que en algunos municipios de la Montaña Guerrero las parteras sí reciben el formato de las constancias de alumbramiento del sector salud, pero ya no las validan en un hospital; se pueden llevar directamente al Registro civil para la inscripción del nacimiento.
Estuvieron como invitados el representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, y asesores de la Cámara de Diputados.
Lourdes Chávez/ Foto: Jessica Torres Barrera
